Las decisiones difíciles siempre son las que tienden a polarizar, confundir y reinar; y en este caso, el aporte de la valorización que aprobó el Concejo de Bogotá no es ajeno a esta situación. Por esto, es necesario explicarles a los bogotanos el porqué de este proyecto, el impacto que tendrá esta iniciativa y las razones técnicas que acompañaron esta decisión.
El primer punto es primordial: Todos ponen. Todos toman. Es así como se construyen ciudades. Y en este caso específico, para recibir un beneficio como lo es la valorización de un predio, es necesario y adecuado que cada ciudadano con capacidad de pago pueda aportar su granito de arena para el bien no sólo del predio propio, sino de toda la ciudad. Es así como este proyecto de valorización captará cerca de $1 billón de pesos que corresponden, en términos relativos, a menos del 1% del incremento del valor catastral de la ciudad durante los últimos 5 años. Teniendo en cuenta esta realidad, este es un aporte mínimo frente a la valorización de los predios, producto de las inversiones públicas. Esto permite que con recursos ordinarios del Distrito (Impuestos), como se ha venido realizando, se puedan desarrollar obras para estratos 1, 2 y 3 que de otra manera no podrían acceder a bienes públicos.
El segundo punto a discutir es la equidad redistributiva de este proyecto: ¿Qué quiere decir esto? Que al tener necesidades infinitas y recursos tan limitados, es necesario tramitar fuentes adicionales a los impuestos, para que los de mayor capacidad de pago cooperen por una única vez y de manera extraordinaria con los recursos que le hacen falta a la ciudad. Así pues, en la valorización sólo los estratos 4, 5 y 6 pagarán esta contribución, logrando que el 94% del estrato 4 tenga contribuciones menores a 1.8 millones de pesos. Esto permite un alivio para quienes aseguran que será este estrato el más golpeado con los aportes.
Contrario a esto, serán los colegios privados, los grandes supermercados, los clubes de los más adinerados y los empresarios de este país quienes contribuirán de manera significativa con este proyecto, logrando capturar muchos de los dineros que por otros instrumentos urbanos no han sido posibles tramitar. Además, para todos los contribuyentes se darán plazos de pago de hasta 5 años, lo que alivia a aquellos que se les dificulta hacer este aporte de una sola vez.
El tercer punto es la desconfianza que los ciudadanos tienen hacia el IDU, dados los desafortunados eventos con anteriores cobros de valorización. En esto hay que apoyar a los ciudadanos, pues es necesario reparar la confianza, insumo clave para construir una sociedad. Por esta razón, el IDU en esta Administración recibió 54 obras que haciendo parte de valorizaciones pasadas, no habían sido culminadas. Hoy, 3 años después ha entregado 42, y sólo quedan pendientes 12: 10 que ya están en etapa de ejecución y 2 que han sido pospuestas por problemas externos. Esto es prueba fidedigna de que este instrumento ha vuelto a reposicionarse en la ciudad.
Finalmente, es clave mencionar que este proyecto impulsa la movilidad sostenible, pues de las 16 obras aprobadas, 6 son infraestructuras de espacio público y ciclo-rutas en las que se contemplan 36 kilómetros, 1 corredor ambiental, 3 construcciones peatonales con 560 mil metros cuadrados de andenes, y sólo 4 pertenecen a reparación de malla vial. Esto es una prueba contundente de que este proyecto incentiva la protección de los actores viales más vulnerables y a quién tenemos que proteger en la ciudad: bici-usuarios y peatones.
Entonces, ¿por qué negarle la posibilidad a la ciudad de avanzar, y construirla conjuntamente? Recordemos que las obras no son del gobierno de tuno, no son de izquierda ni de derecha ni de centro, y por tanto se realizan para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos que, con seguridad al ver los avances y la ejecución, entenderán que hacer un esfuerzo por Bogotá siempre valdrá la pena.
