Bostezando con la seguridad urbana

4 de agosto del 2011

Confieso que apenas si conozco los asuntos de seguridad urbana. Además, cuando pretendí esclarecer para mí el problema actual de inseguridad, sentía que no acabaría nunca y que el conflicto tenía demasiadas raíces. Es denso y cansón. Demasiadas ‘leyes’ y miles de formas de ilegalidad.  Peor aún es el sentimiento de derrota que me arroyaba […]

Confieso que apenas si conozco los asuntos de seguridad urbana. Además, cuando pretendí esclarecer para mí el problema actual de inseguridad, sentía que no acabaría nunca y que el conflicto tenía demasiadas raíces. Es denso y cansón. Demasiadas ‘leyes’ y miles de formas de ilegalidad.  Peor aún es el sentimiento de derrota que me arroyaba cuando comprobaba todo en la cara de la gente en Transmilenio. Sin embargo, lo que puedo concluir es que tengo cierta incomodidad con el modo como son diagnosticadas y formuladas las políticas de seguridad urbana, pues no creo que tengan una vigencia a largo plazo.

Los índices de seguridad se deterioraron en la mayoría de ciudades de Colombia desde hace un poco más de 25 años, aunque mejoraron en Bogotá considerablemente durante los últimos cuatro gobiernos distritales. Aun así, la situación sigue siendo difícil. Y son varios los factores que hacen más delicada la situación por nuestros días. Las llamadas bandas criminales (bacrim) se trasladaron a zonas urbanas extensas, donde se facilita su movimiento anónimo. Estas bandas son residuos de las antiguas autodefensas y otros grupos ilegales que atravesaron por un fallido proceso de desmovilización (si es que lo hubo); no existió integración social de ningún tipo y sí hubo desocupe por montones. Esta gente no sabe hacer nada más que “darse en la jeta”. Las Bacrim son las esquirlas de la política de seguridad democrática.

A lo anterior se suma la ineficacia de la guerra nacional contra las drogas. El adicto, base de la pirámide en este negocio por ser el consumidor, es considerado igualmente terrorista. En esa medida, la persecución diseñada para esta actividad ilícita fue formulada como una guerra contra el microtráfico, pero el monstruo se creció. La Fundación Arco Iris reveló no sólo que el negocio ya es de tamaño macro, sino que en medio de ella se camuflan muchas otras actividades ilegales, como el robo de celulares, el fleteo, el deshueseo de carros (qué expresión tan puerca) y el contrabando. Todo en últimas apunta al enriquecimiento.

Y como si el tema de las drogas y los armados no fuera suficiente, las grandes ciudades del mundo sufren aún un proceso acelerado de crecimiento poblacional, combinando el crecimiento vegetativo con la migración urbana. La gente que llega se asienta en las zonas más frágiles en cuestiones de accesibilidad a servicios (usualmente, las periféricas). Y, por supuesto, también llegan a “incomodar” a la población que ya es vulnerable en estas zonas, hasta donde no alcanza a llegar el gobierno central. Ellos son hijos del desplazamiento previo.

Por último aparece el supuesto desarrollo de mafias que incluyen políticos. Estas mafias no sólo defienden intereses ilegales.

Pero bueno, hasta ahí el diagnóstico general. ¿Cómo enfrentar esta “joda” ahora? Todos los candidatos, sin excepción, han formulado propuestas que apuntan directamente a enfrentar la inseguridad actual. Dentro de los puntos implicados se encuentra la Policía Nacional. Y, sin duda, lo primero que proponen es fortalecerla, empezando por el aumento del pie de fuerza. A veces me da risa que algunos se quejen por lo caro de la infraestructura escolar y universitaria, así como de los sueldos y pensiones de los profesores, pues los costos de la policía son muy similares. Para el patrullero millón trescientos, para el comisario millón ochocientos y para el general cuatro millones. Comparen con los sueldos de los profesores. Y súmenle un millón más para cada policía por dotación. Siendo esta la situación, y recordando que el año pasado la policía recibió algo más de 161 mil millones de pesos, la inversión de la policía no es desdeñable.

El segundo punto es tecnificar a la policía para la seguridad urbana. Resulta incluso cómico que la policía no sea actualizada al ritmo de la evolución criminal y que los candidatos se vean obligados a proponer un GOESD (un grupo policial especializado en seguridad urbana). Pero resulta también curioso que ese avance no se pueda encontrar de otra manera que investigando profundamente los problemas, ¿adivinen cuáles son las instituciones académicas que se dedican a investigar? A este avance se suma, por supuesto, la exigencia de dispositivos nuevos para facilitar las labores de la policía. Y estos mismos dispositivos y avances policiales podrían ser utilizados para realizar contrainteligencia.

Dentro de este asunto, tal vez lo más innovador es la posición de Gina Parody, quien planea blindar a la ciudad del ingreso de droga movilizando al ejército hacia la periferia y bloqueando las entradas de la ciudad con mayor control. Lo innovador no es el uso del ejército propiamente, sino la integración de esta propuesta a las otras, como la de Transporte, Desarrollo Económico y Medio Ambiente, puesto que en Suba, Engativa, Kennedy y Ciudad Bolívar es donde se concentran. Hay que recordar que allí están algunas de las zonas más vulneradas por la violencia.# Sin embargo, queda en tela de juicio si la policía y el ejército son capaces de lidiar con la droga y no se tuercen.

