Al oído del ministro Esguerra

La primera cualidad del ministro Esguerra es que conoce la Justicia, sus problemas y limitaciones, pero también sabe escuchar y sus estudios en el mundo anglosajón le han mostrado que para obtener resultados hay que tener sentido común, y no perderse en teorías abstractas sobre el deber ser de las instituciones, sin aterrizar a la realidad de su funcionamiento. También Juan Carlos sabe buscar consensos como lo hizo en la Asamblea Constituyente  en la cual fue delegado por el movimiento de Salvación Nacional liderado por Álvaro Gómez, y tiene claro que los cambios constitucionales solo deben darse para mejorar las instituciones, previa evaluación de la forma como han funcionado, y no realizarlas por capricho de una mayoría en el Congreso. Por todo ello y porque siento una gran confianza en su desempeño en el Ministerio de Justicia, me atrevo a enviarle estas notas. Un cuello de botella indudable es la congestión judicial y la demora en el trámite de los procesos judiciales civiles, laborales, administrativos, y no solo los penales. Las causas tienen que ver con problemas jurídicos, materiales y de políticas públicas. Los problemas jurídicos se derivan del formalismo reinante en toda nuestra legislación procesal, herencia de los españoles y que no es propiamente motivo de orgullo. Cuando se han hecho reformas para establecer la oralidad en los procesos civiles y administrativos que todavía no están en vigencia, hay el temor que se trate de “oralidad escrita”, como existe de vieja data en los procesos laborales. En la práctica lo que se hace es que los jueces señalan audiencias que se desarrollan ante un escribiente, pues aquellos atienden varias audiencias al mismo tiempo, en ambientes llenos de gente y de expedientes, las que pueden realizarse cada seis meses porque la agenda está llena y se limitan a veces a recibir un testimonio, o a ordenar el envío de alguna prueba, lo que ocasiona que el proceso dure varios años, además de que el abogado que quiera dilatar un fallo puede valerse de recursos, nulidades, tutelas o cualquier artimaña. Las causas materiales tienen que ver con la logística: todo comienza con el ingreso a los juzgados, para lo cual hay que hacer cola para entrar al edificio, luego para subir al ascensor, y luego detrás de la baranda para recibir alguna atención. Las costumbres judiciales hacen que parezca normal que un perito que debe consultar un expediente de dos o tres metros no tenga una mesita donde hacerlo, lo que da lugar a que al cabo de un tiempo renuncie a su misión de hacer un dictamen, y así puede pasar con tres o cuatro peritos. ¿Por qué la posibilidad de utilizar la tecnología informática no ha llegado a la administración de justicia, cuando los negocios nacionales o internacionales se hacen por este medio? ¡Sería tan fácil presentar los alegatos, leer los de los demás, y los pronunciamientos del juez por internet, sin necesidad de atravesar la ciudad para llevar cualquier documento! ¿Cuándo podrá funcionar la justicia así? Es tan primitiva la forma como se desarrolla el asunto, que cuando usted necesita la copia de un pronunciamiento de trámite tiene que presentar un memorial y volver para recoger el documento así sea de dos páginas, al cabo de unos días. Si logra que le presten el documento para sacarle fotocopia usted mismo, es posible que le toque bajar desde un piso 19 por la escalera porque el ascensor no funciona, o no tiene cupo o se queda varado, hacer cola para tomar la fotocopia, y volver a subir los 19 pisos. ¿Puede haber un sistema más anticuado? Desde luego esto no es culpa de los jueces, pues así está dispuesto, organizado y regulado. Otra causa de la congestión de la justicia es la ausencia de políticas públicas de garantía de los derechos. Los juzgados y los tribunales están atestados de tutelas, porque la gente sabe que, de una parte, si acude a la justicia ordinaria el proceso puede durar hasta quince años, pero la principal causa es que las entidades públicas, léase el Seguro Social, le vulnera a la gente que está próxima a pensionarse sus derechos, hasta el punto que puede tomarse varios años para resolver una petición de trámite de pensión, y una vez que la resuelve, trata de hacerlo con base en normas y liquidaciones equivocadas, buscando siempre la decisión más desfavorable para el solicitante. Otro tanto puede decirse de la Caja Nacional de Previsión, la entidad que recibió las cotizaciones de los funcionarios estatales y que al momento de tramitar un bono pensional no resuelve las solicitudes, obligando a las personas a demandar ante la justicia ordinaria y una vez que sale el fallo también se ven obligadas a demandar en tutela, porque no les pagan. En materia de salud, el informe de ayer de la Defensoría del Pueblo establece que hay que presentar tutela hasta para analgésicos, y que más del 65% de las peticiones están ya incluidas en el plan de salud; sencillamente a la justicia le cae toda la ineficiencia de las operadoras de salud y del Estado que no ha establecido un sistema eficiente ni justo. Creo que el nuevo Ministerio de Justicia tiene que analizar seriamente  los problemas señalados. Pero desde luego a nivel institucional también se podrían mejorar ciertos aspectos, aunque su sola reforma no va a corregir la ineficiencia de la justicia. Un aspecto sería la reforma al Consejo Superior de la Judicatura, sin perder el norte de la autonomía judicial que, como el Ministro Esguerra sabe, fue un pilar importante de la Carta del 91; de la misma manera, es urgente corregir la forma de designación por el Congreso, de los integrantes de la Sala Disciplinaria, para evitar el sesgo partidista de estos nombramientos y dejar muy claro que las funciones que cumple el Consejo son de carácter administrativo y que no tiene funciones judiciales. Asimismo, sería deseable establecer mayores requisitos para ser Magistrado de las altas Cortes, tanto en conocimientos como experiencia, especialidad, publicaciones y vocación judicial, para que la escogencia de los mismos se haga con base en el mérito y no por consideraciones partidistas (en la actualidad bipartidistas), o de cualquier otra índole. Es peligroso abrir la caja de Pandora de reformas constitucionales que puede llevar a desordenar lo que funciona bien, o a debilitar corporaciones como la Corte Suprema de Justicia so pretexto de modificar el juzgamiento de los congresistas, por lo cual es de esperar que la atinada conducción del ministro Esguerra logre el consenso para hacer las reformas constitucionales verdaderamente necesarias y más bien expedir normas legales que hagan realidad el principio de prevalencia de la sustancia sobre las formas, además del mejoramiento de las condiciones materiales en que la justicia actúa, así como el desarrollo de políticas públicas que responsabilicen a todos los funcionarios del Estado de la garantía de los derechos y no dejen en cabeza solo de los jueces y de la acción de tutela todo el peso de su efectividad. El punto de partida para ejecutar las reformas necesarias es establecer qué tipo de justicia necesitamos para evitar la impunidad y lograr que la gente sienta que el Estado entiende su problema y contribuye a la solución oportuna de sus conflictos. Eso conduce a la paz. Lo demás será respeto por la autonomía de los jueces, colaboración armónica y liderazgo para sacar adelante políticas de criminalidad y de justicia, en lo cual la trayectoria del ministro Esguerra es prenda de éxito.