La Honorable Magistrada que quiere ser Procuradora

Lun, 19/11/2012 - 00:32
Entre los años 2008 y 2009 la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en uso de sus facultades constitucionales y luego de varias horas de deliberación -en sesiones se

Entre los años 2008 y 2009 la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en uso de sus facultades constitucionales y luego de varias horas de deliberación -en sesiones separadas- nombró como Magistradas del Consejo seccional de Santander, a las abogadas Teresa Isabel Tovar y Amparo Malagón. Dichas designaciones quedaron consignadas -tal cual lo ordena la ley- en las respectivas actas que se hicieron de forma posterior a las sesiones a las que asistieron la totalidad de los miembros de esa corporación. Los acuerdos de sala para materializar esos nombramientos fueron el 071 del 20 de agosto de 2008 y el 026 del 25 de febrero de 2009, respectivamente.

A principios de este año (4 años después del nombramiento de las citadas funcionarias), la Contralora General anunció una exhaustiva investigación para determinar si los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura le causaron un detrimento patrimonial a la Nación, al haber nombrado como magistrados auxiliares y seccionales a personas que ostentaron los cargos por poco tiempo, con el único objetivo de mejorar su  jubilación. Dicha investigación se conoce como el “carrusel de pensiones”. La hoy candidata del Gobierno Nacional a la Procuraduría, magistrada María Mercedes López, participó activamente, al igual que sus colegas de sala, en la elección de las doctoras Tovar y Malagón. La respetada funcionaria no encontró reparo alguno a dichos nombramientos durante 4 largos años. En ese lapso de tiempo nunca hubo observación o reproche alguno frente a las actas. Una vez conoció de la investigación fiscal adelantada por la Contraloría General, la magistrada López envió a la Secretaría General a su magistrada auxiliar Luz Helena Aranceta (quien luego renunció por presiones indebidas de su jefa) a verificar las actas del año 2008. Cuando “recordó” su determinante participación en la elección de las Magistradas Seccionales, la doctora López se inventó una película de terror. Para zafarse de una eventual responsabilidad y diluir su participación en los hechos, materia de indagación, se le ocurrió decir que las actas, precisamente esas y solo esas, habían sido falsificadas. ¡Qué coincidencia! Decidió entonces denunciar el hecho a sabiendas de que no había tal falsedad. Eso en derecho penal se conoce como el delito de falsa denuncia. Falsificar las actas es un imposible por cuenta del sistema interno a través del cual se tramitan las mismas. Si hay o no “carrusel de pensiones”, es una calificación que recae única y exclusivamente en los organismos de control. Lo que resulta deleznable en toda esta historia es la actuación de una Magistrada que aspira a ser Procuradora sin tener los escrúpulos para ello. La doctora López, en todo caso y a pesar de sus malabares para evitar la acción de la justicia, está siendo investigada por la Contraloría General, no solo por los nombramientos de marras, sino también por los de algunos de sus Magistrados Auxiliares. Así se desprende del auto 088 del 23 de diciembre del 2011, emanado por la Contraloría Delegada para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad. La celebérrima María Mercedes López Mora nombró como Magistrados Auxiliares a los abogados Jorge Antonio Caviedes, por el término de 11 meses y 12 días; Augusto Ocampo, por 1 mes y 8 días; Luis Evelio Hoyos, por 1 mes y 19 días, y a Sol Beatriz Rendón, por 19 meses y 12 días. A pesar de ello, ha declarado en repetidas ocasiones ante a los medios de comunicación -señalando a sus compañeros y afirmando sin ruborizarse- que tales prácticas son inaceptables, rotulando la paja en el ojo ajeno y desconociendo la enorme viga que nubla su visión. La típica y clásica: doble moral. No soy amigo de Alejandro Ordoñez ni quiero serlo; ni mucho menos tengo nada que ver con su campaña de reelección, pero las cosas hay que verlas en perspectiva y objetivamente. Me temo que es mucho más nociva para el país una funcionaria -a juzgar por los hechos- sin barreras éticas, llena de odios y vanidades como la magistrada López, que un fanático religioso como el Procurador.

La ñapa: La deslealtad del exministro Gabriel Silva no tiene nombre. Al final, toda la culpa es del expresidente Uribe por haber revivido a este y otros cadáveres insepultos de la política, nombrándolos en importante posiciones.

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