Los casos de Javier  Cáceres  -“el Cacerazo”- y el de Germán Olano e Iván Moreno –“la Bogota Negativa”- suelen verse como completamente distintos, pero cabría preguntarse ¿cuál es su relación estratégica?

Lo primero que hay que decir es que los dos casos están, judicialmente hablando,  dorándose bajo la estela de luz de la lupa de Red Ver, la Red de Veedurías de Colombia, que también es la que ha impulsado, de manera emblemática, los procesos de muerte política ante el Consejo de Estado, tanto de Cáceres como de Olano y Moreno.

Pero eso no es todo. Ha sido la veeduría ciudadana, este instrumento legal, la que ha servido de soporte público para revivir las acusaciones en el caso de Etesa (millonarios recursos de la salud que fueron saqueados), que entonces languidecía, porque se pensaba que el plato fuerte de la para-política era entonces intocable “Chuzo”. Ahora el tema que más parece trasnochar al ex senador es justamente el de Etesa.

Eso por el lado de Cáceres. Y en cuanto a Olano y Moreno, ha sido precisamente la Red Ver la que ha contribuido en el escalamiento del escrutinio público y la visibilización del llamado “cartel de la contratación”. En este sentido, habilitó espacios que después ocupó la polista Comisión de Seguimiento, y abrió el camino de confianza pública para la delación de los Nule. Claro está, previa la destapada del casete que se llevó a Olano, y que moralmente enterró al Contralor Distrital, Miguel Ángel Moralesrussi, a quien la justicia ni los órganos de control aún no le han echado muela.

La otra relación entre ambos casos es por contraposición en la estrategia de los cuestionados. La “estrategia Cáceres” siempre se orientó a solicitar que se le investigara por todo, incluso por cuanto anónimo en su contra circulaba.  A este la compulsión hacia la auto acusación lo llevo incluso a promover una acción de pérdida de investidura  ante el Consejo de Estado contra el mismo, que por supuesto fue rechazada de plano. Este absurdo legal nunca se había dado en las cerca de dos décadas de existencia de esta figura de muerte política y por supuesto desde entonces sus batallas legales comenzaron a desmoronarse como castillo de naipes.

En cuanto a los Moreno en Bogotá, como la versión cachaca de la respuesta al cuestionamiento público, se abstuvieron de pronunciarse. Quisieron pasar de agache, aguardar a que pasara la tempestad. Solo hasta el final enviaron su guardia  pretoriana de denuncias y acciones legales, que terminarán poniéndolos aun más contra las cuerdas.

Para terminar, el caso de Bogotá, que llamamos la “Bogotá Negativa” –contra el eslogan de la “Bogotá Positiva”- llegó al extremo que, según documentos que aportaremos a la Fiscalía y a la Procuraduría, el propio Alcalde y varios directivos del IDU habrían sido informados meses atrás sobre las posibles irregularidades que ahora son de público conocimiento y al alcalde Samuel Moreno, en lugar de investigar o contarle a las autoridades, le habría dado por el “tapa tapa”, tratando de impedir su divulgación, tratando de contener el inevitable escándalo. Anticipamos que esta semana promoveremos nuevas acusaciones ante la Fiscalía y la Procuraduría contra el Alcalde y su séquito en el enclave del IDU.

Y si en la Alcaldía llueve, en la Procuraduría General de la Nación no escampa. Recientemente, la RED VER había formulado una queja contra el procurador Ordoñez por el apresurado archivo, el 19 de junio de 2009, de la investigación que por sus nexos con el paramilitarismo se adelantaba contra el hoy detenido Javier Cáceres “El Chuzo”.

En esta misma denuncia, la RED VER pidió que se investigara la presencia de familiares del Procurador General en la UTL (Unidad de Trabajo Legislativo) de Cáceres, incluida Catalina Maldonado, quien sería sobrina Ordoñez.

Esta queja contra el Procurador General, será  ampliada ante la Corte Suprema por RED VER por los casos públicamente informados: Ana Carolina Lineros Hernández, sobrina política del Procurador General, fue vinculada a la UTL de Cáceres. Fabio Yesid Castellanos,  ahijado de Cáceres fue promovido en la Procuraduría.  Juan Gabriel López Bautista, concuñado del Procurador y Jorge Moncada Rojas, novio de la hija de Ordoñez y próximos a casarse, habría recibido como anticipado regalo de bodas su  nombramiento como Jefe de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General.

Si esto es así, es claro que el Procurador debe o bien renunciar o ser ejemplarmente sancionado por procedimiento verbal por la Corte Suprema de Justicia, a fin de que esta siga rindiéndole tributo a su merecida honorabilidad.

¿Acaso no es esta la única forma de evitar que el país se hunda sin regreso en el “despeñadero moral” señor Procurador?