Después de que la Corte Constitucional decidiera que la EPS Sanitas debía volver a manos del Grupo Keralty, la Superintendencia Nacional de Salud no se quedó de brazos cruzados.
El pasado 28 de julio, presentó dos recursos legales para intentar frenar esa orden: una solicitud de aclaración y un incidente de nulidad. ¿Qué significa esto? Básicamente, Supersalud le está diciendo a la Corte que no está de acuerdo con el fallo y que cree que hubo errores en el proceso.
Para entenderlo más fácil: en abril de 2024, el Gobierno tomó el control de Sanitas diciendo que no estaba cumpliendo bien con la atención a los usuarios. Pero los dueños de Sanitas dijeron que eso fue injusto, que nunca los escucharon y que los problemas venían más por falta de plata del Estado que por mala gestión. La Corte les dio la razón en junio de este año, y dijo que esa intervención no cumplió con las reglas del debido proceso.
Lea también: ¿Qué ocurrirá con los usuarios de Sanitas tras fallo de la Corte?
Lo que hace ahora Supersalud es tratar de evitar que la Corte obligue a devolver ya mismo el control de la EPS. Con esos recursos legales está pidiendo que se revise bien si se respetaron o no sus derechos como entidad del Estado y que se aclare qué debe pasar exactamente tras la sentencia.
Mientras tanto, Sanitas sigue intervenida. Y aunque el fallo dice que la intervención se cae, eso no se puede ejecutar todavía hasta que la Corte se pronuncie sobre los nuevos recursos. En otras palabras, el balón sigue en la cancha de los magistrados.
Este caso no solo tiene en juego a una de las EPS más grandes del país, que atiende a más de 5 millones de personas, sino que también marca un precedente para otras intervenciones que ha hecho el Gobierno. Y, de fondo, hay un debate enorme: ¿hasta dónde puede llegar el Estado cuando cree que una EPS está fallando, y cómo se garantiza que actúe con justicia?
