Lo que inició como un simple viaje rutinario para Rubén Darío, terminó como uno de los peores días de su vida, según la denuncia presentada a las autoridades y que compartió con KienyKe.com, el pasado 27 de marzo fue interceptado por un par de agentes de la policía en la vía que conecta al municipio de Honda con el municipio de La Dorada.
Según contó Rubén, los uniformados detuvieron su vehículo y al encontrar al interior del mismo, olor a cannabis, iniciaron un interrogatorio, cuestionándolo sobre la naturaleza del olor y si era él quien estaba consumiendo la sustancia mientras conducía, a lo que según responde el denunciante, respondió que no, el olor vendría de unos productos medicinales que si fueron transportados en el automóvil.
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En entrevista realizada por KienyKe.com, Rubén Darío les manifestó a los oficiales que no estaba incurriendo en ninguna falta, ni estaba cometiendo ningún delito, a lo que le respondieron con la frase “entonces como cuadramos” a lo que respondió, “no estoy ni acostumbrado y ni de acuerdo con ese tipo de acuerdos”, según el denunciante, esto hizo que los funcionarios cambiaran su actitud inmediatamente.
Vea acá la entrevista con Rubén Darío, denunciante del caso:
“Los policías me refieren que me tienen que llevar al hospital de Honda a que se me sea realizada una prueba, lo que se me hizo arbitrario y desproporcionado teniendo en cuenta que ellos revisaron todo mi vehículo y en ningún momento encontraron sustancias psicoactivas ni alguna irregularidad con mis documentos o los de mi carro”, manifestó el denunciante.
Entendiendo los riesgos judiciales y legales a los que se podría ver expuesto por no seguir las indicaciones de los policías, el denunciante cuenta que decidió llamar a su abogado para que le realizara una asesoría, además, de que le explicó lo que estaba sucediendo.
Los oficiales le solicitan que se realice una prueba en donde se verificaría las sustancias que se encuentran en el cuerpo del joven, a lo cual se niega, indicando que “no cuento con las garantías suficientes para realizar este procedimiento y estamos en tercer pico de pandemia, yo estoy visitando a mi mamá, a mi abuela, y me van a hacer meter a un sitio de urgencias por una sospecha”, cuenta Rubén.
Cuenta el denunciante que una vez que lo devuelven al punto en donde se realizó el retén, los oficiales deciden imponerle una multa, en primera instancia no le indican por qué razón será puesto el comparendo, ni le indican el valor del mismo, contrario a eso, sí le indican que su vehículo será inmovilizado.
Ante esto inició un forcejeo entre los oficiales y el denunciante, quien recibió una serie de golpes y moretones en todo su cuerpo debido al ataque de los funcionarios, según Rubén, se dirigió dos horas caminando tras el altercado e intentó contactar con los médicos que revisarían su estado, que habían sido ofrecidos por la policía, pero una vez en el lugar le indicaron que no estaban.
Por lo cual, cuenta que debió remitirse a un profesional externo, el cual revisó las lesiones personales y además constato su estado mental, todo esto como una herramienta para comprobar frente a un juez de la República la mala acción, según él, de los funcionarios.
Fue unos días después que Rubén se enteró tras indagaciones realizadas por el mismo frente a secretarias de movilidad que su licencia fue cancelada, por lo cual no podría volver a manejar, además, el comparendo impuesto por los oficiales sería por un total de 42 millones de pesos colombianos.
Debido a este caso, se presentó la respectiva denuncia ante la Fiscalía, además de imputar el comparendo al cual fue expuesto. Este caso ya es revisado por un juzgado quien tendrá la decisión de aceptar o rechazar las medidas tomadas por los policías que presuntamente habrían estado implicados en un nuevo caso de abuso de autoridad en el país.
