La justicia espectáculo

Esta semana, el lunes, vimos en directo por televisión, mal transmitidas por supuesto, parte de las audiencias en contra de los Nule y de 4 funcionarios del ministerio de agricultura que instrumentaron los contratos y préstamos del programa conocido como Agro Ingreso Seguro. Todo ese show necesariamente hace parte del sistema penal acusatorio que, en vez de ser garantista se ha convertido más bien en un juicio público en donde los imputados, el fiscal acusador y el juez de garantías aparecen como protagonistas de una macabra novela en donde los acusados aparecen ante los medios de comunicación con caras de aterrorizados, llanto en los ojos y miedosos por el futuro inmediato que les espera: la detención preventiva en establecimiento carcelario. Ciertamente el país está pidiendo a gritos que haya decisiones de la justicia especialmente cuando se trata de casos de corrupción, pero en los casos a los que nos referimos, Nule y AIS no son todos los que están, ni están todos los que son, como se dice popularmente. Debemos recordar que el primer paso es la audiencia de imputación de cargos, en donde los acusados aceptan o no los cargos, para dar inicio así a la etapa del juicio y en donde los imputados deberían poder ejercer plenamente sus derechos, derechos que en una democracia deben tener todos los acusados y que empieza por el más elemental de todos: el derecho a presumirlos inocentes. En el caso de los Nule ellos aceptaron uno de los 5 cargos que se les imputaron: el de peculado, por lo que en este caso específico se procede a dictarles condena. Eso en ningún caso quiere decir que no se les procese por los otros cargos que, de llegar a probárseles, les aumentarán la pena en otro tanto. Distinto es el caso de los jóvenes ejecutivos del ministerio de agricultura, pues el proceso es el medio que ha establecido la justicia para probarles o no la comisión de los delitos que se les imputan. Sin embargo y a pesar de que el fiscal del caso ha dicho que es el robo más grande de la historia de la agricultura de Colombia, me resisto a creer que esos jóvenes se hayan inventado todo el tema del fraccionamiento de los créditos para favorecer a unos ricos que abusando del esquema se robaron una plata de los subsidios. Ha dicho la fiscal general que ella tiene a su cargo la investigación del ex ministro Andrés Felipe Arias, a quien la contraloría y la procuraduría también están investigando. Este ciudadano como cualquier otro tiene derecho a que se le presuma la inocencia, pero para que pueda probarla deben acelerarse los procesos correspondientes. En todo caso pienso que este proceso acusatorio que rige en el país es una copia mala del sistema americano, en donde los procesos, salvo contadísimas excepciones, son a puerta cerrada. Pueden entrar los medios pero no las cámaras de televisión, con la finalidad de proteger a los procesados, quienes en muchos casos resultan absueltos. Colombia ha optado por un sistema acusatorio como el gringo, que dividido por el cambio del dólar da lo que tenemos: un galimatías mediático e incomprensible. Entiendo que quienes hayan cometido un delito vayan a la cárcel mientras son condenados o absueltos, pero creo que la justicia espectáculo que estamos viendo es violatoria de los derechos fundamentales. ¿Con que libertad puede un juez de garantías ejercer libremente sus funciones si tiene a los medios de comunicación encima presionándolo para que meta en la cárcel a los imputados? En mala hora este país optó por el sistema acusatorio que, ciertamente no descongestionó los juzgados, pues de ser eso cierto la propia fiscal no tendría más de 1.000 procesos sobre su despacho para instruir ella misma. Y en cambio deja a los procesados al ritmo de las presiones que ponemos los medios de comunicación. Ya tenía razón el profesor Alfonso Gómez Méndez al oponerse a esta clase de procesos que, ciertamente se parecen más a las ordalías o juicios de dios. En defensa del sistema solo me queda por decir que si quienes delinquen miraran hacia adelante y se vieran en esos banquillos y tras las rejas, tal vez lo pensarían dos veces, pero ese no parece ser el caso, pues en los casos que nos ocupan vemos sentados allí a 8 jóvenes profesionales y de buenas familias que optaron violar voluntariamente o presionados a  las normas del código penal.