La decisión de la Corte Constitucional de declarar la inconstitucionalidad del proyecto de ley que rebajaba el aporte en salud de los pensionados del 14% al 12% ha sido materia de controversia. Incluso, algún portal de internet informó de la noticia con el siguiente titular: “Se hunde la ley que beneficiaba a los pensionados”.
Creo que el tema debe ser materia de un análisis más cuidadoso ¿De verdad se trataba de una ley que beneficiaba a los pensionados? ¿Cuál era el objetivo del proyecto? Como se ha dicho ya, el proyecto de ley declarado inconstitucional por la Corte buscaba reducir del 14% al 12% el aporte a la salud que hacen los pensionados.
¿Quién se va a oponer a semejante iniciativa? ¿No se trata acaso de un proyecto que propendía por la protección de los pensionados, en su gran mayoría adultos mayores, que conforman precisamente una de las categorías de personas que enfrentan mayores niveles de desprotección?
Bueno, pues hay razones para pensar que el proyecto, tan bondadoso en apariencia, presenta fuertes aspectos negativos que vale la pena identificar (aspectos negativos que, imagino, llevaron a la Corte a declarar su inexequibilidad, aunque no lo sabremos de manera oficial sino hasta dentro de algunos largos meses pues, como es bien sabido, las decisiones del Alto Tribunal no se comunican mediante la publicación de las sentencias sino a través de comunicados de prensa o incluso a través de trinos que circulan algunos privilegiados que tienen acceso a una información que se supone reservada).
La reducción de la cotización en salud de los pensionados del 14% al 12% supone a que los beneficiarios de la norma van a incrementar sus recursos disponibles en un 2%. Implica igualmente que el sistema de salud va a reducir su ingreso en exactamente la misma cantidad.
¿Es esa una buena noticia? De nuevo, para responder hay que mirar el panorama completo. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el sistema de seguridad social enfrenta una situación crítica y está próximo a la quiebra. ¿Qué tan buena idea es entonces quitarle aún más aire a un paciente que tiene ya enormes problemas para respirar?
Por supuesto, no pretendo defender la tesis de que las personas deban quedar obligados a asumir las cargas que tenga a bien imponerles la ley sin que se les permita decir palabra alguna y sin que puedan evaluar el beneficio real que obtienen por el precio que pagan.
El servicio de salud en Colombia es un buen ejemplo. Es ineficiente y su calidad es baja. Ello obedece a una gran cantidad de problemas que van desde el inadecuado diseño institucional hasta el desgreño administrativo y la total falta de ética que exhiben algunas EPS’s y también ciertas IPS’s.
La propia Corte Constitucional tiene acá su cuota de responsabilidad al haber extendido la cobertura de manera incluso indiscriminada sin tomar en consideración las restricciones financieras del sistema. La inexistencia de criterios diferenciales de remuneración de entidades al amparo de criterios objetivos de evaluación, es otro factor relevante pues no estimula el esfuerzo de los partícipes del sistema.
La lentitud con la cual se desvinculan las personas fallecidas de la base de datos de beneficiarios del régimen subsidiado, es otro de los vicios del sistema y una fuente de enriquecimiento de algunas EPS’s que se alegran enormemente de tener que velar por la salud de quienes ya no nos acompañan y que pocas solicitudes presentan.
En fin, son problemas que hay que analizar para poder mejorar la operación del sistema.
En una esfera diferente se encuentran las mafias y bandas de atracadores con sus funestas consecuencias. Los carteles de la hemofilia, de las personas con enfermedades mentales y de los accidentados de tránsito, para citar sólo unos ejemplos, reflejan bien esta problemática.
Por lo demás, es inadmisible que en la era de la inteligencia artificial, el país no cuente con un sistema de análisis de datos que ayude a evitar la fuga de recursos. La técnica estadística permite identificar de manera temprana variaciones anormales, lo cual es indicativo de la comisión de este tipo de delitos. La solución es relativamente sencilla y no constituye ciencia oculta.
De manera que no es una reducción de los aportes a lo que tienen derecho los pensionados. A lo que ellos tienen derecho es que el país introduzca los ajustes necesarios al diseño del modelo de servicio de salud y a que se implementen los correctivos para dotarlo de eficiencia y para que no sea una víctima constante de hampones que hacen de los recursos de la salud un festín.
Todos esos cambios llevan a mejoras y ahorros. Y, ahí sí, a que se configure un derecho a la reducción de los aportes y las tarifas.
