Las paz y las víctimas

Del 9 de abril heredamos una herida que aún no terminamos de cerrar. Hace 65 años, el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán abrió la última de nuestras violencias políticas. Un hecho paradigmático de la intolerancia y estrechez del régimen político colombiano. Tan elocuente como el posterior pacto del Frente Nacional que quiso apaciguar la guerra entre liberales y conservadores, pero que le dio paso a una insubordinación armada que se tragó medio siglo de nuestra historia. Y que aún no acertamos en superar definitivamente.

Una contienda armada tan larga como tan compleja multiplica las heridas por millones. Y vuelve difícil la precisa delimitación entre víctimas y victimarios que las elaboraciones teóricas aconsejan. O que los estándares internacionales indican. Hace pocos días, por ejemplo, un juzgado de Bogotá declaró culpable a Irma Franco y la condenó a 28 años de prisión por la toma del Palacio de Justicia, cuando precisamente esta militante del M-19 resultó desaparecida en los mismos hechos. Y cuando ella hace parte, en calidad de victima de los miembros de las fuerzas militares que protagonizaron la retoma del Palacio, de los procesos penales en curso. Y estas paradojas se cuentan por cientos de miles. Por ello, los derechos de las víctimas constituyen el desafío más inquietante y desafiante de la paz colombiana. La Ley 975 del 2005 de Justicia y Paz expedida a instancias de la maltrecha desmovilización paramilitar avanzó en esa dirección. Antes, la ley 387 de 1997 sobre el desplazamiento quiso responder a este sector de víctimas del conflicto. Y en el 2010, la ley 1408 sobre desaparición forzada permitió el reconocimiento de este delito en nuestro código penal.  Más recientemente, la Ley 1448 del 2011 más conocida como Ley de Victimas y Restitución de Tierras estableció un amplio marco jurídico en materia de derechos integrales de las Victimas e incorporó el concepto de Justicia Transicional como para no olvidarnos de la imperiosa conquista de la paz por vías negociadas.  Y para recordarnos que estamos empujando una política pública sobre un asunto que en otras latitudes corresponde a realidades del postconflicto. Este 9 de abril tiene todos esos ingredientes. Y esos interrogantes. El Congreso cuando expidió la Ley escogió esta fecha en homenaje a las víctimas. Para pensar en ellas, para recordarlas y para evaluar hasta donde el Estado las ha reparado integral y eficazmente. Para no dejar que la sociedad “arregle cuentas consigo misma”. Pero esta vez la sociedad colombiana mayoritariamente se movilizará en respaldo al proceso de paz. El que se adelanta en La Habana con las FARC y el que por fin se anuncia con el ELN. Algunos dirán que ello invisibiliza las víctimas, pero olvidan que un acuerdo de paz nos evita su multiplicación diaria. Y nos ahorra nuevas heridas y dolores. Un 9 de abril destinado a reclamar la paz es quizás el mejor homenaje a quienes han soportado, y soportan hoy, el rigor de la guerra. Y un día para recordar que la paz sin justicia transicional es hoy un imposible. @AntonioSanguino