Evo Morales Ayma gobierna Bolivia desde hace seis años. Orlado de las más fantásticas adjetivaciones por las agencias de prensa, Morales calificó como el nuevo Inca que reivindicaría la nación indígena postergada. Su figura, su vestimenta y su léxico en quechua y aymara dieron esa sensación. Hasta las “lecciones científicas” hacían patria, como aquella de que los hombres que comieran carne de pollos alimentados con hormonas se convertirían en homosexuales.
Las comunidades indígenas hoy están enfrentadas al gobierno de Morales por la construcción de una carretera, adjudicada a una empresa brasileña, que cruzará el Parque Nacional Isiboro Secure, creado en 1990. Los indígenas organizaron una marcha pacífica reprimida por la policía, hecho que no solo costó la dimisión del Ministro del Interior, Sacha Llorenti, sino que obligó al Presidente Morales a pedir perdón. La respuesta de las mujeres indígenas de las tierras bajas, en la voz de Justa Cabrera, muestra la inconformidad:”Nos llama hermanos, pero un hermano no atropella a sus hermanos”. La situación tiende a una huelga general contra el gobierno, precisamente organizada por quienes han sido los aliados de Evo. La Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB) reclama la libre autodeterminación y autogobierno, según las normas de la nueva constitución que, al parecer, conduce a consagrar la fractura de la nación e introduce graves controversias regionales, como ha sucedido con Santa Cruz. En Bolivia las organizaciones sociales conforman los movimientos de opinión y reemplazan a los partidos políticos.
Mientras tanto la Asamblea Legislativa Plurinacional debate un proyecto de ley que prevé consultas a las poblaciones nativas para construir carreteras. De esta manera el gobierno pretende aplacar las movilizaciones en su contra. Pero la oposición gesta un juicio político al jefe del falso incanato, Evo Morales, por genocidio, y otro por daños económicos al Estado. Según los analistas políticos, Evo Morales quebrantó 35 artículos de la Constitución boliviana. El Fiscal General, Mario Uribe, investiga por su parte al ministro del Interior dimitente por la supuesta orden de reprimir la marcha indígena, forma de encubrir la gestión de su superior, el Presidente Morales. En la policía, además, existe una sentida inconformidad por las sanciones individuales por presuntos excesos contra los manifestantes.
El gobernante Evo Morales tiene el 36% de aprobación. Las organizaciones indígenas lo tachan de ser un líder sindical al servicio de los cocaleros. Las dificultades de Morales vienen creciendo desde el alza de la gasolina hace unos meses, medida que retrocedió a poco andar, pero que necesariamente tendrá que aplicar, puesto que la gasolina subsidiada produce enormes costos fiscales. El etno-populismo de izquierda que encarna la figura de Evo Morales en Bolivia, como puede observarse, se encuentra en una decadencia que desnuda la incapacidad del resurrecto incanato “democrático”.
