“A punto de obtener la victoria militar definitiva sobre la guerrilla, la autoridad política interviene y hace de sus derrotas, victorias de gran resonancia”
General Fernando Landazabal Reyes.
Se incrementó esta semana el frenesí del proceso de Paz, al ritmo que imponen las FARC: Santos en Europa declarando que el peor enemigo de las FARC “soy yo”; el Fiscal Montealegre en La Haya, pidiendo a la Corte Penal Internacional que apoye su propuesta de impunidad “ni un día de cárcel para los guerrilleros”; Pablo Catatumbo afirmando que “evidentemente nuestra responsabilidad no es por crímenes de lesa humanidad”; la justicia condenando a 35 años de cárcel al General Arias Cabrales; el CTI allanando la oficina de inteligencia militar del ejército y descubriendo que allí se hace inteligencia militar; el arribo a Cuba de la 4ª delegación de víctimas, entre ellas las mismas FARC. En tanto, las víctimas de minas antipersona durante el diálogo ascienden a 596, una por día, y las FARC siguen matando policías y civiles y destruyendo la infraestructura nacional, noticias de baja intensidad en la prensa comprada por Santos por más de dos billones de pesos, como compró la justicia y al congreso, que constitucionalmente deben ser independientes. Siete millones de colombianos, con el expresidente Uribe a la cabeza, rechazamos la paz de Santos que justifica el crimen, avala la creación de un movimiento político armado, legaliza la guerrilla y la equipara a las fuerzas militares; quiebra el país en republiquetas anárquicas (ZRC), valida el asesinato, el secuestro y la extorsión como medios para acceder al poder, permite el lavado de activos manchados de sangre; bautiza como combatiente al terrorista y al soldado como criminal, y proclama que nuestra Constitución debe emular a la del Socialismo Siglo XXI. La mitad del país, que sí quiere la paz y rechaza la violencia, venga de donde viniere, se opone al Socialismo Siglo XXI, porque huele a sangre, porque recuerda los paseos de Chávez, preguntando: ¿de quién es ese edificio? ¡Exprópienlo! Y la ruina en que sumió a Venezuela al canjear su riqueza natural por simpatías políticas; al nacionalizar el sector productivo, censurar la prensa y encarcelar la oposición, igual que Castro en Cuba, solo que este la fusiló, como fusilan las FARC a sus milicianos y secuestrados. El proceso de paz hace parte de la estrategia de combinar todas las formas de lucha para alcanzar el poder, al que le hacen juego grandes empresarios, -primeros que caerán- promoviendo el “Soy Capaz”, copiado de la consigna del Che Guevara: “Usted de qué es capaz”, mientras generales de la república se ponen firmes en La Habana con el himno de las FARC, y al tiempo sus tropas son diezmadas y desmoralizadas sistemáticamente. La situación no es espontánea, ha sido facilitada por la corrupción de los políticos y por un pueblo desesperado, que quiere creer en los falsos paraísos de populistas de izquierda, pero en el fondo es una bomba fabricada minuciosamente, durante sesenta años de infiltración al Estado. En 1948 el comunismo flameó su bandera en edificios tomados por francotiradores, luego del asesinato de Gaitán; en los años cincuenta instruyó a delincuentes guerrilleros para que justificaran ideológicamente sus matanzas, y en los sesenta adoctrinó universitarios, que en medio de pedreas y utópico romanticismo crearon el ELN, el M19, el EPL, la ADO y otros movimientos. En 1954, Rojas Pinilla se vio obligado a decretar una amnistía, por “incapacidad del Estado para vencer militarmente a la guerrilla”, y en 1982 Belisario Betancur decretó otra, a la que se acogieron 535 guerrilleros, que recibieron becas, vivienda y plazas de maestro los bachilleres, para seguir adoctrinando, mientras su dirigencia planeaba desde Panamá un golpe macabro. Alfonso Cano propuso constituir el brazo político, y nació la UP, cuya junta directiva fue encabezada por las FARC. La estrategia funcionó, y en 1986 la UP se convirtió en la tercera fuerza electoral del país, con Jaime Pardo como candidato presidencial, y logró 5 senadores, 9 representantes, 14 diputados, 351 concejales y 23 alcaldes. Luego vino su terrible aniquilación. En 1985 el M19 da su golpe y se toma el Palacio de Justicia. En 1991, exguerrilleros y simpatizantes, como Navarro Wolf y Horacio Serpa, son convocados para cambiar la Constitución, y se les elije congresistas, alcaldes y gobernadores. En Bogotá han ganado tres veces la alcaldía, mientras las fuerzas armadas son desprestigiadas por periodistas aprestigiados, que distorsionan la noticia, cumpliendo tres propósitos: 1) desmoralización, 2) división y 3) provocación. Esta ofensiva, de alto efecto, fue aprendida por la izquierda de su maestro, Lenin, que en 1917 expidió el decreto sobre “Propaganda del régimen soviético” para crear el primer Estado socialista de la historia, y de Goebbels, que en 1941 la usó para justificar el Holocausto. En los ochenta se habla de nombramiento de guerrilleros en la Fiscalía. En 2006, El Fiscal General Mario Iguarán con el Ministro de defensa, Camilo Ospina, suscribieron el acuerdo para que el CTI hiciera el levantamiento de los abatidos en operaciones militares, lo que, según explica el expresidente Uribe, fue aprovechado para que la Fiscalía convierta cada acta de levantamiento en un auto cabeza de proceso, judicializando a 13 mil uniformados, y encarcelando 2.500. En 2011 fue elegida Fiscal General Viviane Morales, esposa de Carlos Alonso Lucio, exguerrillero del M19, y en 2012 se elige a Eduardo Montealegre, quien prejuzga públicamente a los enemigos de Santos y propone impunidad para crímenes de lesa humanidad de la guerrilla, que no son susceptibles de amnistía ni indulto, por eso, junto a Santos, hablan de condenas con penas alternativas, irrisorias, para burlar la ley, a las víctimas de verdad, y a los colombianos. En contraposición, Montealegre encarcela a Luis Alfredo Ramos cuando va a iniciar campaña presidencial contra Santos; encarcela al hacker Sepúlveda por chuzar a los guerrilleros, y allana la oficina de Inteligencia militar del ejército. El explosivo se sigue fabricando con precisión de relojero. La condena a 35 años del general Arias Cabrales, y la prisión del coronel Plazas Vega, contrastan con la situación de los delincuentes que asaltaron el palacio de justicia. Esa condena advierte a generales y almirantes, que todos están bajo la mira de sus enemigos, atrincherados en la justicia, su venganza les llegará sin importar el tiempo. Han demostrado que saben esperar. La Habana es mundo aparte, Santos hace que las familias de los asesinados perdonen a los asesinos; que los militares hablen de tú a tú con quienes los emboscan y matan en el monte, y que la guerrilla goce en catamaranes, bajo el sol isleño, y se emborrache dejando manchas ortográficas en la Bodeguita del medio. El ron, que vale una guaca lo beben cabecillas que Santos llevó a Cuba, mientras en la selva los perseguían, creyendo poder atraparlos, los soldados. Los 12 historiadores de izquierda, profesores universitarios, que también fueron llevados a La Habana, están escribiendo, codo a codo con las FARC, que las masacres fueron culpa del Estado, y obviamente de los militares, que los persiguieron y que deberán pudrirse en la cárcel. Este proceso de paz constituye un ataque del gobierno contra el Estado. La bomba de la paz santista fue fabricada, y nos estallará en la cara. @mariojpachecog
