La suerte del Chocó en las pasadas elecciones de gobernación dan cuenta cómo la corrupción rampante regional con la connivencia de instancias nacionales como el Consejo Nacional Electoral, han permitido que un candidato condenado por un delito contra la administración pública –peculado por aplicación oficial diferente-, Luis Gilberto Murillo Urrutia a nombre de los partidos que le otorgaron aval como el Verde, Así, Cambio Radical, y el propio Partido Conservador, aparezca hasta ahora como vencedor, pese a la inhabilidad permanente o vitalicia, declarada e insistida por Red Ver y la misma Procuraduría General de la Nación.
Chocó es el barómetro de la lucha contra la corrupción en el país, que comienza por la elección de dirigentes pulcros y sin mancha. En esa batalla sin cuartel debería aportar, y aun está a tiempo, el Consejo Nacional Electoral y la misma Comisión Escrutadora del Chocó, para evitarle al país y a este ya saqueado departamento un desgaste mayor, un innecesario debate judicial –electoral e incluso penal- y disciplinario del cual serían protagonistas no solo el inhabilitado gobernador sino los magistrados del Consejo Nacional Electoral y de la Comisión Escrutadora por sus omisiones graves.
Los líos con la justicia del gobernador “electo” Luis G. Murillo no son nuevos ni para él ni para nosotros. Recuerdo como hace unos catorce años, cuando Luis Gilberto Murillo resulto electo como gobernador del Chocó, nosotros desde la Red Ver logramos tanto que se decretara la nulidad de tales elecciones por alteración de los resultados electorales en su favor, como que el gobierno nacional de turno, Andrés Pastrana, luego de una intensa brega jurídica finalmente lo relevara del cargo y le abriera paso el siguiente candidato, Juan B. Hinestroza – que terminó masacrando laboralmente a la asamblea de ese departamento en disputas judiciales que aún no han sido canceladas por el ente territorial-.
Posteriormente, el mismo Luis Gilberto Murillo, fue condenado por delito de peculado por aplicación oficial diferente, crimen contra el erario público por el indebido manejo de recursos del rubro ambiental en ese mismo departamento, habiendo infructuosamente intentado todos los caminos para tratar de levantar la inhibida vitalicia que pesa en su contra. Murillo, a través de defensor, acudió a la Corte Suprema de Justicia para interponer un recurso de revisión, que le fue terminantemente denegado por la máxima autoridad penal del país. No satisfecho con la decisión de la Corte, por medio de su abogado acudió después ante el Juez de ejecución de penas competente con idéntico propósito, solo que en esta ocasión le fue peor, pues el Juez de Ejecución de Penas determinó que tal conducta no solo era delictiva al amparo de la ley penal anterior sino de la actual, es decir que aun hoy día el mismo sería condenado, pues se había alzado el hoy candidato a la gobernación con recursos destinados al medio ambiente y la inversión social. Copia de dicha sentencia la envié la semana pasada a la Procuraduría General, y a cada uno de los miembros del Consejo Nacional Electoral.
No satisfecho con lo anterior, Murillo intentó que la Procuraduría General le borrara o levantara la inhabilitad permanente que antes de su inscripción como candidato pesaba en su contra y que le impide no solo postularse y ser electo gobernador sino que se extiende para el ejercicio de cualquier cargo público. Este certificado puede ser obtenido por cualquier ciudadano consultado la web de la Procuraduría. Murillo, antes de su inscripción, fallidamente le solicitó al Procurador General le levantara la inscripción. La ratificación de la inhabilidad le fue informada al propio Consejo Nacional Electoral por el representante del ministerio público.
Paradójicamente, el Consejo Nacional Electoral desentendió el reiterado llamado del Procurador Ordoñez, permitiéndole a Luis G Murillo inscribirse como candidato, en un yerro que deberá corregir tanto la Comisión Escrutadora como el Consejo Nacional Electoral.
La Procuradora Delegada para la Vigilancia de la Elecciones, María Elvira Carreño, quien es la mano de hierro de tal ente de control, con fecha dos de noviembre pasado le envió una solicita a la Comisión Escrutadora del Chocó, reiterando que se debían abstener de decretar la elección de Murillo por hallarse inhabilitado de manera permanente. Es más, la orden impartida dispone -en oficio radicado ese dos de noviembre- que la Procuraduría misma apelará la decisión que desconozca tal inhabilidad y ordena a la delegada de la Procuraduría interponer tal recurso de ser el caso. De igual forma, inminentes investigaciones penales y disciplinarias podrían recaer contra quienes desatiendan el terminante llamado de la Procuraduría General.
Manipulación mediática. El sábado pasado el noticiero RCN TV fue emanado por la fuente, pues emitió un nota donde se aseguraba que Luis Gilberto Murillo se posesionaría en enero próximo, y emite un aparte editado de una entrevista – sin fecha clara- al actual presidente del Consejo Nacional Electoral, el ex parlamentario Juan José Vives, donde consigna su concepto de hace aproximadamente dos meses. El presidente del Consejo Nacional Electoral mal puede a la fecha asegurar lo allí expresado pues el resultado final de la votación, y entrega de credenciales dependerá de lo que decida la Comisión Escrutadora, y del resultado de las apelaciones o recursos contra esa decisión que deberá resolver el Consejo Nacional Electoral, una vez se agoten las etapas previas. El Consejo Nacional Electoral no se ha pronunciado de fondo sobre este tema, pues no se ha producido siquiera la decisión de los escrutadores, además no basta la opinión de un magistrado sino de la corporación en pleno que desde hace aproximadamente dos meses no se pronuncia al respecto, de manera oficial, como cuerpo colegiado.
Tanto la Comisión Escrutadora como el Consejo Nacional Electoral están a tiempo de rectificar, pues en materia de inhabilidades no hay derechos adquiridos. Además, semejante exabrupto solo le daría la razón a quienes creen que los consejeros electorales carecen de la legitimidad para pretender su discutible reelección, luego que recientemente se decretara la nulidad de dicho proceso por el Consejo de Estado. La redención del Chocó pasa por la selección de candidatos a la gobernación que se compadezcan de los estándares mínimos legales en materia de pulcritud del manejo de recursos públicos, transparencia electoral y respeto de las normas o estándares sobre inhabilidades respecto de candidatos criminales, esto es, condenados por delitos contra la administración pública.
Es precisamente el Chocó el departamento cuyo candidato a la gobernación concursa en tan aberrantes condiciones, otros condenados en el país son aspirantes a instancia de menor nivel en la estructura político administrativa del Estado, por lo que mantenerlo sería equivalente a hundir al Chocó como ejemplo de corrupción de cuello blanco con la sórdida complicidad de las autoridades electorales.
La corrupción en el Choco nos debería doler más que la de los Nule en Bogotá, y las medidas para contrarrestarla deberían ser tanto más ejemplarizantes o acaso es que ¿no nos duele el Chocô? Y desde el centro del país ¿Qué hacemos y hacen las autoridades electorales para salvar el Chocò y dar una mensaje claro al país en materia de transparencia electoral, pues en el futuro con semejante precedente un delincuente por encima de la ley podrá ponerse al frente de cualquier departamento y mediante un amago de legalidad lograr torcerle el cuello a la voluntad popular?.
Pdta. ¿Por qué sobre esa inhabilidad se callan los dirigente de partidos políticos como el Verde y diezmadas congresistas como Ángela Robledo como se lo dije esta semana en el debate - o mejor calificaría como su “falso positivo” al ICBF-, la ASI, Cambio Radical –pareciera que el cambio en materia anticorrupción regional no es tan radical como sería de esperarse-, o el propio lánguido partido conservador?
