El ELN con su escalada terrorista se ha propuesto hacerle daño al país con el vano propósito de forzar la reanudación de la Mesa de Quito, pero sin renunciar a su ofensiva guerrerista, la cual se ha traducido en la voladura de gasoductos, derribamiento de puentes y el execrable asesinato a mansalva de policías recientemente en Barranquilla. Esta vez el blanco de sus aleves ataques ha sido la infraestructura eléctrica. Primero fue el derribamiento el 2 de febrero de una torre del Sistema de Transmisión Nacional (STN), que opera ISA y que transporta la energía a 500 KV desde el interior del país a la región Caribe (subestación Porce - subestación de Cerromatoso). La situación se agrava posteriormente, luego de ser dinamitada el 10 de febrero otra torre del STN que conduce dicha energía a través de la línea Ocaña - Copey. A consecuencia de estos dos atentados, dos de los tres circuitos que interconectan a la región Caribe con el interior del país quedaron indisponibles y sólo se mantiene el que opera a través de la subestación de Ternera.
Esta circunstancia pone en grave riesgo el abastecimiento de energía a la región Caribe, dado que hasta ese momento prácticamente toda la demanda se venía cubriendo con la energía suministrada por las hidroeléctricas, aprovechando su bajo costo ahora que el nivel de los embalses favorece su operatividad. Ello obligó al Sistema Interconectado Nacional (SIN) a apelar a la generación térmica de la región, que por fortuna cuenta con una capacidad instalada 2.573 MW de potencia, más del 50% de la capacidad de generación térmica del país. Gracias a este respaldo del parque térmico de generación, suficiente para responder a su demanda máxima, que bordea los 2.450 MW, no tuvimos un apagón en la región Caribe.
En estos momentos todas las plantas térmicas de la región están operando a su máxima capacidad de generación, lo cual plantea otro reto y es el abastecimiento del combustible a las mismas para que puedan operar. Excepción hecha de Termoguajira, que es dual, pudiendo operar ya sea con carbón o con gas, las demás sólo operan a gas y es bien sabido que este es escaso. En condiciones normales, si descontamos el consumo de las térmicas (139 GBTUD), la región Caribe consume 203 GBTUD de gas natural y la principal fuente de suministro que son los campos de La guajira, ya en declinación, a duras penas puede proporcionar 280 MMPCD, de los cuales se surten PROELÉCTRICA y las 3 unidades de Termocartagena. Al operar a full, la denominada generación por seguridad, la disponibilidad de gas natural se torna insuficiente y el llamado Grupo Térmico, integrado por Tepsa, Termocandelaria y Zona Franca Celsia S. A, tuvo que echar mano del gas proveniente de la Planta regasificadora de Barú (Cartagena) que el mismo promovió. Esta le ha servido de tabla de salvación al Sistema para conjurar el riesgo de racionamiento que ya era inminente. De no haber sido por esta Planta la región Caribe estaría sometida a un severo racionamiento del fluido eléctrico.
Y justamente previendo contingencias como esta fue que resolvimos a nuestro paso por el Ministerio desengavetar el proyecto de la planta regasificadora que hoy es una realidad[2]. Esta tiene capacidad de almacenamiento de gas natural importado de 400 MMPC, cantidad suficiente para que puedan operar 15 días continuos, aproximadamente. De hecho desde que se presentó la falla provocada por estos atentados contra la infraestructura de transmisión Calamarí, el agente comercializador de la regasificadora, ha venido haciendo entregas de 140 MMPCD. Aunque su reserva de gas almacenada se agota este sábado, ya viene en camino el barco metanero desde Trinidad, el cual estará descargando el domingo aproximadamente 120 MMPC adicionales. Además, se espera también que este domingo se restablezca uno de los dos circuitos averiados, de tal suerte que se pasará de recibir desde el interior del país de 120 MW, actualmente, a 1.400 MW, aliviándose así el stress al cual está sometido el parque térmico de generación.
De esta manera se ha venido disipando el riesgo de corte al suministro de energía a la que se ha visto abocada la región Caribe, minimizando el impacto sobre los usuarios, los cuales tendrán, de todos modos que asumir vía tarifa un mayor costo de restricción (R), que pasará de $7 a $20/KWH, aproximadamente, a que ha dado lugar el obligado cambio de la fuente de suministro de la energía de la hídrica a la térmica, que es más costosa. Afortunadamente dicho costo resulta insignificante en la medida que la regulación impone que el mismo se reparte entre todos los usuarios del Sistema y no se le carga únicamente a los usuarios de la región Caribe y, por ello mismo termina diluyéndose. Aunque el precio de Bolsa, que oscila entre $120 y $130 el KW, no se altera, se mantiene, la tarifa al usuario final pasaría de $400 a $415, aproximadamente, por cuenta del costo de restricción, uno de los componentes del costo unitario de prestación del servicio (CU) y no del costo de compra de energía (G).
En medio de la alta tensión que generó este traumatismo se puso de manifiesto el temor por parte de la industria y los industriales por una Resolución que el Ministerio de Minas y Energía colgó en su página para comentarios y observaciones, mediante la cual se modificaría el Decreto 1073 de 2015 y de contera la definición de la definición de “demanda esencial”. La preocupación de ellos nace de la posibilidad de que se cambie el orden de prioridad o prelación a la hora del despacho del gas natural en condiciones de escasez y la industria quede en la cola, con una exposición mayor al riesgo de desabastecimiento. Esta propuesta del Ministerio llegó tarde para este evento, no obstante el debate en torno a la misma quedó servido y apenas empieza. Por su parte la UPME acaba de hacer el anuncio de la adjudicación de la Planta regasificadora del Pacífico, que se instalará en Buenaventura, en el curso de este primer trimestre del año, un paso en la dirección correcta.
