El rostro de la justicia

Luego de la captura de Santiago Uribe, propia de una justicia espectáculo, con tinte más político que jurídico, acontecieron muchas circunstancias que sin duda no parecen mera coincidencia. Las Farc salieron a celebrar la medida como si se tratara de otra exigencia concedida; algunos sectores políticos que han presionado el apoyo del Centro Democrático al acuerdo de justicia entre las Farc y el gobierno, utilizaron el acto para legitimar su insistencia sobre la base de inculpar a un URIBE como criminal de lesa humanidad: y lo que es peor, no faltaron las voces del gobierno que sostuvieron que el Centro Democrático pretende estar por fuera de la ley sin sanción alguna. En medio de estas sincronizadas coincidencias queda claro que lo que se pretende es tratar de identificar al Uribismo como un movimiento político que valida y encarna el pensamiento del paramilitarismo. Quizás por eso se pretenda quitarle la voz que reclama paz sin impunidad y sencillamente obligar su respaldo vergonzante a la justicia transicional. La verdad es que Colombia es un país paradójico. Cuando los grupos paramilitares surgieron en los años ochenta, los gobiernos que con actitud indiferente dejaron avanzar semejante fenómeno nunca fueron tildados de paramilitares. Tampoco lo fueron los gobiernos que a comienzos de los años 90 facilitaron alianzas con esos criminales para enfrentar el cartel de Medellín, legitimando de alguna manera su existencia. También eludieron sus responsabilidades los gobiernos que a mediados de los 90 fueron meros espectadores de la creación de las Autodefensas Unidas de Colombia o aquellos que dejaban, sin ruborizarse, dar entrevistas en horario triple A al sanguinario Carlos Castaño. No, ellos nunca fueron acusados del auge y poderío paramilitar. Lo raro es que el gobierno que decide enfrentarlos, concentrarlos y someterlos a la ley sin congresito, plebiscito, marco institucional a la medida, es el gobierno acusado de paramilitar. Además, resulta que el gobierno que encarcela los cabecillas y los extradita, asegurando su regreso para someterse a la justicia colombiana luego de purgar penas en el exterior, es el gobierno que quieren tildar de paramilitar. También en medio de este contexto del absurdo, preocupa lo que ha ocurrido con Santiago Uribe. Se le capturó con la espectacularidad de un delincuente peligroso por un proceso frente al cual ha respondido a todos los llamados de la justicia y frente al cual existían previas desestimaciones de la Fiscalía. Ahora las motivaciones de la reapertura del proceso son generadas por testigos cuestionados, por años amparados por regímenes como el de Venezuela y con dudosos patrones sicológicos. Además, se habla en los medios de flácidos testimonios verbales de criminales perseguidos y encarcelados en el gobierno de Álvaro Uribe. Es preocupante que el órgano que acusa a Santiago Uribe sea el mismo que lo captura y aísla sin pasar por un juez de garantías, con el argumento de legislación anterior. Pero más preocupante aún es que un ser humano que siempre ha puesto la cara ante la justicia no pueda ejercer su defensa con la libertad. Colombia necesita una justicia con un rostro diferente. Una justicia donde prime el contenido al espectáculo, donde los falsos testigos sean desestimados en cualquier proceso y tengan penas ejemplarizantes, donde el contexto probatorio sea sólido, donde se pueda ejercer el derecho a la defensa sin la presunción de culpabilidad encarnada en una detención ilimitada, donde se tengan más instituciones que el protagonismo de sus cabezas organizacionales y donde la política esté desterrada de las motivaciones judiciales. Con la captura de Santiago Uribe no se puede pretender deslegitimar la voz de un partido, ni sus sólidas reclamaciones frente al acuerdo de justicia entre las Farc y el gobierno. Ese pacto tiene impunidad en toda su estructura, mimetizada en las múltiples sutilezas del lenguaje. El paramilitarismo y las Farc son monstruos gemelos en su accionar criminal por lo cual se les debe exigir penas carcelarias a sus máximos responsables y su no elegibilidad política futura, además de la verdad y la reparación monetaria a sus víctimas. Parece curioso, pero al mirar el rostro de la justicia nos damos cuenta que en nuestro país no es ciega. Por el contrario pareciera observadora y selectiva. Mientras quienes han combatido a la criminalidad son acusados de paramilitares y quienes han puesto la cara para responder ante la ley son capturados, el gobierno se dispone a adornar el tapete rojo para que las Farc hagan su entrada a la sociedad con una justicia hecha a la medida de las pretensiones de sus cabecillas.