El sistema educativo tiene temas tabú que no se tratan o debaten en público, a veces la censura es impuesta y en otras ocasiones es resultado de un acuerdo silencioso para no tocar algunos temas. Pero, si hay algo que no debe ser objeto de censura es la educación en sí misma. La educación no debe ser censurada, es decir, no se puede privar a cientos de personas de este derecho (especialmente niños y jóvenes).
En un Estado social de derecho, el rol del Estado es asegurar el bienestar de todos los ciudadanos y el goce efectivo de sus derechos y libertades. Además de ser parte de los derechos económicos, sociales y culturales adoptados por Naciones Unidas e incorporados como parte de los deberes del Estado en la Constitución Política de Colombia, la educación es un camino para la superación de la pobreza, la igualdad de oportunidades y la construcción de una sociedad más justa y equitativa. La educación, en palabras de Nelson Mandela es “el gran motor del desarrollo personal. Es a través de la educación como la hija de un campesino puede convertirse en médico, el hijo de un minero puede convertirse en el jefe de la mina, o el hijo de trabajadores agrícolas puede llegar a ser presidente de una gran nación.”
Por tal motivo, el sistema educativo de un país como Colombia, un supuesto estado social de derecho, debe brindar oportunidades reales para que todas las personas que lo deseen puedan acceder a una educación pública, gratuita, de calidad y crítica. Y cuando digo oportunidades reales me refiero a programas serios y políticas estructuradas, no como la burla que titularon “Ser pilo paga” y cuyo resultado fue añadir deudores al ICETEX - Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios en el Exterior-.
Lo más triste de esta experiencia de “Ser pilo paga”, es que demuestra los lineamientos del Gobierno en materia de educación. Parece que en este Estado social de derecho lo que abundan son las reformas lesivas a la educación, ya las vimos en el 2011 con la Reforma a la Ley de Educación Superior (Ley 30 de 1992) que causó el despertar del movimiento estudiantil y que gracias a éste se logró detener. Sin embargo, el Estado no ha parado en su intento de privatizar aún más la educación; de hecho, en este 2015 debemos estar atentos a un nuevo ataque a la educación y el bienestar de los colombianos: las exigencias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos –OCDE-.
La OCDE le ha pedido a Colombia, además de una serie de reformas en el régimen tributario y el sistema pensional, una reforma educativa. ¿Qué clase de reforma? Ahí está el asunto. La OCDE también apunta a la privatización de la educación y a la exclusión en el acceso. Entonces, es tiempo de ponerse pilos porque la defensa de lo público y la construcción de una sociedad con pleno acceso a una educación de calidad, es un asunto de todos.
