El paro arrocero que comenzó hace varios días en las regiones productoras del país continúa sin visos de solución, con bloqueos activos en al menos ocho departamentos clave para la economía agrícola nacional. En medio de esta tensión creciente, voceros del sector arrocero denunciaron que la resolución emitida recientemente por el Ministerio de Agricultura presenta vacíos técnicos y jurídicos que podrían agravar la crisis.
Carlos Arturo Rojas, gerente de Usocoello y líder del movimiento arrocero, expresó en entrevista con Kienyke.com su preocupación ante lo que considera una norma incompleta que no protege adecuadamente a los productores. “Consideramos que la resolución tiene unos vacíos jurídicos y también tiene unos vacíos de orden técnico”, declaró Rojas en entrevista con medios regionales.
Bloqueos y afectaciones viales
Hasta este martes, los bloqueos persisten en zonas estratégicas como Saldaña, Gualanday y la intersección Chicoral–Bogotá–Ibagué (Tolima), así como en Campoalegre y Tesalia (Huila).
En la costa Caribe, hay cierres activos en Lorica, Tierra Alta y La Mojana. También se reportan puntos de bloqueo en Casanare, Arauca y Cesar, donde los cierres intermitentes están afectando gravemente la movilidad interregional y el comercio de alimentos.
“El molinero puede colocar cualquier traba”
Uno de los principales reclamos técnicos de los arroceros tiene que ver con la falta de criterios claros sobre la calidad del arroz que debe ser entregado. “La resolución no está mostrando en la venta la calidad con que el agricultor debe entregar el arroz, las impurezas y la humedad. Eso debe quedar ahí porque, si no, el molinero puede colocar cualquier tipo de trabas en la compra y aplicar una tabla durísima para los agricultores”, explicó Rojas.
Los líderes insisten en que se debe incluir una tabla oficial de calidad en la entrega, para evitar abusos por parte de los industriales. “Debe tener una tabla de calidad del arroz en la entrega”, reiteró.
Sistema de pago desfavorable
Otro de los puntos críticos es el modelo de pago. Según Rojas, la resolución no establece de manera clara ni justa los plazos ni los porcentajes de pago que deben aplicar los industriales al momento de comprar el grano.
“Antes pagaban el 25% a los 8 días. Ahora solo pagan el 15%, y el otro 85% lo pagan a los 45 o 50 días”, explicó. Esta modalidad, en su concepto, es “nociva para los agricultores” porque los obliga a financiar, prácticamente sin respaldo, la operación de los molinos.
Vacíos jurídicos e incertidumbre institucional
En el plano legal, Rojas alertó sobre la falta de articulación con otras entidades del Estado. “Los vacíos jurídicos consisten en unos elementos que habla la resolución y que dependen del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y no están tampoco”, advirtió. Esta omisión podría dejar a los agricultores en una posición de indefensión ante disputas comerciales.
Además, el líder arrocero puso en duda la capacidad de los industriales para acatar la medida. “Nosotros hemos considerado que no lo va a hacer, porque se va a imposibilitar hacerlo. Él dice: yo no puedo pagar a ese precio, no le compro mejor”, afirmó, señalando el riesgo de que el mercado se paralice si los molinos se abstienen de comprar.
Sin mesa de diálogo a la vista
Pese a la gravedad del panorama, el Gobierno Nacional no ha convocado aún a una mesa de diálogo formal con los representantes del paro. Los líderes del sector insisten en que, para cualquier negociación, será indispensable la participación del Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Ambiente, la Superintendencia de Industria y Comercio y representantes de la industria molinera.
“Si el industrial dice no compro, ¿a quién le vendemos el arroz?”, se preguntó Rojas, advirtiendo que sin garantías claras y un canal de diálogo abierto, el paro podría intensificarse en los próximos días.
Mientras las restricciones viales continúan afectando el abastecimiento de productos agrícolas y el transporte de carga, el paro arrocero se consolida como una de las mayores crisis del sector rural en lo que va del año. Los agricultores exigen respuestas inmediatas, pero el Ejecutivo aún guarda silencio.
“El problema es que si no hay una resolución clara, y no hay quién compre, el agricultor se quiebra”, concluyó Rojas.
