El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) de Colombia presentó este miércoles 14 de abril la cartilla ‘Diez verdades sobre el megaproyecto del narcotráfico’, en la que asegura que la política antidrogas que plantea el Gobierno de Iván Duque “está condenada al fracaso”, y viola los Acuerdos de Paz firmados entre el Estado y la desmovilizada guerrilla de las FARC.
“La retórica del Gobierno Nacional se ha concentrado principalmente en tres frentes: el retorno de las aspersiones con glifosato, la erradicación forzada terrestre y la política prohibicionista y de persecución a los consumidores de estupefacientes. De acuerdo con la experiencia nacional e internacional de lucha contra las drogas, así como los datos disponibles, ninguno de estos tres frentes ha sido exitoso”, reporta el documento.
Según la investigación, en regiones o zonas del país donde no hay presencia del Estado, a pesar de que se llevaban a cabo las aspersiones, se volvía a cultivar coca rápidamente, lo que evita alcanzar objetivos exitosos de erradicación.
Por su parte, “la erradicación forzada es insostenible a largo plazo. Si bien es eficiente en el corto plazo para presentar resultados de supuesto éxito, la realidad es que produce el llamado “efecto globo”, esto es, el traslado de los cultivos de uso ilícito a otras zonas. Esta consecuencia es previsible, pues junto a la erradicación forzada no se concertan de manera participativa planes de desarrollo alternativo y de acompañamiento a las comunidades”, analiza Cajar.
Además, la cartilla afirma que el acuerdo de paz, firmado entre el Estado colombiano (representado por el entonces presidente Juan Manuel Santos) y la extinta guerrilla de las FARC, prioriza la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos por encima de la erradicación forzada, por lo que el Gobierno actual estaría “desmantelando el punto 4 de los Acuerdos”.
El Colectivo argumenta que “con el Acuerdo Final de Paz, la solución definitiva al problema de los cultivos de uso ilícito pasa por la necesidad de poner en marcha un nuevo programa que, como parte de la transformación estructural del campo que busca la Reforma Rural Integral (RRI), contribuya a generar condiciones de bienestar y buen vivir para las poblaciones afectadas por esos cultivos”.
En la cartilla Cajar explica que lo anterior no es contrario a la Constitución, ya que “según el artículo transitorio que fue adicionado a la Constitución Política, las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final. En consecuencia, las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado, sus desarrollos normativos, su interpretación y aplicación, deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado”.
El lunes 12 de abril Duque firmó un decreto que regula la aspersión de glifosato para acabar con los cultivos ilícitos en el país. Sin embargo, su activación no es inmediata, ya que falta que el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) evalúe el cumplimiento de los requisitos exigidos por el alto tribunal para que esta práctica se haga efectiva.
Según el Gobierno, la fumigación aérea con el glifosato disminuirá los cultivos de hoja de coca, la producción de cocaína, las altas cifras de masacres y los asesinatos de líderes sociales en el país, y dejará sin financiación a los grupos armados ilegales.
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No obstante, decenas de organizaciones campesinas, étnicas, ambientales y sindicales rechazaron esta decisión.
