Casi siempre estamos pensando en hacer reformas de fondo para resolver los principales problemas económicos y sociales: tributarias —cada par de años—, a la justicia, a la política, a la salud, a la educación, etc. Nos hemos convertido en una especie de país improvisado, en obra negra permanente, que vive de ensayos en ensayos, y en donde a cada problema se le aplica una o varias normas escritas, leyes, decretos, resoluciones y declaraciones, que suelen pensarse como reformas de fondo, pero no resuelven nada, y terminan consolidando las situaciones que pretendía reformar y creando un escepticismo general y pérdida de confianza en el Gobierno y el Congreso.
Ahora le toca el turno a la reforma pensional, que es, por cierto, una de las más complicadas y necesarias, así su aplicación sea hacia futuro y no se aplique retroactivamente. En muchos países de altos, medios y bajos ingresos se vienen adelantando reformas al régimen de pensiones, las cuales consisten principalmente en ajustes a los principales parámetros: edad de jubilación, semanas cotizadas, nivel de la cotización y del Ingreso Base de Cotización (IBC), y tasas de reemplazo, esto para enfrentar condiciones determinadoras del equilibrio de los sistemas, asociadas, sobre todo, con el aumento de la expectativa de vida, el cambio en la relación de población cotizante y población pensionada, y la disminución de las reservas técnicas para sostener los pagos futuros.
En Colombia también compartimos con los países más desarrollados los problemas derivados del envejecimiento demográfico. En los próximos años la disminución relativa de la población cotizante potencial y los factores que determinan los desequilibrios entre ingresos y pagos hará casi insostenible el sistema pensional, trátese de Colpensiones o de fondos privados. En dos décadas, los mayores de 60 años serán cerca del 15 % y no crecerá el número de cotizantes por razones de menor fecundidad y por tasas de empleo estancadas, acompañadas de la informalidad laboral, lo cual incidirá negativamente en la constitución de reservas técnicas. Además, la expectativa de vida de los mayores de 60 años está aumentando (hoy cercana a los 80), lo cual significa que disfrutarán de períodos de pensión más largos.
Cualquier cambio en las reglas de juego debe partir de proyecciones demográficas y económicas que permitan predecir los ingresos y gastos de la seguridad social en pensiones y salud, por lo menos en los siguientes cincuenta años. Existe preocupación en los centros de pensamiento económico como la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) y Fedesarrollo por el gasto fiscal futuro que implica las obligaciones de Colpensiones y la garantía de pensión mínima en el Régimen de Ahorro Individual (RAI) a cargo del Estado. Las obligaciones fiscales (o valor presente) suponen, en este momento, alrededor del 115 % del PIB, pero podrían doblarse en 25 años. Hoy se presupuestan 41 billones de pesos para el pago de pensiones, pero esta suma podría mantenerse o subir, en contravención de las proyecciones anteriores, que mostraban un descenso prolongado en los próximos 30 años.
Sin embargo, en materia pensional tenemos otras dificultades, de las cuales la más apremiante, por la desprotección social que implica, es la bajísima cobertura, tanto de pensionados, que apenas alcanzan a ser el 25 % de los que deberían disfrutar de estas prestaciones (o el 45 % si incluimos otros sistemas complementarios), como de cotizantes activos, que apenas llegan a la mitad de los afiliados de ambos regímenes, cuando deberían ser por lo menos el 80 % de estos —actualmente son menos de 9 millones—, si aspiramos a constituir reservas suficientes para las exigencias de las próximas décadas.
El sistema de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) y Colombia Mayor son dos programas complementarios, adoptados para buscar equidad entre los que pueden cotizar como afiliados al sistema general y los que no están en posibilidad de hacerlo. En BEPS más de un millón de personas hacen un aporte menor que el Estado completa con un costo de cerca de 100.000 millones de pesos cada año, y en el programa de Colombia Mayor las personas que no están en capacidad de cotizar reciben 250.000 pesos mensuales, cerca del 40 % del salario mínimo legal vigente. Mientras no exista otra solución, estos programas deben mantenerse.
Desde hace más de 30 años, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha propuesto un sistema de pilares, como funciona en muchos países, con un pilar básico obligatorio para quienes puedan cotizar y subsidiado para los estratos más bajos, administrado por el Estado, en este caso Colpensiones; otro para cotizantes con capacidad de conformar un ahorro individual en el sistema RAI, o grupal en el régimen de prima media; y un pilar voluntario, que podría ser de prestación o cotización definida. En ningún caso debería marchitarse Colpensiones, como piden algunos gremios privados. Es mejor tener los huevitos en varias canastas.
Un asunto preocupante es el de la inequidad por los subsidios que reciben los pensionados de los estratos más altos. Esta situación debería corregirse para llegar a diferencias racionales, donde se tengan en cuenta las necesidades de la población pensionada y, desde luego, los aportes realizados durante la vida laboral. Cabe señalar que las tasas de reemplazo en Colombia son muy altas comparadas con las de otros países, como Estados Unidos, donde suelen ser el 40 % de lo devengado en los últimos años, frente a las nuestras que son superiores al 75 %.
Ojalá que el Poder Ejecutivo elabore un proyecto de reforma pensional que solucione en el largo plazo algunos de los problemas enunciados arriba, sin afectar hacia atrás las reglas de juego, y que sea posible adelantar un debate inteligente, profundo y tranquilo en estas sesiones del Congreso, sin demasiada interferencia de grupos de interés. No se sabe hasta qué punto está preparado el parlamento colombiano para adelantar una discusión que no solo es política, sino que tiene tantas aristas técnicas, y que interesa no solo a los actuales cotizantes, sino a las generaciones futuras.
