“Las Farc son las responsables del 38% de los despojos de tierra en Colombia”. Este fue el anuncio que hizo el ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo el pasado 4 de octubre ante los medios de comunicación del país. Estamos hablando de una superficie de 662.448 hectáreas que dividida entre 8.000 guerrilleros, le corresponde a cada uno una finca de 82,6 hectáreas, lo cual los identifica como los mayores despojadores de tierra del país. Para que se ubiquen en el tema, la Corte Constitucional acaba de proferir una sentencia donde limita a los productores no poseer más de una Unidad Agrícola Familiar (UAF), que para los departamentos de la Región Caribe, no excede las 25 hectáreas.
Lo más delicado de este hecho, es que el Ministro remata revelando que “el 70% de estas tierras estarían sembradas con artefactos explosivos”. Nos dejó con la duda si, el 30% restante (198.734 hectáreas), se consideran sembradas de cultivos ilícitos. Tremenda Reforma Agraria.
Como quiera que la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, no está sometida a negociaciones en ninguna mesa de diálogo dentro o fuera del país, podríamos suponer, que las Farc harán su primer gesto de paz el próximo 15 de noviembre en Cuba, anunciando la devolución de estas tierras a sus legítimos dueños y aceptando la compensación económica que les imponga la Ley, para reparar los daños causados a los 7.946 campesinos y ganaderos desterrados de sus fincas en los departamentos de Caquetá, Putumayo, Guainía, Guaviare y Meta, zonas donde las Farc han tenido histórica influencia.
El tema de Desarrollo Agrario Integral propuesto por las Farc como inicio de la agenda de diálogo, es un modelo que se aplicó a finales de los años ochenta y principio de los noventa y que ha sido bastante cuestionado, porque no dejó huella en la reducción de la pobreza. Hoy en día, este enfoque de desarrollo rural ha quedado desacreditado casi por completo, porque muchos proyectos regionales que adoptaron este modelo no lograron sus objetivos de transformacion. (Parecen vainas de los senadores Robledo, Juan Lozano y Roy Barreras).
Si lo que buscan es una política agropecuaria que propicie un crecimiento equilibrado entre el campo (que se encuentra actualmente marginado) y el sector urbano, que incremente la producción y la productividad, aumente los ingresos de los campesinos y promueva la participación organizada del sector rural, solo tienen que aplicar el modelo exitoso de las Alianzas Estratégicas Productivas.
Sería bueno que el gobierno invitara a todos los negociadores a ver este esquema en las zonas palmeras y cacaotera de Tibú, María la Baja y el Magdalena Medio, para que conozcan de primera mano cómo pequeños campesinos de la mano de grandes empresarios, incrementaron sus ingresos de 280.000 a 2 millones de pesos mensuales en proyectos productivos que no superan las 15 hectáreas.
Este modelo además de proveer asistencia técnica, semilla certificada, transferencia de tecnología y compra anticipada del fruto a precios de mercado, incorpora a los campesinos en el proceso indutrial. Estos son los verdaderos objetivos de la Política de Desarrollo Agrario Integral.
Supongo que el grueso de la discución en Cuba estará centrado en el compromiso del Presidente Santos de llevar inversión en infraestructura vial, servicios públicos, vivienda rural, puestos de salud y –lo más importante–l, instituir un servicio de extensión agrícola a través de la creación y construcción de escuelas superiores agropecuarias para sustituir la actividad ilícita que las Farc vienen desarrollando en esos corredores geográficos del país y convertir esas zonas en verdaderos polos de desarrollo económico.
Twitter: @indadangond
