El ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, se pronunció sobre la polémica generada tras conocerse que un grupo de influencers afines al presidente Gustavo Petro fue transportado a Barranquilla en una aeronave de la Policía Nacional. La situación ha sido objeto de escrutinio por parte de la Contraloría General de la República, que abrió requerimientos oficiales para esclarecer posibles irregularidades.
En declaraciones a Blu Radio, el ministro Sánchez aseguró que el uso de la aeronave fue autorizado dentro del marco de un convenio interadministrativo vigente entre el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, que permite este tipo de operaciones. “El Ministerio del Interior solicitó el traslado de 30 personas para cumplir una función propia de su cartera, y la Policía Nacional, como parte del sector Defensa, atendió esa solicitud conforme al protocolo”, explicó Sánchez. Añadió que los detalles sobre la identidad y la finalidad de los pasajeros deben ser aclarados por el Ministerio del Interior.
Paralelamente, la Contraloría General solicitó explicaciones a la Armada Nacional, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior, dentro de una investigación más amplia. A la Armada se le pidió información sobre al menos diez contratos firmados entre 2020 y 2025, relacionados con servicios de mantenimiento, aseo, videovigilancia y otros, los cuales habrían sido objeto de investigaciones de la Fiscalía.
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En cuanto a la aeronave utilizada para el transporte de los influencers, la Contraloría busca establecer la titularidad del avión, su uso misional, los costos del vuelo y la normativa que ampara dicha operación. Además, se solicitó al Ministerio del Interior precisar si existe algún convenio que autorice el uso de recursos públicos en este tipo de traslados y quién asumió los costos.
Otro punto crítico en la investigación es el contrato presuntamente firmado con RTVC por un valor cercano a los $88.000 millones, cuyo objeto sería la realización de eventos institucionales. La Contraloría pidió los documentos contractuales, soportes financieros, cronogramas y los nombres de los responsables del proceso.
Por ahora, las investigaciones continúan mientras crecen las críticas sobre el uso de bienes públicos para actividades que podrían tener un tinte político o proselitista, y se espera que las entidades implicadas entreguen los soportes requeridos en los próximos días.
