Jonatan Gallego, de 23, durante cuatro años se “salvó”, como dice él, de las conocidas batidas que realiza el ejército en los portales de Transmilenio y cerca a lugares de rumba en Bogotá. En tres ocasiones fue detenido y obligado a subir a un camión para que lo llevaran a un distrito militar en donde le definirían su situación militar.
En teoría, a Gallego no podían reclutarlo, no quería prestar el servicio militar por considerarlo contrario a su religión y tiene un problema de visión que debería descartarlo como apto para portar armas y disparar. “Me hicieron los exámenes y se dieron cuenta de mi problema de visión, entonces me decían que debía pagar mi libreta”, relata.
Siguió con su vida normal. En junio de 2011 trabajaba como auxiliar de la cadena de restaurantes McDonals en Bogotá. Un día llegó a su casa y su mamá lo recibió con la noticia de que su hermano Fabián, de 21 años, fue conducido por soldados a una guarnición militar después de que el joven no les presentara la libreta militar.
Jonatan decidió acompañar a su hermano y llevarle comida. Al llegar al distrito 53, sobre la avenida de la Américas, al occidente de Bogotá, un soldado auxiliar lo dejó entrar, encontró a Fabián sentado en una silla junto a un grupo de 30 jóvenes que esperaba que un soldado gritara sus nombres para someterse a los exámenes médicos y psicológicos. A diferencia de Jonatan, Fabián no tenía ningún impedimento de salud para el servicio militar.
Después de encontrar a su hermano, Jonatan intentó salir del lugar pero fue detenido por un soldado, quien le dijo que para salir debía portar la libreta, de lo contrario, tendría que hacer el proceso como los demás jóvenes. Jonatan pensó que pasaría lo mismo de siempre, es decir, que se darían cuenta de su problema de visión y que lo dejarían ir a su casa con el aviso que debía pagar por su libreta. Pero esta vez se equivocó. “Creyeron que me estaba haciendo el ciego y me reclutaron”, dijo.
Pese a su limitación física, Jonatan fue designado para el Batallón de Ingenieros del Meta, mientras que su hermano lo enviaron a Arauca.
Jonatan Gallego, segundo desde la izquierda en la fila del frente.
¿Es legal?
El pasado 21 de febrero usuarios de redes sociales denunciaron operativos militares para la incorporación arbitraria de jóvenes en el ejército en las estaciones Poblado, Caribe y Niquia del Metro de Medellín. Por su parte, el personero municipal Rodrigo Ardila dijo que el ejército puede trasladar a los jóvenes sólo cuando han incumplido citaciones previa, reveló El Colombiano.
Según la Corte Constitucional ninguno de los dos jóvenes Gallego debieron ser obligados a prestar el servicio militar. La sentencia C -728 de 2009 aclara que las personas que no desean entrar en las fuerzas armadas pueden declararse ‘objetores de conciencia’; es decir, argumentar las razones psicológicas o religiosas por las cuales no desean prestar el servicio, como es el caso de Jonatan, quien además padece una limitación visual que tampoco fue tenida en cuenta.
Carlos Gaviria Díaz, expresidente de la Corte Constitucional, dijo en diálogo con KienyKe.com que “el Congreso de la República debe legislar en el caso de los objetores conciencia pues existen vacíos jurídicos en esta materia". Gaviria Díaz está en contra del servicio militar obligatorio. “Una persona que no desea prestar servicio militar tiene derecho a explicar sus razones”, sostuvo.
Sobre casos como el de Fabián, el alto tribunal concluyó en la sentencia C -879 de 2011 , que en las “compilaciones”, mejor conocidas como “batidas”, los jóvenes que al momento de ser detenidos por hombres del ejército y no tengan su libreta militar, deben ser citados para que se presenten a un distrito militar con la documentación o disposición para prestar el servicio. "Solo puede ser retenido de manera momentánea mientras se verifica tal situación y se inscribe (...) no puede implicar la conducción del ciudadano a cuarteles o distritos militares”, según el pronunciamiento de la corte.
