El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) es una de las entidades colombianas que tiene una directa y gran responsabilidad con la situación de derechos humanos del país.
En medio de denuncias de abusos por parte de las autoridades y violencia derivada del paro nacional desde el 28 abril, donde la Fiscalía habla de 48 muertes, 20 relacionadas directamente con las protestas, y el Ministerio de Defensa ha reportado 2.300 heridos y 26 civiles y dos policías muertos, el INPEC busca fortalecer aún más una de sus razones primarias: la política de derechos humanos de los privados de la libertad.
Si bien no es reciente la labor del INPEC en cuanto a velar por los derechos de los reclusos, pues desde 2014 y a la fecha se han hecho cerca de 32 talleres y seminarios de capacitación en el país sobre el tema, hoy la coyuntura sirve para exponer lo que la Escuela Penitenciaria Nacional realiza dentro del instituto, el proceso formativo de guardias que más que nunca deben saber sobre la responsabilidad que adquieren.
Los guardias, además, según el mismo INPEC deben trabajar en medio de una sobrepoblación carcelaria de 44.032 internos, por lo que su formación en derechos humanos se vuelve clave.
En total, cabe resaltar, en Colombia para 2020 existía una población carcelaria de 124.188 personas en cerca de 132 establecimientos de reclusión.
El coronel Camilo Ernesto Cabana, director de la Escuela Nacional Penitenciaria, afirma en declaraciones para la Agencia Anadolu: “Queremos que todos los funcionarios del INPEC se certifiquen en derechos humanos, queremos que el instituto tenga credibilidad, respetabilidad y el tema de DDHH es fundamental para ello”.
El instituto penitenciario ha venido implementando un cambio en los procesos educativos, un modelo de aprendizaje con base en la educación socioemocional y de los derechos humanos, según el coronel.
El centro educativo, ubicado en el municipio de Funza, a unos 20 kilómetros de Bogotá, tiene más de 50 años capacitando a los integrantes de custodia y vigilancia. Actualmente cuenta con una capacidad para 900 estudiantes y, según Cabana, desarrolla en estos momentos el curso número 131 de formación con 474 estudiantes, de los cuales 233 son mujeres.
Cabana explica que al Alma Mater del INPEC ingresan las personas preseleccionadas que tengan vocación de servicio público. “Abrimos convocatorias anuales para cualquier ciudadano”, afirma.
El curso dura ocho meses, “seis teóricos y dos prácticos en los establecimientos de reclusión". "Se gradúan como dragoneantes, el primer peldaño en esa escala jerárquica del INPEC”, agrega.
Cabana aclara que dentro de los procesos de formación, los guardias deben convertirse en “facilitadores” de la resocialización de la población carcelaria. Este es el objetivo final: los procesos de resocialización de las personas para que tengan una nueva oportunidad cuando pagan sus condenas, “y es desde las aulas que les damos esas competencias (a los guardias)”.
Kelia Ibargüen, alumna de la Escuela, le dice a la Agencia Anadolu que "existe el estigma de que los guardias maltratan y violan los derechos humanos de las personas privadas de libertad, yo quiero ser guardián porque quiero hacer un cambio en la institución, mejorar ese estigma de las personas que laboran en el INPEC".
Desde la dirección de la Escuela del INPEC saben que superar este ‘estigma’ no es una tarea fácil, más en medio de una profunda crisis de convivencia. Pero en la Escuela Penitenciaria se tiene el “compromiso ético de propiciar una conducta comportamental justa y correcta del servicio”.
No es una tarea fácil generar cambios, especialmente actitudinales dentro de los alumnos, pues, a juicio de la institución, siempre se tiene que lidiar “con asuntos que cuestionan nuestros propios mapas mentales y paradigmas tradicionales”. La Escuela ha venido mejorando un modelo pedagógico para “que tome en cuenta nuestra realidad y nos permita ver a los demás en términos de profundo respeto, tolerancia y sobre todo en convivencia”.
Esto ha rendido frutos en el corto plazo, pues según cuenta el coronel Cabana, es de los primeros establecimientos del país que tiene acreditación con estándares internacionales, dado en 2020. Sus procesos académicos son avalados por un convenio que existe entre la Embajada de EEUU, el Ministerio de Justicia colombiano y el INPEC. “De EEUU envían certificadores para revisar los procesos de la escuela, lo dan por tres años”.
La Agencia Anadolu también habló con Yuli Arias, una de las profesoras de preparación física de la Escuela, quien dice que constantemente trabaja con los estudiantes el “estrés y presión mental”, actuando como si ya estuvieran en las cárceles, manejando a las personas privadas de la libertad, “dirigiéndoles a mantener la calma”, a través de la respiración y de manejo de factores externos que se les pueden presentar en el momento.
Las personas del grupo actual, dice Arias, “llevan seis meses acuarteladas sin poder ver a sus familiares a causa de la pandemia y todo esto. Están bajo presión y lo hemos podido canalizar a través del entrenamiento físico de alta intensidad, el yoga y la relajación".
Este tipo de entrenamientos y esfuerzos no son impedimento para que las personas, ahora más que nunca, quieran hacer carrera, especialmente las mujeres. Melany Buitrago, una de las aspirantes, cuenta que desde niña su papá le inculcó el amor por la institución.
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“Desde pequeña mi papá me enseñó el amor por la institución, me enseñó todo, me enseñó que una forma de aportar a la institución ha sido amándola, siempre he querido pertenecer a ella, poder profesionalizarme", afirma.
Según informa la Escuela, se ha beneficiado a 772 nuevos dragoneantes, 234 uniformados que adelantan curso de ascenso, 683 funcionarios del programa de reentrenamiento, 99 en derechos humanos para la población LGBTI privada de la libertad, 1.793 auxiliares del cuerpo de custodia y 723 de la Red de Apoyo Institucional, entre otros.
Nota escrita por Gustavo A. Delvasto de la Agencia Anadolu.
