La Fiscalía General de la Nación demostró que el ex juez 12 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, José Henry Torres Mariño, otorgó irregularmente el beneficio de detención domiciliaria a Germán Orlando Espinosa Flórez, un señalado narcotraficante, a cambio de 250 millones de pesos.
Por lo anterior, el Tribunal Superior de Bogotá condenó al ex funcionario judicial a 60 meses de prisión (5 años) y a pagar una multa de 216 salarios mínimos legales mensuales vigente, y lo declaró responsable de los delitos de prevaricato por acción, acceso abusivo a un sistema informático y daño informático.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción tuvo acceso a material probatorio que vincula a Torres a diferentes maniobras ilícitas para lograr que la petición de una persona sentenciada por narcotráfico llegara a su despacho.
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De acuerdo con el informe de la Fiscalía, en noviembre de 2015, alteró el sistema de la Judicatura para que el caso fuera asignado en Bogotá, cuando en realidad debía resolverse en Villavicencio. Para terminar su tarea ilegal pidió a los ingenieros del Centro de Servicios de Ejecución de Penas que le entregaran el proceso sin utilizar el mecanismo de reparto aleatorio.
Con el proceso en sus manos, el juez falló a favor del condenado y dispuso que debía cumplir la pena en el lugar de residencia, por considerar que era padre cabeza de familia. Sin embargo, una investigación demostró que dicha decisión no tuvo un sustento real y que el procesado no cumplía los requisitos de ley para recibir este beneficio.
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En la audiencia de imputación de cargos Torres no aceptó su responsabilidad penal en los delitos mencionados por la Fiscalía General; en ese sentido la entidad solicitó la medida de aseguramiento en centro carcelario contra el juez argumentando la gravedad de las conductas punibles.
“No queda duda de que el juez acusado, estando en la capacidad de actuar conforme a derecho, determinó su voluntad, de manera consciente y reflexiva, para proferir un auto concediendo al procesado la prisión domiciliaria como padre cabeza de familia, en abierta y manifiesta contradicción a la Ley”, precisó la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá.
Germán Orlando Espinosa Flórez, sujeto que pagó por recibir el beneficio judicial purga una condena por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, pero deberá asumir además un proceso penal por el engaño a la justicia en relación con el beneficio que recibió de casa por cárcel.
