Corruptos sin título

Ya que estamos ad portas de arrancar con el debate oficial en el Congreso sobre la reforma a la Ley de Educación Superior, sería saludable no dejar pasar esta oportunidad para vincular a las universidades, de manera efectiva, a la lucha contra la corrupción. Aunque el asunto se sale del meollo que concentra la discusión actual con rectores públicos y privados sobre la conveniencia de la implantación de universidades con ánimo de lucro para aumentar la cobertura (cuestión, junto con otras, desarrollada en columna anterior), la gravedad del mal exige que desde las instituciones educativas surjan, con creatividad y diligencia, aportes para combatir eficazmente este vergonzante flagelo. Así como la universidad debe velar por la idoneidad de sus egresados en la rama profesional del conocimiento en la cual se gradúan, igual lo debe hacer con la condición ética de esos profesionales. Entonces, surge aquí una propuesta. A juzgar por el resultado de descomposición moral que arrojamos como sociedad, donde el afán de lucro devora a la ética, es mucho lo que las universidades están llamadas a emprender en cuanto a las revisiones curriculares de las materias relacionadas con la ética y el deber ser. ¿Con qué propósito? Con el de producir profesionales realmente éticos. Pero, así como se debe alcanzar esa formación, también deben tener las universidades la obligación de anular el o los títulos profesionales de los egresados condenados en casos de corrupción fallados por la justicia. La condición profesional otorgada por una institución de educación superior además de representar un proyecto de vida en el cual se han invertido muchos años y recursos y permitir a los individuos acceder a contratos o a puestos, públicos o privados, es vehículo para construir el tejido social en que se mueven, adquieren prestigio y proyectan su vida y la de su familia; entonces, resulta muy probable que exponerse a perder su o sus títulos universitarios, y con estos todo lo que representan, por incurrir en prácticas corruptas (por acción u omisión), sea un riesgo que la mayoría de individuos no esté dispuesto a correr. Todo indica que el ablandamiento de castigos y sanciones, léase rebajas de penas (al amparo de figuras como el principio de oportunidad y otras, que inicialmente se aplicaban a los casos especiales de los grupos armados al margen de la ley) tan de moda ya en la justicia ordinaria, ha minimizado el temor de quienes optan por ser corruptos. En el debilitamiento del temor a la justicia puede estar la explicación a tanta corrupción. La drasticidad de la anulación de títulos profesionales puede  provocar ese temor. A ver si tal sanción impuesta por las universidades lo logra. El Congreso debería esmerarse en revisar iniciativas de esta índole para que sean incluidas en la nueva Ley de Educación Superior.