“Contrarrevolución” agraria

Las propuestas oficiales para adelantar la “gran revolución agraria en el país” sorprenden, pero no por novedosas. Además de no resolver los problemas estructurales del campo, podrían desatar un impacto negativo sobre la frágil economía rural. La creación del fondo para distribuir parcelas entre labriegos “sin tierra”, necesitará más de un blindaje contra el fracaso, para no repetir 50 años de reformas agrarias, que terminaron por abandonar al campesino y alimentar la acumulación patrimonial de narcotraficantes, guerrilleros y narcotraficantes. Pero hoy vuelven sobre la equivocada visión fiscalista de la “actualización catastral”. Una vía que puede convertir esta herramienta y al Impuesto Predial, en una exacción ruinosa para campesinos y productores. El paro por la dignidad cafetera que ayer se conjuró, deja entrever la verdadera realidad del campo. Un campo de pequeños y muy pequeños productores, con rentabilidades negativas y graves necesidades insatisfechas. Pero, la caracterización del café no difiere sustancialmente de la condición de otros sectores, incluido el ganadero. Aunque se le acuse de latifundista, la realidad muestra que 415 mil propietarios –82% del total sectorial– mantienen una economía campesina, con rentabilidades que en el último lustro cayeron más del 17%. En consecuencia gravarlos como se ha venido haciendo, a través de onerosas estimaciones catastrales, es profundizar la brecha de pobreza, más aún en momentos que requieren reconvertirse para hacer frente a los TLC. Un Impuesto Predial más alto para un campesino, es como quitarle el pan de la boca. Y no sería extraño que muchos se vieran abocados a dejar de pagarlo, acosados por la creciente estructura de costos para producir o atender su precario bienestar. Cuando no a enfrentar el límite de sus posibilidades económicas, hasta el punto de vender su predio y salir expulsado de la ruralidad. La contribución se convierte así en una exacción que aprovechan los grandes y, especialmente, aquellos que no necesitan la tierra para trabajar, sino como instrumento de control territorial o para actividades, en no pocos casos, criminales. Sabemos que existe un conflicto entre vocación y uso del suelo y que necesitamos definir una política catastral que genere dinámicas productivas y socio-económicas virtuosas, de tal manera que con el tiempo se logre calzar la vocación con el uso. Pero ello sólo será posible en la medida en que el catastro sirva, además de los fines fiscales, como un instrumento de reordenamiento espacial de la producción rural, que incentive el uso adecuado y castigue, económicamente, los conflictos que hoy se derivan del uso que no corresponde con la vocación. El avalúo catastral rural subió 213% en la última década, al pasar de $30 billones a $94 billones. Es más, en 46 municipios donde se hizo actualización y formación catastral en 2012 los aumentos superaron el 300% y el 500%. En Barranco de Loba o en Norosí (Bolívar) –donde más del 80% de la población rural tiene necesidades básicas insatisfechas– la variación fue de 1.022% y 912%. Igual ocurrió enPiamonte (Cauca) y Ayapel (Córdoba) donde crecieron más del 700%. Ello explica por qué en muchas áreas donde el tamaño del la UAF sólo busca compensar las deficiencias agroecológicas de los suelos para producir, las tarifas del Impuesto Predial terminan siendo superiores por unidad de superficie que las más pequeñas. Recordemos que de 50 millones de hectáreas agropecuarias, sólo 541.304 son “excepcionales”. Las demás requieren inversiones. Pero, contra toda lógica, la política impositiva en lugar de estimular, reprende. Urge definir una política catastral. En eso estamos de acuerdo. El ajuste –que debe contemplar una reforma en la legislación del Impuesto Predial– debe partir de una nueva metodología para fijar los avalúos, en consonancia con la capacidad productiva y la rentabilidad de los predios –acorde con la riqueza de los suelos, vocación y rentabilidad de cada actividad productiva–. Con una prerrogativa: un régimen de estímulos a la inversión para el uso adecuado de la tierra. Es decir, progresividad y equidad fiscal, para habilitar un campo sostenible y sustentable.