Encuestar no es evaluar

8 de agosto del 2011

El asunto no es sentirnos bien gobernados sino estar bien gobernados. Pero el culto a las encuestas ya arraigado en nuestra sociedad, y aupado por los medios de comunicación de mayor penetración, ha otorgado a este tipo de mediciones un carácter de suficiencia evaluadora que no tiene y que hace mucho daño a la hora […]

El asunto no es sentirnos bien gobernados sino estar bien gobernados.

Pero el culto a las encuestas ya arraigado en nuestra sociedad, y aupado por los medios de comunicación de mayor penetración, ha otorgado a este tipo de mediciones un carácter de suficiencia evaluadora que no tiene y que hace mucho daño a la hora de establecer la realidad de, por ejemplo, una gestión de gobierno.

Es mucho más sano y adecuado para la toma de decisiones sobre políticas públicas y acciones de gobierno basarse en lo que arrojen las cifras sistemáticas de una realidad medida y evaluada rigurosamente que en la medición, muchas veces manipulada, de lo que perciban sobre esa realidad personas o conglomerados.

Pero, a juzgar por lo que pasa en nuestro medio, al asunto no se le ha dado la importancia debida; pues al efecto avasallador y desproporcionado de las encuestas se suma, para completar, el escaso rigor de los ya acostumbrados ejercicios de rendición de cuentas que hacen los gobiernos, los cuales no pasan de ser autoexámenes (anuales y al final de cuatrienio) en los que los gobernantes informan lo que quieren y como quieren.

El riesgo de estas prácticas así llevadas radica, precisamente, en que no seamos bien gobernados, pues decisiones importantes de los gobiernos pueden terminar siendo tomadas o no tomadas, o mantenidas, por lo que perciba la gente, o se le haga creer, y no por lo que realmente le sirva al país.

Pues bien, al primer año de la administración Santos, aún es tiempo de tomarnos con juicio estas cosas. Como lo que se reclama es que los gobiernos le respondan a la comunidad con la seriedad que se espera, cosa que no va a suceder mientras sean ellos mismos, con sus propios parámetros, los que planeen, administren, rindan cuentas y se evalúen (como prácticamente sucede hasta ahora), y con el firme propósito de hacer más objetivas las evaluaciones de las ejecutorias de gobierno, se propone que con reglas estrictas y a partir de una revisión integral de los artículos 270 y 343 de la Constitución Nacional, se establezca y se cumpla la obligatoriedad de la participación de la ciudadanía organizada (académicos, expertos, comunidad, veedurías ciudadanas, observatorios, grupos de estudio, no comprometidos con intereses particulares) en el diseño y organización de los sistemas de evaluación de gestión y rendición de cuentas, en la fijación de las reglas de juego para esos procesos y en la ejecución de los mismos. Pues, aunque las normas vigentes sobre planeación, control y evaluación de la gestión pública contemplan en general dicha participación, ésta, por falta de voluntad política y otras desidias, cuando se da es débil y nada determinante. Así viene sucediendo.

Así mismo, se identifica como necesario que organismos como el Dane no dependan del gobierno (desde hace varios años lo han propuesto); ello, con el propósito de proteger su autonomía y salvaguardarlo de eventuales injerencias gubernamentales en sus métodos de medición, indicadores y resultados, como ha ocurrido en el pasado.

Y como evaluar la gestión gubernamental exige medir con seriedad los fenómenos socioeconómicos, se debe replantear algunos de los índices que, a pesar de no reflejar como corresponde la situación que miden, siguen siendo utilizados sin mayor problema como base para la formulación y desarrollo de políticas públicas. Es el caso de indicadores, referenciados casi con estas mismas palabras en mi columna anterior, que al ser tomados en cuenta aisladamente, se quedan cortos, como el de Crecimiento Económico, de uso institucionalizado, el cual da esa información pero no se ocupa de la distribución de ese crecimiento, que es de lo que más debería importar; o el del PIB per cápita, el cual mide el ingreso de los ciudadanos sin dar cuenta de la distribución real de ese ingreso; pero, al ser integrado con parámetros como Esperanza de Vida al Nacer y Nivel de Escolaridad, conforma el Índice de Desarrollo Humano, concebido por el PNUD, el cual refleja con más acierto la realidad del desarrollo.

Salta a la vista la precariedad de nuestras formas de medir resultados de gobierno. A ver si al próximo 7 de agosto estamos en las mismas.

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