La Procuraduría General de la Nación solicitó en las últimas horas que se emita una condena contra Francisco Javier Ricaurte Gómez, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, por su responsabilidad en el direccionamiento de procesos judiciales a cambio de dinero, en un escándalo de corrupción conocido como ‘el cartel de la toga’.
Así lo hizo saber el órgano de control al intervenir en audiencia pública ante el Juez 10 del Circuito con funciones de Conocimiento de Bogotá, a quien le instó a proferir una sentencia condenatoria contra quien fuera también expresidente de la Corte Suprema de Justicia, por los delitos de concierto para delinquir y cohecho por dar u ofrecer.
En su alegato de conclusión, el representante del ente investigador señaló que las pruebas recolectadas durante el juicio permitieron concluir que, más allá de toda duda razonable, "la responsabilidad del acusado en los hechos que han sido objeto de investigación consistió en promover, organizar y dirigir una organización criminal con el fin de cometer delitos indeterminados que afectaron la administración pública".
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La Procuraduría también le pidió al juez declarar la prescripción del delito de utilización indebida de información oficial privilegiada. Aunque no fue el único organismo en hacer expresa esta solicitud, pues también lo hizo la Fiscalía General de la Nación, que considera a Ricaurte García como merecedor de dicha sanción por los mencionados delitos.
Para este caso, la Fiscalía otorgó credibilidad a la versión entregada por Luis Gustavo Moreno, exfiscal, quien señaló de incurrir en los delitos impugnados al exmagistrado Ricaurte que actualmente goza de libertad.
Cartel de la toga: el caso que desprestigió la justicia
Magistrados, congresistas, líderes políticos e importantes funcionarios públicos del país resultaron involucrados en el llamado escándalo del "cartel de la toga", uno de los casos de corrupción que hizo perder la credibilidad en la justicia colombiana en estos últimos diez años.
Todo se destapó a mediados del 2017, cuando el gobierno de los Estados Unidos le envió a la Corte Suprema de Justicia una serie de audios en los que se evidenciaba cómo funcionaba una red criminal dentro del alto tribunal.
La revelación enredó al fiscal anticorrupción del momento, Luis Gustavo Moreno, quien ya fue condenado a 48 meses de prisión. Poco a poco se empezaron a conocer los nombres de los magistrados que habrían actuado de manera ilícita, entre ellos, Francisco Ricaurte, Gustavo Malo, Leonidas Bustos y Camilo Tarquino.
De acuerdo a las autoridades, los togados exigían pagos millonarios de dinero a cambio de modificar decisiones judiciales en favor de investigados en la Corte Suprema de Justicia.
"El cartel de la toga era una industria criminal que se dedicaba a cerrar procesos adelantados de personas que tenían culpabilidad o a los que se les iba a condenar por crímenes contra el Estado, entre los que están, robo de millonarios recursos y corrupción electoral", explicó el representante a la Cámara Mauricio Toro a KienyKe.com.
Según dijo Toro, los hoy exmagistrados son señalados de desaparecer pruebas, modificar expedientes, retrasar los trámites o archivar procesos "porque no encontraban, supuestamente, los méritos para acusar y capturar a quienes les habían pedido coimas”.
Algunos de los políticos que resultaron salpicados en este escándalo son: los exgobernadores Alejandro Lyons (Córdoba) y Juan Carlos Abadía (Valle del Cauca), y los excongresistas Álvaro Ashton y Musa Besaile. Los cuatro son señalados de beneficiarse con estas "maniobras" en la Corte para frenar sus procesos.
