Contratación de sables y hamacas en el Ejército bajo lupa

Uno de los sectores más huérfanos de control en la contratación pública es, paradójicamente,  donde el volumen contractual es mayor y más cuantioso. Me refiero especialmente donde este es más requerido: el Ejército Nacional. Son frecuentes las quejas de quienes, a través del “halloween contractual”, se quedan amañadamente con un pedazo de país en sus  sórdidas chequeras, de ahí el deber de proteger el erario público, pese a las dificultades propias de vigilar como ciudadanos a quienes ostentan el “monopolio” de las armas y de la fuerza, especialmente cuando esta actividad de control se afectan intereses de musculosas firmas relacionadas con militares en ejercicio o retirados. Por esa razón uno labora en una especie de campo minado contractual, o en medio del fuego cruzado de proponentes, y hasta en medio del fuego amigo de omisivos órganos de control. Ejemplo de ello son  las licencias de porte de armas que facilitan la ilegalidad y ponen en peligro a la ciudadanía desarmada —y especialmente a nosotros, escasos militantes de la filosofía de la no violencia—, los emblemáticos sables y su direccionamiento para instrumentar la bolsa mercantil y sus corredores, o la inminente compra de miles de toldillos de campaña sin asegurarse de la protección debida contra insectos tropicales que terminaran costándole vida y suerte a miles de soldados patrios. Ruido de sables I. Hace unos  pocos  meses denunciamos en esta columna, y en otros medios, el manejo dado a la contratación de sables en el Ejército Nacional, donde se logró mostrar la alta concentración de esta contratación en manos de dos firmas, comercializadora de un mismo fabricante de propiedad de una firma oriental. Además se evidenció cómo la exigencia de experiencia en ventas al Ejército de estas espadas no terminaba sino impidiendo la libre concurrencia  de otros posibles proponentes, que incluso con mejores sables y menor precio fueron excluidos arbitrariamente de ese proceso licitatorio. Tal licitación fue finalmente declarada desierta. Tratando de rectificar al permitir una escogencia abierta y con una pluralidad real de oferentes, el Comando del Ejército dispuso que tal contratación debiera realizarse a través de la Bolsa Mercantil de Colombia. Pero la sorpresa es que con la apariencia de cambio se mantuvieron e incluso se apretaron las clavijas para que solo participaran las firmas comercializadoras que tradicionalmente han vendido los sables, manufacturados por una  misma empresa de origen indio. De esta forma, con la apariencia de cambio se ha pretendido llevar al ejercicio de mercado abierto dicho contrato, sobre el cual tanto la Bolsa Mercantil de Colombia como la firma corredora de bolsa deberán definir las medidas para evitar que se excluyan firmas idóneas que distribuyan otros  reconocidos fabricantes, en condiciones de calidad muy superior incluso a las actuales. Ya logramos que la Bolsa Mercantil aplazara la apertura de la subasta, y esperamos que termine declarando nuevamente desierto el proceso.  En cualquier caso, cambiando las reglas de juego que aseguren una real y no solo aparente pluralidad de oferentes, sobre la base de alternativas de calidad superiores, pues los sables entregados en los últimos años que han servido para condecorar y promover miembros de la fuerza pública no han pasado el examen ni de calidad, ni de honor, ni de transparencia. Son otra vergüenza nacional. Las hamacas de los soldados y el falso dilema de los insecticidas en toldillos Estudios muestran que los insectos tropicales causan tantas o incluso más bajas al Ejército colombiano que la propia guerrilla, incapacidades e indemnizaciones por más de $30.000 millones al año. Para enfrentar el problema, con base en recomendaciones científicas se decidió por primera vez exigir impregnar repelentes en hamacas y  vestuario.  Paradójicamente,  a sabiendas de la importancia de la utilización de repelentes idóneos para proteger la vida de la tropa, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares ha aceptado sin sonrojarse que firmas que carecen de certificación alguna para el uso de repelentes participen en un proceso contractual,  pese a que tal exigencia está expresamente en los pliegos. Es decir,  después de que el Ejército realizara estudios técnicos previos que con razón aconsejaban el uso certificado de insecticidas idóneos, de manera extraña de la noche a la mañana termina permitiendo que quien no acredita ninguna idoneidad en este proceso pueda quedarse con el contrato, poniendo en riesgo  evidente a los mismos de soldados. Lo grave es que lo que parecía un avance —la impregnación de los toldillos con insecticidas— terminara siendo una burla, un elemento adjetivo, como si la vida y salud de los soldados fuera un asunto de menor significación. Más aún, las firmas certificadoras quedaron en entredicho pues llegaron a conclusiones distintas decidiendo a su antojo certificar y realizar las pruebas de laboratorio en unos casos, y en otras expresar que no se hallaba en condiciones de certificar. ¿Quien le responderá a los miles de soldados y sus familias, que puedan perder su vida, o tener incapacidades vitalicias por la simple falta de cuidado del proceso de compras respectivo, y para el cual se han dispuesto millonarios recursos? ¿Será que la Agencia Logística de las Fuerzas Militares asumirá la responsabilidad, o por el contrario adoptará —como le solicitamos— las medidas preventivas para asegurar la protección de la tropa haciendo efectiva en este o en otro proceso la exigencia de salubridad y protección de quienes, nada menos, van al frente de batalla? www.redver.org reddeveeduriasdecolombia@gmail.com @pablobustossanc