El Registrador Nacional, Hernán Penagos, advirtió que los principales riesgos para las elecciones de 2026 no provienen de la organización técnica del proceso, sino de factores externos que golpean la confianza ciudadana y afectan la salud de la democracia. Entre ellos destacó la desinformación, la inseguridad en territorios, la presencia de dinero ilegal y la baja confianza institucional.
Según explicó, el debate no puede centrarse únicamente en si la Registraduría “garantiza elecciones”, sino en cómo se protege el sistema democrático en un contexto de creciente polarización y circulación masiva de información falsa. “Los problemas no golpean solo a la Registraduría: golpean a la democracia”, señaló.
Un diagnóstico sobre la salud de la democracia
El Registrador planteó que la preocupación es más amplia que un calendario electoral. El foco está en la salud democrática, tanto en Colombia como en la región, donde diversos países muestran signos de desconfianza institucional, tensiones políticas y retrocesos en participación ciudadana.
Entre los elementos mencionados están:
- La necesidad de autoridades electorales independientes.
- Reglas claras que fortalezcan la legitimidad de los procesos.
- Un entorno en el que la Registraduría pueda operar de manera autónoma.
- Una ciudadanía que exprese mayor confianza en las instituciones.
El funcionario señaló un dato preocupante: una proporción significativa de colombianos expresa simpatía por alternativas autoritarias, cerca del 20% de las juventudes, lo que refleja un deterioro en la valoración pública de la democracia. Este clima, dijo, incide directamente en cómo se perciben las elecciones.
Riesgos externos que impactan los procesos electorales
El Registrador enfatizó que muchos de los problemas que afectan los comicios son ajenos a la organización electoral, pero repercuten sobre ella. Entre ellos mencionó:
- Inseguridad en regiones donde existen presiones de grupos armados.
- Dinero ilegal que puede influir en campañas o estructuras políticas locales.
- Patrones de participación política condicionada por factores territoriales.
Aunque estos fenómenos no son responsabilidad directa de la Registraduría, sí inciden en la percepción de transparencia y en la libertad del voto.
La desinformación: de un rumor local a un riesgo nacional
Uno de los ejemplos citados durante la reunión fue el caso reciente de un municipio del Cesar, donde una noticia falsa difundida por WhatsApp desencadenó la agresión contra tres mujeres, señaladas erróneamente a partir de un mensaje manipulado. Ese episodio, explicó el Registrador, ilustra la capacidad de un contenido falso para generar daños reales en comunidades pequeñas.
El temor es que fenómenos similares puedan trasladarse al ámbito electoral nacional, afectando decisiones de votantes o incentivando conflictos en territorios sensibles. “No existe la mejor herramienta estatal para frenarlo: todos debemos participar en combatirlo”, afirmó.
Una tarea compartida: proteger el voto y la confianza
El Registrador insistió en que el objetivo de su gestión no se limita a garantizar que haya elecciones, sino a asegurar que estas se desarrollen bajo condiciones que respeten la libertad del votante. Señaló que la protección del proceso electoral requiere colaboración entre instituciones, medios, ciudadanía y actores políticos.
“En Colombia no entendemos la democracia como gobierno de unos, sino de todos”, dijo. En esa línea, subrayó que la defensa del sistema no depende solo de medidas técnicas, sino de la capacidad de la sociedad para responder a la desinformación, reducir la conflictividad y fortalecer la confianza en las instituciones.
