El Gobierno y las Farc anunciaron en un comunicado conjunto desde Cuba que habían “llegado a un acuerdo sobre el primer punto de la Agenda”, un logro que han denominado “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma rural integral”.
Sin dar muchos detalles sobre lo pactado a puerta cerrada, los voceros reconocieron que entre los puntos contenidos se encuentra una evaluación al acceso y uso de la tierra en Colombia, la formalización de la propiedad, la definición de zonas de reserva campesina, programas de desarrollo social e inversión en infraestructura para el campo, y estímulos para la producción agropecuaria.
“Lo que hemos convenido en este acuerdo será el inicio de trasformaciones radicales de la realidad rural y agraria de Colombia con equidad y democracia”, señalaron las partes.
Además en el mismo pronunciamiento se destaca el tema de restitución de tierras. “El acuerdo busca que se reviertan los efectos del conflicto y que se restituya a las víctimas del despojo y del desplazamiento forzado”.
A esto se suma el anuncio de una reforma para “delimitar la frontera agrícola, protegiendo las áreas de especial interés ambiental”, tema que abona a una de las exigencias de sectores que piden al Gobierno control sobre la explotación minera. Este, además, es uno de los principio de lucha del ELN, grupo guerrillero que podría estar en acercamientos con el Gobierno para sumarse a un proceso de diálogos de paz.
Para evitar compromisos, y al saber que alías Iván Márquez dijo que existen “salvedades” en los hasta ahora acordado, los negociadores explicaron que existe un principio en su mesa de negociaciones: "Nada está acordado hasta que todo esté acordado". Lo cierto es que desde ya hay expectativa nacional por las implicaciones de una “reforma rural integral”, que de entrada sugiere cambios estructurales, algo rechazado por la mayoría de los grandes gremios agropecuarios.
Pero en las pequeñas y medianas asociaciones campesinas hay predicciones positivas al respecto. Luis Alejandro Jiménez, presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), dijo a KienyKe que este acuerdo inicial “recoge varias de las propuestas hechas por nuestra organización desde hace años, e inclusive con más amplitud”. Jiménez explica que inicialmente se había hablado de una “reforma agraria” pero que ahora, anunciada como “reforma rural integral”, sugiere cambios en aspectos del universo campesino. “Ya no solo se centrarán en asuntos de predios, productividad o asistencia técnica, sino que implicará todo lo relacionado con economía campesina, servicios sociales, la gente del campo, no solo lo relacionado con lo económico, sino lo humano”.
El directivo de la ANUC insistió que, sin conocer detalles del acuerdo, sabe que hay énfasis en la economía campesina. “El documento deja ver que (la reforma) estará centrada en las personas sin tierra, los campesinos. Eso nos daría esperanza de una salida grande e integral”.
"Se debe devolver al campesino la tierra arrebatada, y el Gobierno debe garantizarle a las familias la seguridad y las condiciones para hacer productivo el terreno restituido". Luis Jiménez, presidente ANUC.
Sobre el proceso de restitución, Jiménez dijo que la devolución de tierras es un ejercicio de responsabilidad compartida entre los despojadores y el Estado, que garantice la seguridad y opciones productivas para quienes regresen al campo. “La restitución es responsabilidad de quienes nos han despojado: la guerrilla, los paramilitares, el narcotráfico y en algunos casos el Estado mismo. Todos esos actores deben devolver a los campesinos la tierra arrebatada por la fuerza, y el Gobierno debe garantizarles a las familias la seguridad, la integridad de su vida y las condiciones para aprovecharla. El solo hecho de devolverle la tierra a los campesinos no resuelve nada; la restitución debe ir acompañada de procesos productivos”.
“Es urgente una política pública”
El director de la Asociación para el Desarrollo Campesino, José Vicente Revelo, manifestó a KienyKe que lo ambicioso del proyecto le genera “cierto escepticismo frente a su real cumplimiento”. “Los acuerdos requerirían de una urgente política pública para desarrollarlo. Es muy ambicioso hablar de reforma rural, porque implicaría todos los aspectos de la vida campesina. Cualquier política deberá afectar directamente la forma de vida de los campesinos, indígenas, raizales y comunidades afrodescendientes”.