Las estadísticas también se suman a los puntos de discusión de la campaña.  En primer lugar, no parece haber claridad sobre ellas. No hay una cifra oficial y precisa sobre los homicidios. Algunos dicen que anda en 23 p/100.000 hab. Y otros que en 18. Y es aún peor cuando la misma alcaldía reconoce que la denuncia es muy precaria debido al miedo y las dificultades burocráticas. Por esa razón se consuela con realizar comparaciones con otras ciudades del país.# Esto empieza a generar la llamada ‘percepción ciudadana’, la cual corre paralela a la realidad de la seguridad.

Los candidatos, no obstante, no son los únicos que juegan un rol determinante aquí. El brazo legislativo del Estado (teniendo al Concejo de Bogotá bajo las naguas del Congreso) se pronunció mediante la Ley de seguridad ciudadana. Ésta es básicamente una actualización y especialización de las normas frente a los nuevos crímenes para enfrentar eficientemente la situación. En general favorece a la Policía y a la rama judicial. Pero, hablando en serio, no hay nada más que decir sobre esto, salvo que recrudece las penas gracias a unas reformas en el código penal. Al menor de 18 que cojan robando celulares le dan “cana” de cuatro a ocho años, sin rebaja, y la judicialización es rapidita, aunque tienen más tiempo los jueces antes de que se venzan los términos. La ley es sin duda una gran herramienta para evitar la impunidad, y es de valorar. Sin embargo, si en unos años se trata de actualizar más, caeríamos en ese actuar inútil de especificar todo acto vandálico según la moda, como cuando en los colegios se debate cómo, en el manual de convivencia, deben ser especificados los centímetros permitidos para “entubar” el pantalón (no puedo creer que haya usado esa expresión).

Queda un actor gubernamental más, que es el muy de moda gobierno distrital de Bogotá. En el informe de rendición de cuentas 2010, la alcaldía mostró varias cosas interesantes. En primer lugar, tenemos una secretaría de Gobierno, Seguridad y Convivencia. No sé qué tan compatibles puedan llegar a ser estas áreas, pero lo cierto es que, cuando se procura garantizar la paz en la ciudad, varios proyectos de distinta naturaleza son combinados. Estos proyectos, según el informe, no se restringen a la sola acción de policía y jueces, sino que involucran personas metidas en el cuento de la cultura ciudadana, el espacio público y la descentralización, entre otros.

Sin embargo, más allá de ciertos logros gerenciales, no parece haber un norte definido. Los logros no parecen hacer parte de unas políticas públicas integrales (una estación de bomberos por aquí, un CAI por allí, un estudio de riesgo por acá, mayores poderes en aquella zona, etc.). Las políticas públicas tienen la apariencia de ser dispersas. Ese espíritu gerencial (como de mantener las cosas más o menos) revela que ya hay una agenda que cumplir, pero nadie sabe cuál es.

Y ya casito terminando, voy llegando a algo verdaderamente interesante: el trabajo en cultura ciudadana viene dándose como una política pública vertical, es decir, como un área distinta a las de prevención, atención y defensa integral, rehabilitación a los actores sociales interinstitucionales y generación de políticas de gestión integral del riesgo. Suele ser algo similar a los colegios, de nuevo. La clase de Ética es un área separada de cualquier otra. En biología no hay que tratar temas de bioética, por ejemplo. Por ende, los alumnos asumen que los contenidos de Ética son independientes y puede que también excluyentes. Cuando los problemas de convivencia salen a relucir, apenas algunos colegios caen en cuenta de la necesidad de que el proyecto de Ética tenga un carácter transversal. Es decir, que atraviese todas las áreas y todos los estamentos (cargos, clases, posiciones) del colegio. La cultura ciudadana necesitaría de esa transversalidad en todas las secretarías del distrito.

Termino con esto: la política de seguridad ciudadana está formulada acorde con el diagnóstico de la guerra contra el terrorismo, y no es de extrañar que siga los patrones de la inolvidable seguridad democrática. Yo como fiel soldado del Leviatán, defiendo con vehemencia que la razón de ser del Estado es la seguridad de sus ciudadanos. La violencia desgarra el tejido civil. Y, todavía más, sigo a Sun Tzu cuando dice que la guerra es el asunto de Estado más importante. Pero pasar de la primera frase a la segunda no es cualquier cosa. Implica que debe haber un enemigo. En nuestro caso no es una persona, es la droga. Pero, entre idas y venidas, formular esta guerra implica que el ser humano involucrado con el enemigo es enemigo, es terrorista. El estado pone a los ciudadanos como enemigos. Y peor aún, los ciudadanos, esencia de la sociedad civil, son puestos en contra de sí mismos. No queda nadie que diga que la razón de la seguridad civil es la vida de los ciudadanos, no la muerte. Tal vez es por esa razón que no se sabe para dónde se va, porque un día son unos los enemigos, y al otro día ya no son todos esos. Tenemos eso sí que mejorar la tecnología para agarrarlos, y aumentar el pie de fuerza. Empero, sólo encontraremos esfuerzos regados por doquier y la situación sigue igual.

Pero ¿ven lo que les dije? El tema de seguridad es denso, burdo y lo achaca a uno.

Cristian Calderón

@cristofecalva

cristofecalva@gmail.com

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