Con relación a esto, Gaviria calificó de “ilegítimo” que lo jóvenes sean reclutados a la fuerza. “Los militares están obligados, con relación a la sentencia de la corte, a citar a los jóvenes para resolver su situación, pero en ningún momento forzar su enlistamiento en el ejército”.
Gaviria concluyó que hace falta divulgación sobre los derechos fundamentales de los jóvenes, pues en muchos casos el desconocimiento en los mismos hace que sean susceptibles a ser enlistados en las fuerzas militares, como es el caso de los hermanos Gallego.
“Después de presentar el servicio, por un familiar abogado supe que pude oponerme e incluso demandar al Estado por haber sido reclutado con mi problema de visión”, dijo Jonatan Gallego, ahora con 26 años.
¿Qué dice el Ejército?
El proceso de reclutamiento se realiza en los meses de enero, mayo y agosto, principalmente, afirma el coronel Darling Zambrano, comandante de la Cuarta Zona de Reclutamiento de Medellín, aunque aclara que no se puede hablar de “batidas”, sino que el término correcto es “compeler”, que hace referencia a que una autoridad exige a un ciudadano resolver una situación determinada.
Para Jhonny Arango, de 28 años, miembro del Colectivo Antimilitarista, y declarado objetor de conciencia desde los 18 años, “compeler” no puede ser considerado el hecho que un joven sea subido a un camión y transportado hasta un distrito militar. “Eso está en contra de los derechos humanos y no lo diferencia del reclutamiento que hacen lo grupos ilegales”, sostiene el activista.
Arango cuenta que pese a lo dicho por la Corte, en Medellín no cesan las “batidas”, principalmente en las estaciones del metro y en Sabaneta. Sin embargo, dice que ahora los militares tienen otra estrategia. “Ahora los soldados se trasladan de un lugar a otro y hacen batidas de menos de 15 minutos para que las personas no puedan reaccionar”.
Al igual que el constitucionalista, Arango sostiene que los militares procuran abordar a personas que sean de bajos recursos económicos y escolaridad, pues eso los hace más proclives a que sean reclutados por el desconocimiento de sus derechos.
“Muchos jóvenes no saben cuáles son sus derechos y además les da miedo confrontar a los militares. Los soldados manejan un lenguaje que no les permite reaccionar y son tratados como si estuvieran arrestando a un delincuente con antecedentes penales”.
Además, insta para que se desobedezcan una situación que califica como ilegal. Agrega que los jóvenes también pueden recurrir a organismos de control como la Procuraduría o a la Unidad Permanente de Derechos Humanos de la Personería de Medellín.
Un suboficial, quien prefirió reservar su identidad, contó a KienyKe.com que de acuerdo con órdenes de altos mandos existen “metas” para enlistar a jóvenes. Aunque aseguró que deben tener cuidado de los medios de comunicación y de aquellos que conozcan sus derechos. “Esto se hace porque si se los cita, jamás se presentarán, pero uno debe tener cuidado de aquellos que no quieran prestar el servicio”.
Jonatan Gallego, segundo desde la izquierda en la fila del frente.
¿Es legal?
El pasado 21 de febrero usuarios de redes sociales denunciaron operativos militares para la incorporación arbitraria de jóvenes en el ejército en las estaciones Poblado, Caribe y Niquia del Metro de Medellín. Por su parte, el personero municipal Rodrigo Ardila dijo que el ejército puede trasladar a los jóvenes sólo cuando han incumplido citaciones previa, reveló El Colombiano.
Según la Corte Constitucional ninguno de los dos jóvenes Gallego debieron ser obligados a prestar el servicio militar. La sentencia C -728 de 2009 aclara que las personas que no desean entrar en las fuerzas armadas pueden declararse ‘objetores de conciencia’; es decir, argumentar las razones psicológicas o religiosas por las cuales no desean prestar el servicio, como es el caso de Jonatan, quien además padece una limitación visual que tampoco fue tenida en cuenta.
