Después de un año y ocho meses de investigación, la Fiscalía acaba de solicitar una audiencia de imputación de cargos contra el ex funcionario, por los delitos de celebración de contratos sin requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros por el caso de los subsidios del controvertido programa Agro Ingreso Seguro. El ente acusador pedirá en esa misma audiencia, que está por definirse, medida de aseguramiento.

Andrés Felipe ha dicho hasta el cansancio que no cometió delito alguno. Sin embargo, la justicia piensa lo contrario. Su viceministro, Juan Camilo Salazar, y su secretario general, Juan David Ortega, se encuentran en la cárcel acusados de participar en la mayor defraudación del agro colombiano.

Una de las declaraciones que tiene contra las cuerdas al ex ministro Arias es la del abogado Julián Alfredo Gómez Díaz, ex director del Programa Agro Ingreso Seguro, quien le ha dicho a la Fiscalía y a la Procuraduría su verdad sobre lo ocurrido. En uno de sus testimonios dejó entrever que el fraccionamiento de tierras sí era de conocimiento de los altos funcionarios del Ministerio. “De lo que recuerdo en dichas verificaciones, se advirtió que algunos proyectos que estaban en ejecución beneficiaban a un mismo predio, y en algunos casos la forma en que dichos proyectos habían sido diseñados podía llevar a pensar que se trataba de una misma infraestructura”, dijo en sus declaraciones (ver artículo La declaración que enreda a Andrés Felipe Arias ).

En los próximos días se decidirá la suerte del ex ministro quien, de paso, tuvo que abandonar la decanatura de la Facultad de Economía de la Universidad Católica, ante las constantes presiones de estudiantes de la Facultad de Derecho, quienes se quejaron ante el Comité Directivo por el escándalo que lo rodea desde octubre de 2009.