Desde el inicio del Plan Colombia, nuestra lucha contra las drogas ha estado dirigida solo a mitigar una parte de la cadena: la producción y el tráfico. Y este ha sido un gran error, pues se trata de analizar y enfrentar por separado los elementos que componen un mismo problema.
Estos dos componentes no pueden ser combatidos si no se entiende su estrecha interdependencia con el consumo. Si bien es cierto que la producción se incrementa necesariamente con un aumento sostenido en la demanda, existe también un efecto contrario en el cual, una mayor oferta –como sucede con las hectáreas cultivadas de coca en Colombia–, puede desencadenar un crecimiento en el consumo interno.
Así las cosas, no habrá una verdadera lucha contra las drogas si no se trazan políticas y acciones que de manera proporcionada y coherente comprendan todos los aspectos y momentos de la cadena de producción, tráfico y consumo. En este sentido, el Gobierno no puede subestimar el gasto para la sustitución y erradicación de cultivos, pero también es necesario un aumento en la inversión en materia de prevención, atención y rehabilitación de los consumidores.
Y la realidad es que en Colombia no se viene atendiendo de manera adecuada e integral a los consumidores. La política pública, no es más que un aceptable documento, pero la realidad demuestra que la ausencia de camas para atender a jóvenes y adultos afectados por problemas de drogas es casi absoluta.
Aunque el consumo de bebidas alcohólicas en el país se mantiene estable a través del tiempo, el 20% de los estudiantes en edades entre 11 y 12 años han consumido alcohol alguna vez, en edades entre 13 y 15 años el porcentaje llega al 43,13% y en las edades entre 16 y 18 años el consumo es del 58,16%. En cuanto a las sustancias ilegales, la marihuana es la sustancia más consumida por la población escolar con una cifra del 7%, siendo el promedio de edad de inicio los 14 años. La cocaína ocupa el segundo lugar con un 2,8% y un promedio de edad de inicio de los 15,7 años. Por su parte, el 1,8% de los escolares ha probado los pegantes y solventes, y el 0,8% el éxtasis con una edad promedio de 15,4 años.
En el año 2007, se promulgó la Política Nacional de Reducción del Consumo de Sustancias Psicoactivas. Este programa se basó en cuatro ejes fundamentales: prevención del consumo, mitigación, superación o tratamiento, y fortalecimiento de la capacidad de respuesta institucional.
Sin embargo, el mismo Ministerio de Salud reconoce que no hay evaluaciones acerca de los resultados de dicha política y que buena parte de las acciones allí incluidas no fueron ejecutadas. Y entonces, ¿qué pasó? y –para no llorar sobre la leche derramada–, ¿qué piensa hacer el nuevo Gobierno?
Definitivamente hay una tarea pendiente en materia de salud pública, que necesariamente incluye la implementación de ajustes para garantizar una ejecución integral y efectiva de los tratamientos para el consumo y los programas de prevención, especialmente en poblaciones vulnerables.
Es hora de entender que el consumo de drogas no debe ser tratado como un delito, pues el estigma y la discriminación que trae consigo dificulta aún más su aplicación desde una perspectiva integral de salud pública. Por el contrario, se requiere un esfuerzo coherente, sistemático y sostenido enfocado en la promoción de condiciones y estilos de vida saludables, la prevención del consumo y la atención oportuna e integral de personas y comunidad afectadas. ¿Será que el Congreso y el nuevo Gobierno estarán dispuestos a darle una respuesta a este debate?