Carlos Gaviria Díaz, expresidente de la Corte Constitucional, dijo en diálogo con KienyKe.com que “el Congreso de la República debe legislar en el caso de los objetores conciencia pues existen vacíos jurídicos en esta materia". Gaviria Díaz está en contra del servicio militar obligatorio. “Una persona que no desea prestar servicio militar tiene derecho a explicar sus razones”, sostuvo.
Sobre casos como el de Fabián, el alto tribunal concluyó en la sentencia C -879 de 2011 , que en las “compilaciones”, mejor conocidas como “batidas”, los jóvenes que al momento de ser detenidos por hombres del ejército y no tengan su libreta militar, deben ser citados para que se presenten a un distrito militar con la documentación o disposición para prestar el servicio. "Solo puede ser retenido de manera momentánea mientras se verifica tal situación y se inscribe (...) no puede implicar la conducción del ciudadano a cuarteles o distritos militares”, según el pronunciamiento de la corte.
Con relación a esto, Gaviria calificó de “ilegítimo” que lo jóvenes sean reclutados a la fuerza. “Los militares están obligados, con relación a la sentencia de la corte, a citar a los jóvenes para resolver su situación, pero en ningún momento forzar su enlistamiento en el ejército”.
Gaviria concluyó que hace falta divulgación sobre los derechos fundamentales de los jóvenes, pues en muchos casos el desconocimiento en los mismos hace que sean susceptibles a ser enlistados en las fuerzas militares, como es el caso de los hermanos Gallego.
“Después de presentar el servicio, por un familiar abogado supe que pude oponerme e incluso demandar al Estado por haber sido reclutado con mi problema de visión”, dijo Jonatan Gallego, ahora con 26 años.
¿Qué dice el Ejército?
El proceso de reclutamiento se realiza en los meses de enero, mayo y agosto, principalmente, afirma el coronel Darling Zambrano, comandante de la Cuarta Zona de Reclutamiento de Medellín, aunque aclara que no se puede hablar de “batidas”, sino que el término correcto es “compeler”, que hace referencia a que una autoridad exige a un ciudadano resolver una situación determinada.
Para Jhonny Arango, de 28 años, miembro del Colectivo Antimilitarista, y declarado objetor de conciencia desde los 18 años, “compeler” no puede ser considerado el hecho que un joven sea subido a un camión y transportado hasta un distrito militar. “Eso está en contra de los derechos humanos y no lo diferencia del reclutamiento que hacen lo grupos ilegales”, sostiene el activista.
Arango cuenta que pese a lo dicho por la Corte, en Medellín no cesan las “batidas”, principalmente en las estaciones del metro y en Sabaneta. Sin embargo, dice que ahora los militares tienen otra estrategia. “Ahora los soldados se trasladan de un lugar a otro y hacen batidas de menos de 15 minutos para que las personas no puedan reaccionar”.
Al igual que el constitucionalista, Arango sostiene que los militares procuran abordar a personas que sean de bajos recursos económicos y escolaridad, pues eso los hace más proclives a que sean reclutados por el desconocimiento de sus derechos.
“Muchos jóvenes no saben cuáles son sus derechos y además les da miedo confrontar a los militares. Los soldados manejan un lenguaje que no les permite reaccionar y son tratados como si estuvieran arrestando a un delincuente con antecedentes penales”.
Además, insta para que se desobedezcan una situación que califica como ilegal. Agrega que los jóvenes también pueden recurrir a organismos de control como la Procuraduría o a la Unidad Permanente de Derechos Humanos de la Personería de Medellín.
Un suboficial, quien prefirió reservar su identidad, contó a KienyKe.com que de acuerdo con órdenes de altos mandos existen “metas” para enlistar a jóvenes. Aunque aseguró que deben tener cuidado de los medios de comunicación y de aquellos que conozcan sus derechos. “Esto se hace porque si se los cita, jamás se presentarán, pero uno debe tener cuidado de aquellos que no quieran prestar el servicio”.
