El presidente Gustavo Petro calificó como “ilegal” el allanamiento que la magistrada Cristina Lombana, de la Corte Suprema de Justicia, ordenó en contra de una de las viviendas del ministro del Interior, Armando Benedetti, en Puerto Colombia, Atlántico.
Según el mandatario, la acción judicial “se transforma en el secuestro de una familia”, al haber sido dirigida —dijo— por una magistrada “víctima de su propio odio”.
El procedimiento se realizó en la mañana del 11 de noviembre, con la presencia de agentes del CTI de la Fiscalía, y ha desatado una nueva controversia entre el Gobierno y sectores del poder judicial.
Las denuncias del ministro Benedetti
En redes sociales, el ministro Benedetti denunció que la magistrada Lombana “ingresó con 30 hombres fuertemente armados” a su residencia, donde —según afirmó— se habrían cometido abusos durante la diligencia.
“Retuvieron ilegalmente a los empleados, le quitaron el celular a mi esposa y a mi esquema de seguridad, y entraron a su teléfono. Todo lo que estoy diciendo es muy grave”, escribió el funcionario en su cuenta de X.
Benedetti aseguró además que, pese al despliegue judicial, “no se llevaron nada y no encontraron absolutamente nada”, insistiendo en que la acción carecía de fundamento y respondía a una “persecución personal”.
“Ella no puede investigar porque yo ya no soy senador, ni tampoco mi patrimonio porque está recusada dos veces. Se demostró que tiene intereses y ahora le da información al FBI para hacerme montajes”, afirmó.
El ministro agregó que sospecha que en su vivienda fueron instalados micrófonos ocultos durante el operativo, lo que, según dijo, sería una violación grave de su privacidad y de la de su familia.
“Lombana está actuando fuera de la ley”: Benedetti
Visiblemente alterado durante el allanamiento, Benedetti se refirió a la magistrada en duros términos, acusándola de actuar sin competencia ni imparcialidad.
“Tengo una magistrada, la señora Cristina Lombana, que está loca, demente y es una delincuente hasta mandar allanar hoy mi casa”, dijo ante los medios de comunicación.
El funcionario argumentó que el procedimiento judicial es inválido porque perdió su condición de congresista en 2022, por lo que la Corte Suprema de Justicia ya no tendría jurisdicción para investigarlo.
“Yo fui senador hasta 2022. Ella me trata como si fuera congresista y me investiga por hechos de 2023, 2024 y 2025. Eso es prevaricato”, aseguró.
Benedetti también señaló que Lombana lo ha investigado durante siete años y que ha extendido su persecución hacia miembros de su familia. “Esto no es justicia, es una vendetta personal”, sostuvo.
La respuesta del presidente Petro
El presidente Gustavo Petro reaccionó pocas horas después de conocerse el operativo judicial, defendiendo al ministro y cuestionando directamente el accionar de la magistrada.
“Una acción judicial que se transforma en el secuestro de una familia es producida por una magistrada de la Corte Suprema víctima de su propio odio”, publicó el mandatario en X.
Petro insistió en que el allanamiento constituye un abuso de poder y que el caso debe ser revisado por las autoridades competentes.
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“El allanamiento a la casa del ministro Benedetti carece de toda legalidad. No se puede permitir que se usen las instituciones judiciales para perseguir políticamente”, afirmó el jefe de Estado.
Tensión entre el Ejecutivo y el poder judicial
El caso ha reavivado la tensión entre el Gobierno y la justicia, especialmente por los señalamientos directos del presidente hacia una magistrada de la Corte Suprema.
Fuentes del alto tribunal consultadas por medios nacionales indicaron que Lombana actuó dentro de un proceso en curso por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al ministro, aunque no se han revelado mayores detalles del expediente.
Mientras tanto, la Procuraduría General de la Nación confirmó que abrió una indagación preliminar contra el ministro Benedetti para determinar si vulneró normas disciplinarias por sus declaraciones contra la magistrada Lombana.
Un nuevo capítulo en la confrontación política
La controversia por el allanamiento suma un nuevo capítulo a la relación conflictiva entre el Ejecutivo y sectores del sistema judicial.
En las últimas semanas, Petro ha denunciado supuestos abusos judiciales contra funcionarios y aliados del Gobierno, mientras opositores advierten que el presidente está interfiriendo en procesos judiciales en curso.
El caso Benedetti podría convertirse en un punto de quiebre en esa disputa, en momentos en que el Gobierno intenta sostener su agenda política en medio de un ambiente cada vez más polarizado.
