Licitación de basuras y reemplazos huelen mal en Bogotá

La suspensión del alcalde  de Bogotá, Samuel Moreno, ordenada de manera preventiva por tres meses por la Procuraduría  General de la Nación ha dejado al descubierto la falta  de normas y reglas  precisas y puntuales para realizar  dicho trámite. La selección de postulados por el partido respectivo, en este caso el Polo Democrático – si es realmente un polo y si este es o pretende ser democrático y más si aun aspira a ser alternativo- debe ser realizado mediante audiencia pública, oyendo las propuestas de los candidatos y no atendiendo a la arquitectura y maniobra de  sus “palancas”. De igual manera, el gobierno nacional debería entrevistarlos mediante una audiencia pública televisada. Que podamos evaluar todos la decisión política de uno y otra instancia, y que esta sea la mejor propuesta para la ciudad y no solo para un sector o instancia política, sea este cual fuere, más porque el debate electoral comenzó, luego la imparcialidad y celeridad en el relevo cobran más valor que nunca. Quizás la “urna de cristal” debería reglamentar  esta figura motivo de recurrentes discrepancias. Y más cuando ya vemos cuanto nos cuesta tal demora o interinidad en el relevo del burgomaestre suspendido. Para la muestra un botón – y grande-, nótese como ni la nueva alcaldesa,  María Fernanda Campo, ha tomado en serio la licitación de basuras  que nos cuesta cerca de 3 billones de pesos; al frente de la cual sigue la sancionada – en primera instancia- Miriam Margoth Martínez Díaz, directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, Uaesp,  por falsedad, entre otras irregularidades. Dentro de la anterior licitación del relleno sanitario Doña Juana,  esta semana promovimos una acción popular preventiva,  en una ciudad donde no hay contralor, no hay personero, y la mal llamada Veeduría Distrital –nombrada por el alcalde, y que por su nombre llama a confusión con la Veeduría Ciudadana-  se convirtió en un nefasto y silenciado comité de aplausos designado por el alcalde suspendido -o de turno-, más para respaldarlo que para evaluarlo con la autonomía, independencia e imparcialidad que demanda la actividad veedurial. La falta  de una  reglamentación concreta en materia de reemplazos ha tenido por efecto que el primer mandatario de turno le dé su propia interpretación al tema sobre sus facultades, términos y procedimientos, filiación política en etapas de transición de los mismos – como ocurre hoy día- y de otra parte, la ausencia de seguridad jurídica y política para los partidos  y movimientos políticos afectados, a los cuales está vinculado el alcalde, o gobernador respectivo, sin quedar claro cómo operan estos relevos, qué grado de consulta precisa en las bases de cada colectividad, qué grado de democracia interna debe haber, qué término tienen  para postular, ni que mecanismo de selección se imponga, ni mucho menos la publicidad y transparencia del mismo. Creemos que si los partidos,en este caso el Polo, y el gobierno seleccionan o postulan candidatos no deberían hacerlo a puerta  cerrada, sino con libre acceso de ciudadanos y medios de comunicación,  es decir mediante audiencia pública ¿no es acaso esto la urna  de cristal? No es claro ni cuántos  días deba tomarse la colectividad del mandatario a reemplazar- Polo Democrático- para presentar su terna, ni cuántos días deba tardar el Presidente en tomar una decisión, ni cuántos días para determinar si la terna es viable o no, y en caso de no serlo en su criterio  ¿qué pasará?, ¿quién dirime esa disputa, si el partido insiste?… Aguardar un concepto del Consejo de Estado para dirimir el punto equivale a poner en el congelador la decisión y aplazar su cumplimiento indefinidamente, más cuando se trata de un  reemplazo de solo tres meses.  Es muy posible que el concepto del Consejo de Estado pueda incluso tardar más…mientras designan ponentes, se adelanta un estudio, se programa sala para debatirlo, y luego el debate interno para tomar una decisión pueden llevar  otros tres meses, como lo sabemos quienes conocemos los tiempos reales de la justicia administrativa. La discrecionalidad absoluta del presidente  para designar  reemplazos en casos de suspensión permite generar un trámite  de entrevistas de candidatos, y designar a alguien de un partido distinto para ocupar estos reemplazos. Creemos que a fin de evitar estos problemas a futuro bien se podría crear una  figura que permita  incluir en el momento de las elecciones a la  alcaldía o gobernaciones  una  fórmula – como una especie de vice-alcalde o vice-gobernador- para que de manera inmediata supliera las ausencias  temporales o definitivas de éstos. O, simplemente que en el momento de la inscripción de candidatos cada colectividad registrara una lista de sucesores que automáticamente ocuparan su  lugar  en  situaciones  como la que vivimos  actualmente en Bogotá. No hay partido  o colectividad que no se queje por la ausencia de un régimen de reemplazos, todo depende de quién es el presidente de turno, por lo que se requiere una reglamentación estricta y un régimen claro al respecto. Es urgente que este gobierno se ponga en esta tarea sin mayores dilaciones. La alcaldesa de turno  María Fernanda Campo, sin ser electa, sin duda ha adoptado decisiones como  tal; más aún, ha incidido en el programa del partido de gobierno del alcalde electo. El trámite propuesto por el gobierno podía hacer inocuo para esta colectividad el derecho al reemplazo del alcalde, que por ahora es de solo tres meses, y en discusiones entre el partido y el gobierno ya agotamos casi una tercera parte en momento crucial para la ciudad. Así como se están realizando  en la actualidad el  régimen de reemplazos en la ciudad  y  el  tema de la licitación de las basuras huelen muy mal. Sin órganos de control  que funcionen en la práctica  como es el caso demostrado de Bogotá y  con una Veeduría Distrital que genera muchas dudas sobre sus alcances reales, se hace necesario  apoyar objetiva y decididamente a  las Veedurías Ciudadanas   que  han demostrado trabajo, compromiso, imparcialidad e importantes resultados  en el control de la función pública.   Incluso, si fuere el caso, las Veedurías  Ciudadanas podrían ser  también de elección popular.