El expresidente Uribe padece Alzhéimer. Pero no es aquella enfermedad mental progresiva y conocida por la pérdida de memoria. Sus “olvidos” son más bien ideológicos, y una descarada maniobra política. Sin sonrojarse, él y sus súbditos adelanta una cruzada autodenominada “resistencia civil”, con la pretensión de deslegitimar de antemano la refrendación popular en las urnas de los acuerdos de paz con la guerrilla. “No puede haber paz con impunidad”, han dicho. Declaran inadmisible la elegibilidad política de los exguerrilleros. Y sentencian que no debe negociarse con una guerrilla como las Farc, que no dudan en calificar como el “cartel de cocaína más grande del mundo”.
Bastante selectiva la memoria del expresidente. Buena parte del país recuerda el proceso de negociación que su gobierno adelantó en Santa Fe de Ralito y el acuerdo firmado el 15 de julio del 20003 que condujo a la desmovilización de 34 bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia –Auc- y de 31.671 paramilitares. Además, 20.732 desmovilizados individuales entre agosto del 2002 y enero del 2010 pertenecientes a distintos grupos armados, quienes recibieron los beneficios de reinserción previstos por el Gobierno de Uribe. Son desmovilizaciones de organizaciones y personas estrechamente vinculadas al narcotráfico, cuyas estructuras mafiosas se mantuvieron intactas o no fueron desmontadas, como ocurrió con la conocidas “Oficina de Envigado” o “Banda de la Terraza”. A la mutación de estas estructuras debemos la existencia de las denominadas Bacrim.
Pero, además de la naturaleza mafiosa y narcotraficante predominante en estos grupos que Uribe y su Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, se propusieron ocultar, ante sus ojos, en pleno proceso de negociación, desfilaron los “gordolindos” y los “donbernas”, típicos mafiosos disfrazados con brazaletes de contrainsurgentes. Y fue bochornoso el espectáculo de compra de franquicias de las Auc por parte de carteles de la droga en varias regiones del país. Estos errores, por decir lo menos, son los que el expresidente quiso corregir extraditando abruptamente a Estados Unidos a 14 jefes paramilitares cabecillas de las Auc desmovilizadas. Esa decisión la calificaron los paras como una traición del Gobierno, y algunas organizaciones de derechos humanos interpretaron como una estrategia uribista para evitar que estos contaran toda la verdad de sus actuaciones.
Es evidente que la lucha de Uribe contra la impunidad en el proceso de paz con las Farc olvida su generosidad en el tratamiento de los crímenes de guerra en su negociación con los paras. El 21 de agosto de 2003, presentó ante el Congreso de la República el proyecto de “Alternatividad Penal” como marco jurídico para la desmovilización paramilitar. Este proyecto no preveía ninguna pena privativa de la libertad para los paras reinsertados, así estos hubiesen cometido crímenes atroces o delitos de lesa humanidad. En el artículo 2 del Capítulo II del proyecto de marras, se establecía la “suspensión condicional de la ejecución de la pena para miembros de organizaciones al margen de la ley cuando se encuentre comprometida la paz nacional”. La suspensión de la pena debería hacerla un juez, previa solicitud exclusiva y discrecional del Presidente. Este Proyecto fue cocinado con los asesores jurídicos de las Auc y promovido por sus parlamentarios amigos, y hasta se autorizaron la vocería política y la visita al Congreso de la Republica de Salvatore Mancuso, Ernesto Báez y Ramón Isaza.
Para este Alzhéimer de Uribe, resultan útiles las palabras de Fernando Londoño Hoyos, su entonces ministro del Interior, cuando, muy convincente, advertía que “todo armisticio implica un poquito o un mucho de impunidad. No se castiga, pero a cambio se consigue la paz”. Quizás le ayude a recuperar la memoria y a desmontar su resistencia a la paz.
