La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una indagación disciplinaria para determinar si existieron irregularidades en un millonario contrato de asesoría jurídica internacional firmado por la Presidencia de la República con una firma extranjera que, además, representa legalmente al presidente Gustavo Petro en Estados Unidos tras su inclusión en la denominada “Lista Clinton”.
El acuerdo objeto de revisión fue suscrito el pasado 9 de enero de 2026 por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) con la empresa Amadeus Consultancy Limited. El contrato tiene un valor de 10.000 millones de pesos, equivalentes a aproximadamente 2,7 millones de dólares, y su objetivo formal es la “prestación de servicios profesionales altamente especializados en defensa jurídica internacional frente a eventuales sanciones financieras impuestas por autoridades extranjeras”.
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De acuerdo con información revelada por la Procuraduría y conocida por la agencia EFE, en el análisis preliminar del proceso contractual se encontraron varios aspectos que podrían configurar faltas disciplinarias. Uno de los puntos que más llamó la atención del Ministerio Público es que, pese a tratarse de un contrato de alta cuantía financiado con recursos públicos, no se habrían exigido garantías de cumplimiento, requisito habitual en este tipo de acuerdos.
Otro elemento que será evaluado por el ente de control es la estructura de pagos pactada en el contrato. Según la Procuraduría, los desembolsos están concentrados en un periodo muy corto de tiempo, ya que la ejecución finaliza el próximo 30 de abril de 2026, lo que podría afectar los principios de planeación y eficiencia del gasto público.
Además, se cuestiona que los productos exigidos a la firma contratista se limitan a la elaboración de conceptos, análisis y recomendaciones, sin que se hayan establecido resultados verificables ni indicadores de impacto que permitan medir la efectividad real del servicio contratado.
Para el organismo de control, esta situación impide evaluar si el contrato responde a criterios de necesidad, proporcionalidad y eficacia, como lo exige la normatividad que regula la contratación estatal en Colombia.
Antecedentes: sanciones de Estados Unidos
La controversia se origina en las sanciones impuestas en octubre de 2025 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra el presidente Gustavo Petro. En ese momento, el mandatario estadounidense Donald Trump lo señaló públicamente como un “líder del narcotráfico”.
Como consecuencia, Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo mayor Nicolás Petro Burgos y el actual ministro del Interior, Armando Benedetti, fueron incluidos en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida popularmente como la “Lista Clinton”.
Dicha sanción implica el bloqueo de activos y propiedades en territorio estadounidense y prohíbe cualquier tipo de transacción financiera con las personas incluidas en ella.
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Posible desviación de poder
La Procuraduría también advirtió que, en el debate público, han surgido denuncias que señalan que el contrato podría estar orientado realmente a gestionar intereses personales del presidente Petro y su familia, y no a defender asuntos propios del Estado colombiano.
De confirmarse que los recursos públicos se están utilizando para financiar una defensa de carácter particular, esto podría configurar una grave desviación de poder, según lo expuesto por el Ministerio Público.
El organismo aclaró que la indagación se encuentra en una fase inicial y que, por ahora, no hay funcionarios formalmente vinculados al proceso disciplinario. El objetivo es recaudar pruebas y verificar si existió alguna irregularidad en la celebración del contrato.
Sectores de oposición han cuestionado duramente la decisión del Gobierno, argumentando que la Presidencia estaría incurriendo en una ilegalidad al destinar dinero del Estado para cubrir la defensa legal del mandatario en un asunto que consideran estrictamente personal.
La Procuraduría continuará recopilando información para establecer si hubo violación de normas de contratación pública y si corresponde abrir una investigación formal con responsables identificados.
*Hecha con información de EFE*
