Resulta explosiva la primera declaración judicial rendida por Inocencio Meléndez, el exasesor Jurídico del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), entidad donde se cocinó el plato fuerte del cartel de la contratación en Bogotá: TransMilenio, malla vial y valorización. Meléndez habló ante el Consejo de Estado dentro del proceso de pérdida de investidura que se tramita contra el senador Iván Moreno Rojas. Pero los alcances de sus declaraciones no alcanzan a explicarse en una mera columna. Sería mejor una novela por entregas. En cualquier caso, lo que sí ilustra su testimonio es el concepto de ‘para-administración’, integrado en parte por los contratistas Julio Gómez y Emilio Tapias, y el abogado Álvaro Dávila, quienes manejaron a su antojo la administración Distrital.
Inocencio Meléndez no solo da cuenta de cómo Iván Moreno habría negociado con los cuestionados empresarios Nule el pago de una ‘coima’ o ‘mordida’, consistente en las estaciones de gasolina de la vía Bogotá-Girardot, sino que señala la forma en que el senador Moreno y su hermano, el suspendido Samuel Moreno, habrían participado de manera sistemática en la contratación estratégica del Distrito.
Meléndez también reveló que las hojas de vida para la dirección del IDU pasaban primero por Julio Gómez –quien puso a Liliana Pardo – y luego por Emilio Tapia –quien le aportaba a Iván Moreno votos y gruesas sumas de dinero a la campaña para el Congreso– antes de ser presentados al Alcalde Moreno. La relación, o mejor imposición de funcionarios y contratistas por parte de Iván Moreno, puede explicar cómo Julio Gómez, quien escasamente terminó su bachillerato, hubiera entrado de manera sorpresiva a las grandes ligas de la contratación en Bogotá y de la noche a la mañana se adueñara de un emporio que incluía aeronaves, propiedades y empresas en Colombia y el exterior.
Néstor Eugenio Ramírez Cardona, exalcalde de Manizales, habría sido, por ejemplo, cuota directa de Iván Moreno a través de Emilio Tapia en su arribo a la Empresa de Renovación Urbana (ERU) y luego al IDU.
Meléndez explica la manera en que Iván Moreno habría copado burocrática y contractualmente el IDU, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), coto de caza a cargo de Álvaro Dávila y del contratista Manuel Sánchez.
La ‘para-administración’ no habría sido sólo distrital sino nacional. Meléndez da nombres. Revela cómo maniqueamente sólo dos de 18 funcionarios del comité de adjudicaciones del IDU están siendo procesados, y cómo el comité especial que creó Lucho Garzón para la adjudicación de la Fase III –realizada un 28 de diciembre– fue protagonista de la nefasta cesión de ese contrato a Conalvías. Capítulo aparte merecen los abogados de los Nule, quienes sin sonrojarse siquiera pasaron a ser los mismos de Conalvías, que en teoría son su contraparte.
Es decir, la ciudad no fue cooptada, ni capturada, sino copada y rebozada por una estructura mafiosa de carácter invisible o paralela –entiéndase cartel– que imponía sus intereses, respecto de los cuales la administración servía apenas como ritual o forma para exteriorizar una voluntad criminal organizada, bajo la fachada del interés general. Toda esta estructura ilegal no encontraba diques en la administración central, menos en los órganos de control, y mucho menos en el aparato judicial.
