Colombia está ubicado en la posición 33 -entre 194 países- del Índice Global de Riesgo Climático (Kreft, et al., 2017), el cual nos muestra la vulnerabilidad del país ante eventos como tormentas, inundaciones, olas de calor, incendios, y otros. Bogotá es una de las ciudades con mayor índice de riesgo frente a estas amenazas, específicamente por cuenta de incendios forestales, eventos de remoción en masa, sequías e inundaciones.
En los últimos 10 años hemos presenciado eventos climáticos que nos advierten una serie de cambios a futuro. El IDEAM estima que, entre los años 2011-2100 se espera un aumento de entre el 10-30 % en las precipitaciones de la región central del país, y el aumento de más de 2 grados centígrados en la temperatura media.
Adicionalmente, la capital es el principal emisor de Gases de Efecto Invernadero – GEI en Colombia, pues produce más de 16 millones de toneladas de Dióxido de Carbono al año, asociadas en un 65 % al uso de combustibles y la demanda de energía en una población de casi 9 millones de habitantes.
El pasado 16 de febrero repetimos un capitulo que ya se había vivido en 2018. Fue declarada una alerta amarilla en toda la ciudad por la mala calidad del aire, dado que los índices de contaminación no cedían, y se elevó a alerta naranja en las localidades de Kennedy, Tunjuelito, Puente Aranda y Bosa. Estas alertas fueron acompañadas por unas medidas a nivel de trasporte urbano, como la ampliación del pico y placa y restricciones al transporte de carga, pero poco se dijo sobre las fuentes fijas.
Son dos las principales fuentes de contaminación del aire en Bogotá. Por una parte, la movilidad –o fuentes móviles- contribuye con un 53% de las emisiones, especialmente el transporte de carga. Por otra parte, las fuentes fijas, como las industrias, aportan el 47%, en particular aquellas que dependen del uso de calderas y combustibles en zonas como Puente Aranda o Kennedy.
Resulta paradójico que, durante los 4 días que rigieron estas medidas, las entidades distritales activaron toda su capacidad para hacer controles de tránsito, cerrar fábricas y poner multas, y que, al cabo de 3 años de gestión, no se hayan tomado las medidas necesarias para mitigar estos impactos ambientales.
Preocupa además que el inventario de emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) para Bogotá no se actualiza desde el año 2008, y estamos ad portas de discutir los planes de mitigación de dichas emisiones en el nuevo Plan de Ordenamiento de Territorial – POT. Además, la nueva propuesta no contempla programas específicos ni recursos claros para este fin, y se remiten a la adopción futura de Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Territoriales y Sectoriales. Como se ha visto otras ocasiones, el papel termina aguantando todo.
Otra preocupación radica en que el nuevo POT hace referencia a "Movilidad baja en carbono y desarrollo ordenado por el trasporte", pero no contempla que el transporte público deba contar con una flota de cero emisiones de carbono, meta a la que Bogotá debe aspirar durante los próximos doce años para lograr ser una ciudad sostenible.
La administración distrital está llamada a asumir con mayor seriedad los retos que nos impone el cambio climático. La Secretaría de Ambiente debe cumplir con mayor eficiencia su función de vigilancia y control en materia de calidad del aire, y fortalecer el monitoreo de las 14 estaciones disponibles. Y la Secretaría de Planeación debe garantizar que los errores del ordenamiento territorial de los últimos años no se repitan, garantizando los instrumentos de gobierno urbano del POT efectivamente incidan en la calidad del aire de la ciudad.
No hay tiempo para ignorar los llamados de la comunidad científica y sus alertas sobre el calentamiento global, ni para improvisar decisiones para desarrollar una ciudad sostenible en los años venideros.
