El fracaso del control de tránsito y la inutilidad del Fondo de Prevención Vial

12 de noviembre del 2010

En agosto de este año las autoridades reportaron más de 20.000 comparendos impuestos sólo a borrachos. Imagino que a diciembre la cifra será muy superior. Para algunos se trata de un alarmante indicador del grado de desprecio por la vida ajena que muestran miles y miles de compatriotas. A otros, en cambio, nos parece que […]

En agosto de este año las autoridades reportaron más de 20.000 comparendos impuestos sólo a borrachos. Imagino que a diciembre la cifra será muy superior. Para algunos se trata de un alarmante indicador del grado de desprecio por la vida ajena que muestran miles y miles de compatriotas. A otros, en cambio, nos parece que se trata de un alarmante indicador de la inutilidad del Fondo de Prevención Vial, del fracaso de las tareas de control de tránsito a cargo de los departamentos y municipios y de una campanada de alerta sobre el rol que viene desempeñando la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía.

Cada nuevo reporte de infracciones y comparendos resulta superior al anterior. ¿Cómo es posible que aumenten esos casos en cambio de disminuir? A mediados de 2010, la Policía dijo haber impuesto 9.291 comparendos en todo el país a conductores ebrios, frente a 8.735 durante el mismo lapso en el 2009. Pero, ¿por qué no baja las cifras de infractores?

Una conclusión inicial es simple: en Colombia tenemos alergia al concepto de prevención. Las tímidas y casuales iniciativas existentes, casi todas las veces, son torpes. Las autoridades concernidas, sin embargo, parecen estar conformes con la actual situación y se contentan con advertir que deambulan al volante un mundo de irresponsables borrachos asesinos,  que deben erradicarse como si fueran bacterias.

¡No señor! No podemos aceptar un debate limitado a los criterios de la prensa amarillista, al ‘farandulismo’ de fiscales oportunistas o al expediente primitivo e inútil de ciertos legisladores que salen a gritar: ¡Aumento de penas! o ¡eliminación de subrogados penales! o ¡no a casa por cárcel! o ¡no más leyes de juguete! o ¡prohíbase consumir licor en carros particulares! o ¡endurezcamos el código de policía capitalino! o ¡transpórtense las bebidas alcohólicas en el baúl de los carros!

¡Qué cómodos, por favor! Resulta muy fácil pedir castración para violadores y cadena perpetua para conductores borrachos. Pero qué difícil es poner algo de imaginación a la solución de los problemas públicos.  El debate no se puede reducir así y, mucho menos, a las típicas propuestas de funcionarios sin imaginación como aquella de incrementar las pruebas de alcoholemia y jugar a la fracasada estrategia de hacer cumplir la norma por la amenaza de una sanción.

No. Hay que buscar hacer cumplir la norma, inicialmente, con políticas de prevención, con argumentos acerca del valor de la prohibición e involucrar a las entidades que tienen monopolio rentístico y definen sus presupuestos en función de las borracheras de los ciudadanos, a los comerciantes que se lucran de emborrachar a ciudadanos y a las familias que celebran viendo las gracias de sus hijos, padres o hermanos ebrios.

Pero volvamos al tema preocupante: no sólo no rebajan las infracciones por conducir borrachos sino que aumentan. Si esa situación es normal para las autoridades, ¿para qué necesitamos el Fondo de Prevención Vial? Los de ese fondo, y todos los concernidos, dirán que no tienen presupuesto. Y eso nos conduce a una de las más peligrosas distorsiones de nuestra administración pública: los municipios y departamentos convirtieron las multas de tránsito en fuentes de financiación de tareas corrientes.

Las multas de tránsito, sin que a nadie le importe, vienen perdiendo su original sentido preventivo o conminatorio para adquirir un propósito punitivo y fiscalista o rentístico. Qué bueno sería saber, sin cifras maquilladas, qué hace el distrito o qué hacen los municipios con las platas de los comparendos. Es obvio que esas platas no se van a prevención. ¿A dónde van entonces?



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