En medio de la anarquía institucional en Colombia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vendrá en visita oficial para discutir temas de vital importancia bilateral como la seguridad, la lucha antidrogras y la crisis en Venezuela.
Mientras en casa las instituciones han sido elásticas con la delincuencia, Estados Unidos exigirá resultados: Los millonarios desembolsos para lucha antidrogas en Colombia, no pueden ser desestimados.
El proceso de paz ha arrojado las peores cifras en crecimiento de cultivos de coca y el gobierno Trump ha pedido la extradición de alias Jesús Santrich, uno de los grandes capos del narcotráfico.
Pareciera entonces que los caminos que han escogido recorrer las Cortes en Colombia y el nuevo ente de justicia JEP, van en contravía de las sanas relaciones bilaterales con Estados Unidos, nuestro socio más importante; pues el engranaje normal de las relaciones comerciales, diplomáticas y de cooperación contra los delitos transnacionales, se ha visto vulnerado por todas las trapisondas del proceso de paz.
El Fiscal General de la Nación, Nestor Humberto Martínez, anunció este viernes que abrió indagación preliminar contra funcionarios de la JEP por presuntos encubrimientos en la salida de nueve delincuentes de las FARC de las zonas de normalización. Asimismo declaró que la Fiscalía tiene evidencias de funcionarios que estarían planeando fraudes procesales para que la JEP no actúe como debe, cumpliendo con la Constitución y la ley, lo que llevaría al incumplimiento por parte de las FARC con el acuerdo, con las obvias consecuencias que ellos aceptaron al firmarlo.
No es de poca monta el nivel de los compromisos de Colombia frente a su aliado más poderoso. Por eso, preocupa mucho el resultado de la demanda de inconstitucionalidad que cursa en la Corte Constitucional, con la que se pretende tumbar el artículo que prohíbe a la JEP “practicar pruebas para determinar la fecha de ocurrencia de hechos delictivos”, competencia que hoy está en cabeza de la Corte Suprema de Justicia.
Pretender buscar la declaración de inconstitucionalidad del Artículo 502 de la Ley 906 de 2004, podría acabar con la extradición en Colombia y, en consecuencia, incumplir con el tratado internacional relacionado con el lavado de activos.
El caso Santrich ha conducido a un entramado debate constitucional en materia de extradición, tratando de adjudicar a la JEP competencias que no le corresponden y queriendo incorporar a su reglamentación artículos leguleyos para favorecer al capo.
¿Qué seriedad, ante nuestro más importante aliado estratégico, puede reflejar que este proceso de paz otorgó privilegios sorprendentes a los terroristas y ahora los beneficiados continúen delinquiendo, con la pretensión de seguir siendo cobijados con la impunidad?
