El Senador hablaba hace pocas semanas a mil personas conocedoras de los temas del desarrollo territorial llegadas de todas las regiones del país y a expertos internacionales convocados por la Región Capital bajo los auspicios de Naciones Unidas para conmemorar 20 años de la Constitución en el examen de la descentralización.

El orador decía que el Congreso Nacional tramita el proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial (LOT) con particular cuidado porque senadores y representantes no pierden de vista que la descentralización desató guerras civiles en el siglo XIX y se cuidan de no desatar otra matanza entre los colombianos.

El abismo entre los constituyentes del 91 y los políticos tradicionales no podía verse más claro que en ese momento. Mientras los constituyentes miramos adelante los políticos miran atrás.

Los constituyentes fuimos enviados por la ciudadanía a la Asamblea a abrir el espacio de la palabra. A decir en ambiente de democracia lo que cada cual piensa y a escuchar lo que los demás tienen para decir sobre la manera como los colombianos quieren y pueden convivir sin demérito de sus creencias y sus gustos, sin imposiciones ni privaciones.

La ciudadanía cuando nos eligió nos dijo,lleven nuestras verdades y sueños y pónganse de acuerdo acerca de cómo podemos existir todos al tiempo tal como somos y sin matarnos. Esto sucedió después de casi dos siglos en los que fracasó el sistema de imponerse unos sobre otros por la fuerza.El sufrimiento y la miseria agotaron a la población.

En la Asamblea Constituyente se pusieron sobre la mesa los puntos de vista de las distintas expresiones sociales colombianas sin distinguir cuántos son y piensan de una manera y cuantos de otra. Esa es su razón histórica. Se trataba de reconocer las diferencias culturales bajo el respeto al derecho que tiene cada grupo social a ser tal como es y como se considera digno y de buscar acuerdo y concierto en la razón para que la existencia de unos no implique la extinción de otros.

No hay caso. Los políticos siguen pensando que su oficio tiene por fin y por método zanjar diferencias a golpe de mayorías que arrasan a minorías a las que no dejan más camino que armarse para intentar hacer valer en el campo de batalla las aspiraciones y argumentos que no son considerados en la lógica del poder que impone normas de vida para todos al golpe de sumas y restas de mayorías y minorías que no se hablan para acordarse sino que votan y mandan.Es la situación del siglo XIX a la que se refería el senador. Cien años después la Constitución del 91 quiere superar esa idea de que el recurso de la violencia está a la mano cada que sea necesario.

En la política colombiana se siente pánico de ser minoría. Es por lo que casi todos se refocilan sin pudor bajo la cobija del ganador aun cuando apeste. El que gana el poder gana todo y el que pierde lo pierde todo. La oposición no es alternativa política como tampoco lo es el consenso. En minoría política, étnica, de género, en cualquiera que sea se menguan los derechos y las oportunidades en este país hasta quedar reducido a la condición de vasallo. En esa lógica en la que ganar no solo es sobrevivir sino tenerlo todo, el primer escenario del proceso de la violencia es la trampa como instrumento eficiente en la lucha a muerte por la victoria electoral. Las elecciones en Colombia son tramposas desde siempre y por eso las urnas son antesala del campo de batalla. Se gana porque se gana, a las buenas o a las malas, con fraude y ventajas ilícitas, luego se imponen por el poder de esas mayorías espurias reglas de vida para todos pero que favorecen a quienes las dispensan y bajo el mismo principio se dispone de la riqueza pública para reforzar privilegios con criterio hegemónico.Y claro, al otro lado explota la rabia y se incendia el país. En esas Colombia pena su condena de injusticia y de sangre por los siglos de los siglos.

El rosario de fraudes electorales a lo largo de la historia no se discute. Jurados cargados, votos mentirosos, actas alteradas, conteos truculentos, compras de votos, trasteos de votantes, recursos humanos y fiscales del Estado convertidos en servidumbres electorales, coimas de contratistas, fortunas de privilegiados al servicio del estatus quo, dólares ensangrentados, reglas de juego parcializadas, medios de comunicación excluyentes, son ritos y expedientes que hacen parte de este baile macabro. Y lo que sigue es más tenebroso. Fuerza pública fanatizada y fuerzas armadas al margen de la ley entran a la danza del poder con su impronta de represión, violación de los derechos humanos, magnicidios, genocidios, tiro en la nuca y demás atrocidades.

No es difícil ponerle nombre propio a cada eslabón de esta cadena de barbaries a lo largo de la historia. Solo el muestrario de mediados del siglo pasado para acá es espeluznante. “La Violencia” que protagonizaron conservadores y liberales, el asesinato de Gaitán, la dictadura, el Frente Nacional excluyente con su Estado de Sitio de sobremesa, el “chocorazo” en las presidenciales del 70, el exterminio de la Unión Patriótica, las chequeras y los sicarios del narcotráfico en las elecciones, los asesinatos de Pardo Leal de Galán de Jaramillo de Pizarro, el “Proceso 8000”, la “Parapolítica”, la “Yidispolítica”, el régimen soportado en el poder del Estado puesto al servicio de sus candidatos y reforzado desde su gestación en el paramilitarismo, el fraude electoral y el influjo de sectores económicos dominantes que no compiten sino que compran e imponen.

Repito que bajo esa realidad macabra subyacen las fundaciones de la cultura política colombiana que se expresa en arbitrariedad, desigualdad y violencia. Esas raíces son el poder del Estado convertido en botín que se apropia por la fuerza para imponer sistemas de vida y privilegios en detrimento de los derechos y la dignidad que en democracia se reconocen a los derrotados. Es la cultura política que la Constitución del 91 se propuso extirpar.