La corrupción, problema de Seguridad Nacional

El nuevo Estatuto Anticorrupción sólo servirá si se aplica, de lo contrario, estaremos frente a otra simbología “fáctica” de una nueva normatividad. Ahora la pregunta es: ¿quién financiará las campañas y hará cumplir los topes? No deja de ser interesante que el presidente Santos sea quien destape los grandes casos de corrupción, favoreciéndose políticamente y demostrando que para gobernar a Colombia hay que dejar robar o denunciar los robos. Mientras casi todos los acusados de corrupción, en su animosidad tropical, la del debido prontuario y el derecho al delito, argumentan que son unos perseguidos políticos. Lo cierto es que desde que se acabó el concepto de Estado-nación, la corrupción se disparó, desmontando ese mito fundacional moderno según el cual  la empresa privada era más eficiente que cualquier burocracia estatal. Y  por ende, era necesario que ella relevara algunas de las funciones histórico constitucionales de los Estados. Por esa y por muchas otras razones, la corrupción en Colombia define el mapa político y el ordenamiento territorial del país. Lo grave del asunto y lo que coloca en duda la aplicabilidad del nuevo Estatuto Anticorrupción, es que la justicia también se corrompió. No olvidemos que la cultura mafiosa fue la que le dio a Colombia un lugar en el mundo y la corrupción es el resultado de ella, porque produjo una crisis de valores, sin que la academia, la encargada de formar seres humanos y no máquinas llenas de datos para aprender “a comprar barato y a vender caro”, haya hecho algo al respecto. Por ejemplo, las clases de ética, siguen siendo una electiva en los colegios y en las universidades de Colombia… En otras palabras, no creo que la corrupción se dispare cuando un país es rico o cuando un país es pobre, porque en Colombia no se distribuye el ingreso, sino los robos. Y un país al que se le roban los recursos de la salud, de la educación, del campo y de los impuestos, entre otros, no es viable. Mejor dicho, la corrupción en Colombia necesita comenzar a considerarse como un problema de Seguridad Nacional, porque es tan grave como las Farc, el ELN y las bandas criminales.