El juez del caso condenó a José Elías Melo por su participación en los delitos de cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos a favor del Consorcio de la Ruta del Sol II (Odebrecht y Episol, controlada por Corficolombiana, del Grupo Aval, que presidía Melo). La condena, que da cárcel entre ocho y once años, solo se refiere a los 6,5 millones de dólares que recibió Gabriel García Morales, viceministro de Transporte en el gobierno de Álvaro Uribe, con lo que sigue sin saberse quiénes pagaron el resto de las coimas por once millones dólares que Odebrecht le confesó a la justicia norteamericana, además de las otras detectadas luego, por veinte millones de dólares más, y sobre las cuales la Fiscalía no ha acusado a nadie por pagarlas.
La condena se dio a pesar del Fiscal Martínez. Porque, según Editorial de El Espectador, “el juez se vio motivado a regañar a la Fiscalía por haber hecho una pobre presentación de los hechos” (https://bit.ly/2WJqtn7). La Fiscalía no adelanta este proceso como uno solo, que es lo obvio, sino como varios, para dificultar las investigaciones. Y a fin de impedir que la Justicia actuara a plenitud, la Fiscalía no acusó por lavado de activos ni enriquecimiento ilícito, aunque, según explicó el juez, se confirmó “la existencia de copias de tres cheques, giros que se hicieron entre cuentas del Banco de Occidente y Banco de Bogotá (del Grupo Aval) a través de fiduciarias a la banca privada de Andorra, donde se crearon las cuentas para hacer efectivo el pago de los sobornos” (http://bit.ly/2X4Fkc1). En un país menos pútrido que Colombia, estas omisiones tumban a Martínez.
Como era de esperarse por estar hasta el cuello personas tan poderosas, se oyen voces irresponsables que, sin siquiera referirse a los hechos del proceso, absuelven a Melo y a sus jefes en el Grupo Aval, a pesar de que esta es la tercera decisión legal en su contra. Porque el Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia de la SIC señaló que las pruebas “no dan cuenta de una supuesta condición de víctima (de Odebrecht) en cabeza de Episol y Corficolombiana, sino más bien resultan indicativas de que tales compañías conocieron, participaron y consintieron pagos de sobornos a través del retiro ilegal de recursos desde la Concesionaria de la Ruta del Sol y el consorcio constructor Consol”. Por “pago de soborno” además le imputó pliego de cargos a José Elías Melo.
Y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por su parte, condenó a Melo y a Episol y a Odebrecht y a sus ejecutivos al pago de 800 mil millones de pesos por los sobornos con los que lograron el contrato corrupto a favor del Consorcio de la Ruta del Sol II. La sentencia agrega que “las gestiones de José Elías Melo (…) como presidente de Corficolombiana, se enmarcaron dentro del manejo del conglomerado empresarial del que hace parte esa entidad”.
Con cada verdad que se destapa resulta más cínico que el Fiscal Martínez se niegue a abrirles investigación a los jefes y propietarios del Grupo Aval, quienes, por el contrato corrupto de la Ruta del Sol II, se ganaban el 33 por ciento de la utilidad que se produjera, además de las ganancias que les rindiera a sus bancos ser los mayores prestamistas al Consorcio. Para no investigarlos, Martínez –a quien de estas platas le han llegado sumas importantes– da como cierto, sin probarlo, que los de Odebrecht les regalaron a sus socios los diez millones de dólares en sobornos que a ellos les correspondía aportar. Y que Melo se arriesgó a once años y más de cárcel para acabar de enriquecer a sus jefes, sin que estos lo supieran ni les sacara ninguna ganancia personal a sus delitos. Todo en este este caso hiede de lejos.
Aunque sigan echándoles tierra a estas desfachateces, no dejan de saltarles liebres que escandalizan. En el nuevo “carrusel” de contratación, el de las 30 mil aulas para colegios públicos, aparece Eleuberto Martorelli en el Ministerio de Educación preciso cuando dos empresas peruanas asociadas en la corrupción con Odebrecht se quedaban con contratos por 800 mil millones de pesos. Se conocieron más pruebas de dineros de la Ruta del Sol II a la campaña Santos-2014. Como el llamado Fiscal ad hoc, con razón, le reabrió la investigación a Gina Parody y a Cecilia Álvarez por la vía Ocaña-Gamarra, también debe abrírsela al Fiscal Martínez, porque su violación a la Ley 1437 de 2011 es la misma de las exministras http://bit.ly/2G83Odx. A tanto llega el tapen-tapen, que el Consejo Nacional Electoral no le permite a uno de sus magistrados conocer el expediente de archivo de los procesos de Juan Manuel Santos y Oscar Iván Zuluaga por recibir plata de esta corrupción (!!!) (http://bit.ly/2UR8K00)
Bogotá, 12 de abril de 2019
