Isagén: hay que celebrar la apertura del Gobierno

Por: Sofía Gaviria Correa Senadora de la República Como es sabido ya por gran parte del público interesado en los problemas del país, el Ministerio de Hacienda había anunciado la próxima venta de Isagén, empresa estatal colombiana que, con toda eficiencia, se ha encargado, por  dos decenios, de manejar el buen funcionamiento de la generación de la energía suministrada en Colombia. Sin embargo, ayer nos enteramos de la buena nueva de que el Gobierno ha decidido aplazar por un año la mencionada transacción. Tras conocer esta noticia, es pertinente celebrar el acierto y el talante democrático del Gobierno, al oír el clamor de la bancada Liberal en el Senado y de muchas organizaciones sociales. La Constitución Política de Colombia, en su artículo 365, indica la finalidad social de los servicios públicos y la importancia de que estos dependan del Estado. Tratándose de un bien común intangible de distribución obligada, por su universal índole de necesidad imperante, la energía es un producto y un servicio que debe permanecer, siempre y en cualquier circunstancia, en manos de las entidades gubernamentales ad-hoc. Esta es, precisamente, la tendencia dominante en las naciones que más se preocupan por mantener un alto índice de desarrollo humano. Es así, por ejemplo, en los países nórdicos. Y no podemos olvidar que, tanto la mayor electrificadora del mundo (EDF de Francia), como la mayor compañía mundial de energía hidráulica (Hydro-Québec de Canadá) se han convertido en lo que son y han generado tanto bienestar y seguridad a sus países no gracias a privatización alguna, sino, por el contrario, debido a  la nacionalización de estas empresas. Desde el punto de vista histórico, sociológico,  político e industrial, hablamos de la energía como una necesidad pública indispensable. Y este es un factor crucial y de innegable peso para la filosofía humanística, que considera que los servicios públicos deben mantenerse en manos del gobierno. En otras palabras, es obligación de todo Estado velar y encargarse de la producción y distribución de un recurso tan esencial. Mucho más en el caso de Colombia, que no tiene la excusa de ser una entidad novata en esta clase de temas y quehaceres, sino que, por el contrario, es líder avanzada y experta en la producción y  ahora exportación del producto energético. Y este argumento no se refiere solamente a los procesos actuales, sino que tiene un valor potencial de todavía mayor alcance: inestimables activos a futuro que ya comienzan a vislumbrar los conocedores del tema, que consideran este ítem como trascendental para el desarrollo económico del país. Tradicionalmente, se ha acudido a la privatización, con la excusa de buscar la optimización gerencial de las empresas, o para subsanar alguna crisis fiscal del Estado. Pero este es el momento en que Colombia ha alcanzado los más satisfactorios índices de crecimiento económico y el Ministro de Hacienda ha hecho énfasis en la mayor capacidad crediticia con que cuenta actualmente el país. Por lo demás, es cierto que Isagén es una empresa mayoritariamente pública, pero su gestión administrativa es igual o más eficiente que la de cualquier entidad privada. Estaba previsto que la transacción de venta de la empresa fuera a favor de compañías no colombianas. En muchas oportunidades en que, en diversos países, se han vendido empresas del Estado a grupos extranjeros, esta fórmula ha causado infinidad de continuos y establecidos problemas insolubles y perennes. Estos han sido aún más evidentes cuando se trata del tema de los servicios públicos. En el caso de una privatización de Isagén, como primera consecuencia, los gananciales de un bien común nacional saldrían del país para beneficio de extranjeros. Además, el precio del servicio correría el riesgo de subir significativamente. Disminuiría, sin duda, la ejecución de nuevos proyectos hidroeléctricos de importancia en las regiones del país, con el componente social que esto implica, dado que los capitales privados extranjeros no buscan el progreso de Colombia, sino beneficios para sus arcas en el exterior. Y, más grave aún, la venta de Isagén no sólo afectaría el patrimonio económico y social de los colombianos, sino también el ambiental. El respeto por la ecología nacional (en cuya protección y conservación ha jugado un papel clave Isagén, propietaria de decenas de miles de hectáreas en algunos de los enclaves más biodiversos del planeta) resulta de poca importancia para los proyectos de grupos foráneos y es difícil de imponer por un gobierno que no podrá vigilar suficientemente las esferas internas de la empresa. Si se entrega todo este asunto tan inaprehensiblemente complejo a los intereses de capitalistas, negociantes extranjeros, estaremos entregando sangre de nuestras venas; literalmente, la corriente energética que mantiene activo todo el sistema nervioso del país. Es por esto que hay que tener confianza en que, durante el lapso de espera que acaba de anunciar el Gobierno para formalizar la transacción, se logren ponderar las alternativas que se le han presentado a éste, para que, en aras de impulsar la conectividad del país, no sea necesario desprenderse de una empresa estratégica, de desempeño administrativo ejemplar, que, desde su fundación, ha generado tantas y tan importantes ganancias a la Nación y a los colombianos.