Consejo de Estado vs acceso a la justicia

El Consejo de Estado aparte de ser  el tribunal supremo de los conflictos de particulares contra el Estado, y la vigencia  de las normas administrativas, es el que dirime las causas de pérdida de investidura o muerte política de parlamentarios en su Sala Plena. Este proceso clave, creado por la Constitución del 91 para moralizar la función parlamentaria y ser fallado en 20 días, sufre grandes tropiezos por la creciente morosidad en esa corporación, donde los términos se han vencido al punto de que algunos llevan cerca de años o más en su trámite.

El común denominador de los siguientes procesos de desinvestidura viene caracterizado por la creciente dilación en los mismos, la ampliación indefinida del periodo de pruebas y los caminos -por no decir laberintos o mejor vericuetos- jurisprudenciales que enervan tanto el accionar de la propia  justicia material como de los accionantes, denotando unos y otros una pereza -o quizás temor- evidente de esta corporación por judicializar a la clase política, cuyos  nexos  quedaron de manifiesto con la reciente Reforma a la Justicia que logramos hundir recientemente en este “el planeta de los orangutanes“ y sus sintomáticos avatares posteriores. Del dicho al hecho a veces no hay mucho trecho Así lo ilustran casos como el cartel de la contratación respecto del senador Iván Moreno Rojas y representantes a la Cámara como Germán Olano, entre otros. También, el representante a la Cámara por Atlántico Jaime Cervantes Varelo y sus familiares y dependientes del Congreso, terminaron beneficiados por el caso del cartel de los cupos escolares por votos, y más concretamente por asignar partidas educativas. De igual forma el representante  por Antioquia, Óscar de Jesús Marín, ilustra esta serie de hechos, por proponer y votar directamente en su favor, como Presidente de la Comisión Legal de Cuentas, el traslado de una investigación en su contra a la Contraloría General. -Estos  últimos vienen devengando sus salarios y decidiendo sobre asuntos cruciales  para el país, incluso pese a  la decisión del Consejo de Estado de  despojarlos de su investidura desde octubre pasado como es el caso extremo de Jaime Cervantes-. Procesos por cartel de la contratación buscan justicia  El caso de Iván Moreno Rojas  le correspondió el 3 de febrero de 2011  hasta hace unos días al presidente del Consejo de Estado, magistrado Gustavo Gómez Aranguren, con proyecto de fallo de fecha 12 de abril de 2012. El caso de Germán Olano, promovido el 2 de julio de 2010, lo adelanta la magistrada Bertha Lucia Ramírez de Páez, con proyecto de sentencia presentado por la misma desde 5 de septiembre de 2012. El caso de Óscar de Jesús Marín: yo te investigo… tú me absuelves El proceso del cual es ponente el magistrado Hernán Andrade fue un proceso que nació del apurado deseo del parlamentario, que como Presidente de la Comisión Legal de Cuentas, y en presencia de la Contralora Morelli, propuso, decidió y voto el traslado de una investigación fiscal  en su contra de la Contraloría  de Antioquia a la Contraloría  General, lo cual le está terminantemente prohibido por flagrante  conflicto de intereses. Este proceso se inició en el 2011, y registra proyecto de decisión desde el 27 de septiembre pasado, sin que hasta la fecha se haya decidido de fondo. Este proceso contó con concepto favorable de la Procuraduría General. El caso Jaime Cervantes Varelo representante del Atlántico: presupuesto, educación y conflicto de intereses  Este quizás es el más extraño de todos. Se inicio hace más de dos años,  tras un largo trámite el  pasado 16 de octubre fue despojado de su investidura, siendo ponente la magistrada María García González, sin embargo, este no ha impedido que gracias a maniobras de la defensa -recursos y nulidades y solicitudes de aclaración improcedentes o infundados- se haya mantenido ejerciendo como parlamentario, decidiendo temas tributarios como en el pasado diciembre por los cuales fue despojado de su curul y  continúe  con su grupo de asesores, y toda suerte de privilegios que le impedían haber incluso llegado al Congreso. Los votos  de Jaime Cervantes los obtuvo con la casi totalidad de los habitantes de Soledad -el municipio más pobre del Atlántico- que buscaban un cupo escolar subsidiado, y los cuales  fueron administrados directa o indirectamente por allegados como  hijos, varias excompañeras permanentes, compañera actual, exdependientes del Congreso e incluso miembros de su equipo asesor. Quizás,  por todo esto  se podría explicar  la razón por la que  la totalidad de los jurados fueron cambiados el día de las elecciones. Misceláneos: Álvaro Dávila: preso privilegiado en el patio equivocado. ¿Dónde está el Inpec? La normatividad carcelaria, que debiera acatar el Inpec, expresamente prohíbe que el sitio de reclusión al cual fue traslado el capo del cartel de la contratación, el abogado Álvaro Dávila, sea el pabellón llamado de la “parapolítica”, pues allí solo pueden ser internados los congresistas –como Iván Moreno-  y aforados. Es ilegal hasta el lugar de reclusión,  para Álvaro Dávila, por ser un simple particular. El ingreso a dicho pabellón privilegiado se podría entender  -dado que lleva una larga  trayectoria  al servicio de los intereses oscuros de la ciudad, y sus insondables  nexos con la clase política capitalina-,  sin deseos de exagerar, que Álvaro Dávila es quizás el dueño de la estrategia mediática y jurídica -bien afinadas- para que Emilio Tapia, Julio Gómez  y él mismo, fueran solo capturados recientemente, casi a pesar de la propia Fiscalía General de la Nación. @pablobustossanc