El Consejo de Estado suspendió de manera provisional el decreto del Gobierno nacional que eliminaba la prima especial de cerca de 18 millones de pesos que reciben los congresistas. La decisión significa que, por ahora, ese beneficio continuará vigente mientras la alta corte resuelve de fondo las demandas presentadas contra la norma.
El decreto, firmado por el presidente Gustavo Petro, buscaba eliminar este componente salarial a partir del 20 de julio de 2026, con el argumento de generar un ahorro cercano a $62.000 millones al año para las finanzas del Estado.
Sin embargo, la medida fue demandada mediante una acción de nulidad. Los demandantes aseguraron que el Gobierno no tenía competencia para modificar ese componente del salario y advirtieron que la decisión también podría afectar a otros altos funcionarios del Estado cuyos ingresos están ligados al régimen salarial de los congresistas.
La Sala de Conjueces del Consejo de Estado concluyó que el decreto podría generar un trato desigual entre servidores públicos que desempeñan las mismas funciones y están cobijados por el mismo régimen salarial, como funcionarios de la Rama Judicial, la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.
Además, el alto tribunal consideró que la medida podría vulnerar el principio constitucional de “a igual trabajo, igual salario” y las garantías establecidas en la Ley 270 de 1996 sobre una remuneración justa para los servidores de la Rama Judicial.
Con esos argumentos, el Consejo de Estado decidió suspender temporalmente los efectos del decreto mientras se define si es legal o no.
Con la suspensión provisional, la prima especial seguirá siendo pagada tanto a los congresistas actuales como a quienes se posesionen después del 20 de julio de 2026, hasta que exista una decisión definitiva.
