Nuevos archivos extraídos de computadores incautados a la disidencia Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), al mando de alias "Calarcá Córdoba", muestran órdenes de asesinato, reclutamiento de menores y compra de armamento mientras ese grupo estaba en cese al fuego y sentado en una mesa de negociación con el Gobierno. Las revelaciones vuelven a poner bajo presión la política de Paz Total y los controles institucionales sobre ese proceso.
Chats revelan asesinatos y secuestros en pleno cese al fuego
El material proviene de un computador incautado en un retén militar en Anorí, Antioquia. Según los documentos, hay registros de secuestros, fotografías de víctimas amarradas y luego asesinadas, así como conversaciones sobre la adquisición de armas de largo alcance y granadas durante la vigencia del cese al fuego.
Uno de los casos más graves es el asesinato de Juan Gabriel Hurtado Betancur, excombatiente firmante del Acuerdo de paz que adelantaba su proceso de reincorporación en el Meta. De acuerdo con los chats, un subordinado de "Calarcá" lo secuestra, informa su identidad y recibe la instrucción directa de matarlo. En los registros fotográficos se le ve con vida y posteriormente muerto. Organizaciones como Indepaz ubican el crimen el 6 de enero de 2024 en zona rural de La Macarena.
- Le puede interesar: Fuga en La Picota: preso por secuestro salió como visitante
Reclutamiento de menores y compra de armamento
En otros intercambios, un mando identificado como "El Mueco" reporta el ingreso de nuevos integrantes, entre ellos una menor de 14 años, con detalles sobre su familia y situación escolar. Los archivos también registran conversaciones con "Richard Catatumbo" sobre la compra de al menos 14 rifles Dragunov, granadas para fusil y fusiles Tavor, como parte del fortalecimiento militar del EMBF pese al escenario de negociación.
Funcionarios salpicados y tensión sobre la mesa de paz
Estos archivos se suman a la primera parte del escándalo, que apuntó a presuntos vínculos entre la estructura de "Calarcá" y dos altos funcionarios del Estado: el general Juan Miguel Huertas, del Ejército, y Wilmar Mejía, directivo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Correos y chats sugerirían que habrían compartido información reservada sobre operaciones militares y facilitado la movilidad del grupo en vehículos oficiales.
Tras esas revelaciones, la Procuraduría suspendió de forma provisional a Huertas y Mejía, mientras la Fiscalía y otros organismos de inteligencia adelantan investigaciones penales y disciplinarias para establecer responsabilidades.
En paralelo, la delegación del Gobierno en la mesa con el EMBF ha señalado que estos hechos no hacen parte de los acuerdos ni de la información oficial del proceso, y que corresponde a las autoridades competentes verificar la autenticidad y el alcance del material. Sin embargo, la filtración de estos archivos ya alimenta un nuevo debate sobre la capacidad del Estado para controlar a los grupos en negociación y sobre el futuro de la política de paz total.
