Según la delegada del ente acusador, una alerta temprana emitida por la Sección de Análisis Criminal del CTI en Bogotá sugiere que personas involucradas estarían intentando silenciar a quienes ya colaboran con la justicia.
El caso ha causado conmoción nacional desde el pasado 7 de junio, cuando Uribe fue víctima de un atentado durante un evento político en el barrio Modelia, occidente de Bogotá. El ataque, perpetrado por un menor de edad de apenas 15 años, dejó al congresista gravemente herido y actualmente permanece en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Santa Fe.
Durante la audiencia revelada por Caracol Radio, la fiscal del caso advirtió que “existen elementos de los que se puede inferir que efectivamente se podrían inducir a los otros coimputados o a testigos para declarar falsamente o para que no declaren en este caso”, lo que representa un riesgo claro de obstrucción a la justicia.
Los testigos en peligro
Los nombres que hoy generan mayor preocupación son los de Katerine Andrea Martínez, alias ‘Gabriela’, de 19 años, y Carlos Eduardo Mora. Ambos están privados de la libertad en el búnker de la Fiscalía y figuran entre los primeros capturados tras el atentado. Su testimonio resulta clave para esclarecer los hechos y determinar la cadena de responsabilidades detrás del intento de asesinato.
Alias ‘Gabriela’ relató que conoció a alias ‘el Costeño’, presunto autor intelectual del crimen, años atrás. Según su testimonio, era utilizada para “llevar encargos” bajo promesas de que no correría riesgos. En el caso puntual del atentado, reveló que se le ofreció una suma de dinero dependiendo del resultado del ataque: “si (Miguel Uribe) moría, me pagaban diez millones. Si no se moría, me daban 600 o 700 mil pesos”.
De acuerdo con la investigación, ‘Gabriela’ también habría sido quien consiguió el arma utilizada por el menor y fue pieza clave en la captación del adolescente que ejecutó el ataque.
Por su parte, Carlos Eduardo Mora habría tenido un papel central en la logística del crimen. Según el expediente, dos días antes del atentado realizó un reconocimiento del lugar del evento. Luego, participó en la coordinación de los movimientos previos y el día del ataque estuvo en el vehículo desde el cual se le entregó el arma al menor y se facilitó el cambio de ropa para su posterior huida.
Justicia bajo amenaza
Las autoridades temen que se estén realizando maniobras desde dentro o fuera del proceso para evitar que estos testigos continúen colaborando. Esto podría entorpecer significativamente el avance del caso y pone en entredicho la seguridad del sistema judicial.
La Fiscalía ya tomó medidas de protección adicionales para resguardar la integridad de los detenidos que han declarado. No obstante, la alerta sigue vigente y el país observa con atención cada paso de esta delicada investigación.
El atentado contra Miguel Uribe no solo ha sacudido el escenario político nacional, sino que también ha puesto de nuevo en evidencia los peligros que enfrentan los testigos en casos de alto perfil.