La Asociación para el Desarrollo Campesino tiene influencia en sectores agropecuarios del suroccidente del país, especialmente en Nariño, departamento muy golpeado por la violencia y el imperio armado de las Farc. “Además de garantizar una restitución segura, tendrán que tratar un problema como la aplicación de la fr0ntera agrícola para cultivos ilícitos y otros proyectos de gran envergadura como cultivos de palma por multinacionales. Muchos campesinos e indígenas han quedado sin la posibilidad de ser autónomos al decidir qué cultivar, sino que se tienen que someter a eso”, alertó.
Sobre el mismo asunto, el director de la ANUC estimó que las tierras usadas para cultivos ilícitos deben ser devueltas a los campesinos, y sobre ellas realizar una vigilancia permanente para confirmar que se dediquen a la productividad legal.
Finalmente, Jiménez pidió cautela en no emocionarse con lo hasta ahora alcanzado, en tanto no haya algún documento final firmado. “Rogamos y pedimos a las partes que avancen con los otros puntos. El tema agrario está condicionado a los otros puntos que se aprueben. No quisiéramos que terminemos en la frustración. Y también comprendemos que su aplicación tomará tiempo y reformas en las leyes y la Constitución”. Algunos expertos estiman que la aplicación real de los acuerdos firmados en el proceso de paz podría tardar más de una década.
"Se debe devolver al campesino la tierra arrebatada, y el Gobierno debe garantizarle a las familias la seguridad y las condiciones para hacer productivo el terreno restituido". Luis Jiménez, presidente ANUC.
Sobre el proceso de restitución, Jiménez dijo que la devolución de tierras es un ejercicio de responsabilidad compartida entre los despojadores y el Estado, que garantice la seguridad y opciones productivas para quienes regresen al campo. “La restitución es responsabilidad de quienes nos han despojado: la guerrilla, los paramilitares, el narcotráfico y en algunos casos el Estado mismo. Todos esos actores deben devolver a los campesinos la tierra arrebatada por la fuerza, y el Gobierno debe garantizarles a las familias la seguridad, la integridad de su vida y las condiciones para aprovecharla. El solo hecho de devolverle la tierra a los campesinos no resuelve nada; la restitución debe ir acompañada de procesos productivos”.
“Es urgente una política pública”
El director de la Asociación para el Desarrollo Campesino, José Vicente Revelo, manifestó a KienyKe que lo ambicioso del proyecto le genera “cierto escepticismo frente a su real cumplimiento”. “Los acuerdos requerirían de una urgente política pública para desarrollarlo. Es muy ambicioso hablar de reforma rural, porque implicaría todos los aspectos de la vida campesina. Cualquier política deberá afectar directamente la forma de vida de los campesinos, indígenas, raizales y comunidades afrodescendientes”.
La Asociación para el Desarrollo Campesino tiene influencia en sectores agropecuarios del suroccidente del país, especialmente en Nariño, departamento muy golpeado por la violencia y el imperio armado de las Farc. “Además de garantizar una restitución segura, tendrán que tratar un problema como la aplicación de la fr0ntera agrícola para cultivos ilícitos y otros proyectos de gran envergadura como cultivos de palma por multinacionales. Muchos campesinos e indígenas han quedado sin la posibilidad de ser autónomos al decidir qué cultivar, sino que se tienen que someter a eso”, alertó.
Sobre el mismo asunto, el director de la ANUC estimó que las tierras usadas para cultivos ilícitos deben ser devueltas a los campesinos, y sobre ellas realizar una vigilancia permanente para confirmar que se dediquen a la productividad legal.
Finalmente, Jiménez pidió cautela en no emocionarse con lo hasta ahora alcanzado, en tanto no haya algún documento final firmado. “Rogamos y pedimos a las partes que avancen con los otros puntos. El tema agrario está condicionado a los otros puntos que se aprueben. No quisiéramos que terminemos en la frustración. Y también comprendemos que su aplicación tomará tiempo y reformas en las leyes y la Constitución”. Algunos expertos estiman que la aplicación real de los acuerdos firmados en el proceso de paz podría tardar más de una década.
