Cuando el ciudadano de Bogotá encuentra que sus días en la ciudad se vuelven insoportables por la lentitud de la ciudad; por el marasmo de obras, por la prolongación de las mismas en el tiempo, en general le echa la culpa al alcalde, y se resigna al diario vivir.

Un análisis mayor nos mostraría que las obras se alargan en el tiempo porque los contratistas no tienen el dinero para hacerlas. Son contratos hechos al debe. O se financian del Estado, de los anticipos o de los créditos bancarios. El ciudadano les paga los intereses y las utilidades.

En Bogotá detectamos algo preocupante: los contratistas no tienen el dinero suficiente para hacer las obras porque se gastan los anticipos en otras cosas: pagan obras anteriores o colaterales de otros contratos; se pagan la utilidad por adelantado, pagan comisiones a la corrupción. Por eso la obra se prorroga en el tiempo en perjuicio del ciudadano.

Esto significa que una inmensa masa de dinero público o bancario va faltando en las obras contratadas en todo el país, una inmensa burbuja construida por la corrupción y el carácter rentista del contratista que por su magnitud podría llevar, si estalla, a una crisis financiera y económica nacional.

La manera de arrastrar el faltante de dinero empuja al contratista a buscar más y mayores contratos. La lógica de la burbuja lleva a una enorme concentración de la contratación, entonces son pocos los grupos que acceden a los recursos públicos. Y la necesidad de más y más se vuelve imperiosa, grupo que no sea capaz de acceder a contratos nacionales o extranjeros se derrumba de inmediato por su incapacidad de terminar las obras. Este fue el caso de los Nule: son gigantes con pies de barro.

La burbuja puede explotar.

Pero entre tanto no hay sino una forma de concentrar la contratación: evadir la ley. Impedir al máximo la competencia; la entrada de otros grupos y empresas a la repartija. El cartel y la corrupción se imponen.
La concentración implica obligatoriamente evadir la ley a través de contrataciones asignadas a dedo por el administrador nacional o distrital, un dedo político trasladando enormes transferencias de dineros públicos a unos cuantos particulares, tal actividad por definición ya no es sino corrupción; apropiación privada de lo público, clandestinidad y mafia, destrucción de la ley y de la democracia.

Estas conclusiones fueron las de nuestro informe en Bogotá. Nunca la izquierda colombiana había vivido, conscientemente una usurpación de la magnitud de la que ha vivido en los últimos tres años en Bogotá. El proceso de apropiación privada de lo público y la destrucción del interés general de los colombianos ha contado con un aplauso de una parte de los líderes de la izquierda colombiana.

La razón se plegó al dinero.